Sábado, 21 de Setembro de 2019
ISSN 1519-7670 - Ano 19 - nº1055
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Juiz ordena prisão de integrante de rádio comunitária

Por Gustavo Gómez em 07/07/2009 na edição 545

Amarc-ALC denuncia la decisión de un juez federal de dictar una orden formal de prisión contra Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey y expresa que de esta manera el Poder Judicial Federal se suma a la criminalización en contra de la personas que ejercen su legítimo derecho a la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria.

El 30 de junio, el juez Quinto de Distrito en Materia Penal, con sede en Nuevo León, emitió orden de formal prisión en contra de Héctor Camero. Considera que existen elementos necesarios para detenerlo a fin de que enfrente un juicio en su contra por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa. Dicho delito está sancionado con hasta 12 años de prisión por el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Más de 200 personas de la comunidad Tierra y Libertad, lugar donde operaba la radio, acudieron a las afueras de las instalaciones de los juzgados federales para protestar por la continuidad de un procedimiento ilegal e infundado en contra de Héctor Camero.

Organizaciones civiles, nacionales e internacionales, enviaron cartas al juez solicitando que determinara la inmediata e incondicional libertad de Héctor Camero, dado que la persecución penal en contra de una radio comunitaria es una medida innecesaria y desproporcional, por lo que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión.

Violação das garantias legais

A pesar de las solicitudes de las organizaciones, los actos de protesta y la clara denuncia ilegal e infundada interpuesta por la Secretaría de Gobernación y continuada por la Procuraduría General de la República, el juez determinó proseguir con el juicio, el cual Héctor Camero podrá enfrentar en libertad tras el pago de una caución.

Con ello, el Poder Judicial Federal se suma la política de criminalización, persecución y hostigamiento en contra de las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria al darle cauce a una denuncia ilegal, infundada, desproporcional e innecesaria.

Estos hechos son violatorios del derecho a la libertad de expresión y contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos que México se ha comprometido a cumplir. Al respecto organismos internacionales han dicho que la vía penal sólo podrá emplearse como la última vía para proteger bienes jurídicos fundamentales de ataques graves que los dañen.

Cabe recordar que la radio se encuentra cerrada desde el 6 de junio de 2008, fecha en la que más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva llevaron a cabo el operativo de cierre con un uso excesivo de la fuerza pública y violentando las garantías del debido proceso legal.

La radio Tierra y Libertad tiene por objetivo servir a la comunidad, haciendo uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión, para lo cual solicitó el permiso que marca la ley desde el año 2002 sin que hasta el momento el Estado haya dado una respuesta satisfactoria.

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Diretor do Programa de Legislação e Direito à Comunicação da Amarc-ALC (Asociación Mundial de Radios Comunitárias – América Latina y el Caribe)

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