En su evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en las Américas durante 2006, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA llamó la atención sobre el aumento registrado durante al año en los asesinatos de comunicadores en la región y la persistente impunidad en que quedan tanto estos homicidios como las agresiones y amenazas a periodistas. El pasado jueves 29 de marzo la CIDH presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe anual, cuyo tercer volumen corresponde al Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
El informe de la Relatoría Especial registra 19 asesinatos en 2006 por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y señala que esta cifra revierte la tendencia decreciente en este tipo de homicidios que venía registrándose en el hemisferio en los últimos tres años. El informe indica que la mayoría de estos crímenes queda en la impunidad, lo cual propicia que ocurran nuevos asesinatos y genera autocensura en los comunicadores. Asimismo, el informe registra más de 200 casos de agresiones y amenazas contra comunicadores y añade que frecuentemente estos hechos no se investigan. El informe anual destaca además otras restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión que tuvieron lugar en 2006, como la utilización por parte de funcionarios públicos de procesos penales contra periodistas por los delitos de desacato, difamación, injurias y calumnias, la asignación discriminatoria de publicidad oficial y la negativa de funcionarios públicos a entregar información en manos del Estado cuando les es solicitada.
‘Desde una perspectiva histórica, el derecho a la libertad de expresión ha ganado terreno en las Américas, especialmente como resultado de las transiciones a la democracia. Sin embargo, los obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión encontrados en 2006 son realmente preocupantes’, dijo el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Álvarez. ‘Urgimos a los Estados a tomar cuanto antes todas las medidas a su alcance para investigar y hacer justicia en los casos de asesinatos, agresiones y amenazas, y a diseñar políticas públicas de protección y fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión’.
Además de una detallada evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en el hemisferio, el informe de la Relatoría Especial incluye estudios comparados en torno a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión. También contiene una descripción de las principales actividades desarrolladas por la Relatoría durante el año 2006, entre las que se incluyen la creación e implementación de un sistema de monitoreo diario y de un comunicado trimestral sobre la situación de la libertad de expresión en la región, la presentación de seis proyectos de informes de fondo a la CIDH, viajes de promoción del derecho a la libertad de expresión, talleres dirigidos a periodistas y comunicadores, y participación en foros y seminarios.
El informe anual incluye conclusiones generales sobre la situación de libertad de expresión en la región y, en base a ello elabora una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros de la OEA con miras a mejorar las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en la región. Esas conclusiones y recomendaciones se adjuntan como anexo a este comunicado de prensa. El informe anual completo está disponible en español aquí. [Washington, D.C., 9 de abril de 2007]
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Informe Anual 2006
A. Conclusiones
1. El presente informe anual revela una situación muy preocupante respecto a la situación de la libertad de expresión en la región.
2. Los 19 periodistas asesinados en la región en el año 2006 por motivos que estarían relacionados con el ejercicio de su profesión y las docenas de agresiones físicas y amenazas contra periodistas se tornan aún más graves por la impunidad. Por otra parte, la utilización recurrente de procesos penales contra periodistas por desacato, difamación, calumnia o injuria demuestra, en la gran mayoría de los casos, tanto intolerancia a la crítica por parte de funcionarios públicos como la utilización de tales figuras para frustrar investigaciones sobre hechos de corrupción.
3. En adición a las mencionadas violaciones de naturaleza más directa, existe una creciente tendencia a la utilización recurrente por parte del poder público de métodos más sutiles de coaccionar a la prensa, que incluye la aplicación de políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial, discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, despidos de medios estatales y de medios privados como resultado de presión gubernamental e inspecciones administrativas por órganos gubernamentales con el objeto de presionar por las líneas editoriales críticas.
4. Las situaciones anteriores se dan además en un contexto general caracterizado por factores de naturaleza más estructural. Uno de ellos es la concentración en la propiedad de los medios en varios países de la región, que implica frecuentemente que las personas reciban en la práctica una sola perspectiva de los asuntos que les conciernen, y eso no contribuye a la efectiva vigencia de la libertad de expresión y de la democracia, que implica pluralismo y diversidad. La Relatoría Especial resalta al respecto que la concentración y los monopolios en la propiedad y control de los medios, ya sea por parte del Estado, de individuos o de empresas, afectan el pluralismo, componente fundamental de la libertad de expresión.
5. Otro factor que afecta la libertad de expresión es la falta de una legislación apropiada en varios países de la región sobre radiodifusión comunitaria. La Relatoría Especial ha señalado que las radios comunitarias, cuando actúan en el marco de la legalidad, ‘se erigen como medios que canalizan la expresión donde los integrantes del sector pobre suelen tener mayores oportunidades de acceso y participación’. En la práctica, la falta de adecuada legislación sobre la materia contribuye a que actualmente existan en la región radios que actúan al margen de la legalidad, lo cual ocasiona interferencias en el espectro, inseguridad jurídica y acciones represivas violentas, entre otros problemas.
6. Asimismo, la falta de adecuado acceso a la información constituye también una situación estructural que afecta el derecho a la libertad de expresión en buena parte de los Estados de la región, en donde impera una cultura del secretismo y de falta de transparencia.
B. Recomendaciones a los Estados miembros de la OEA
7. Tomando en cuenta la situación existente en materia de libertad de pensamiento y expresión en la región, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recomienda a los Estados miembros de la OEA algunas acciones con miras a seguir avanzando en la materia:
1. Otorgar debida atención a la situación de violencia contra periodistas en la región y a la impunidad de los casos respectivos, emprendiendo acciones efectivas que impliquen en la práctica la imposición de sanciones a los autores materiales e intelectuales de tales crímenes.
2. Derogar de las legislaciones el delito de desacato y modificar las disposiciones pertinentes de los códigos penales y leyes relacionadas, a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor o reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público.
3. Abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar en relación a la línea editorial de los medios y de los periodistas, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial, procesos administrativos, presiones u otros medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Abstenerse de adoptar acciones que afecten el pluralismo y adoptar asimismo medidas legislativas y de otra índole para garantizarlo.
5. Legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine parte del espectro a radios comunitarias, y que en la asignación de estas frecuencias se tomen en cuenta criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a las mismas, conforme al Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
6. Adoptar legislación sobre acceso a la información que incorpore los estándares internacionales sobre la materia, e instrumentar prácticas en el marco de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción.
7. Adecuar su legislación interna conforme a los estándares sobre libertad de pensamiento y expresión establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.
8. La Relatoría Especial agradece a los diferentes Estados que han colaborado durante este año con la Oficina, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su Secretaría Ejecutiva y al Secretario General de la OEA por su constante apoyo.
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