Quarta-feira, 20 de Março de 2019
ISSN 1519-7670 - Ano 19 - nº1029
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Execuções sumárias e ataques a jornalistas

Por Reed Lindsay em 26/04/2005 na edição 326

El periodista Abdias Jean desayunaba en la calle en Puerto Príncipe, muy cerca de su casa en el barrio pobre Village de Dieu (ciudad de Dios) frente al mar, cuando vio que un grupo de policías se acercaban. Un corresponsal de un boletín de noticias de Radio Miami, que presenció la escena, corrió a refugiarse en la casa de un amigo.

La situación en Haiti es crítica en los actuales momentos, señala Judy Dacruz, abogada independiente en Puerto Príncipe, especialista en Derechos Humanos. Aquí reina total impunidad, pero lo que es más preocupante es el silencio cómplice en torno a estos asesinatos. Las autoridades no quieren reconocer estas violaciones y, la mayoría de la prensa, cierra sus ojos frente a ellas.

Dacruz ha documentado 14 casos desde octubre hasta esta fecha, en los cuales los testigos han identificado a los ejecutores como personas armadas vestidas de oficiales de policía matando a personas desarmadas. Hay también casos de personas detenidas por la policía que luego desaparecen. o aparecen muertas.

A casi un año de que los marines americanos escoltaran al ex-Presidente Aristide fuera del país, algunos observadores de derechos humanos sostienen que los abusos permitidos por el Estado han continuado y hasta aumentado, bajo el gobierno interino.

Aministía Internacional, entre otros, ha denunciado detenciones ilegales de miembros del partido Lavalas de Aristide, y en el curso de los últimos meses han expresado su preocupación, por el número creciente de ejecuciones sumarias. Casi todas estas muertes han ocurrido en los barrios pobres cercanos a Puerto Príncipe, donde el apoyo a Aristide continúa siendo muy fuerte y cuyos grupos armados que exigen el regreso de su líder desafían al gobierno interino y enfrentan a la policía.

Algunas de las víctimas de las ejecuciones sumarias eran miembros del partido Lavalas, pero otros no parecían tener afiliación política pero vivían en barioos que simpatizan con Aristide.

‘Garantizo personalmente que la policía no está involucrada en estos hechos’, afirmó Gessy Coicou, vocero de la Policía en una conferencia de prensa la semana pasada. ‘No conocí a Abdias Jean, nunca escuché hablar de él, y no consta su nombre en los expedientes de la policía.’

Aristide fue acusado de perpetrar y tolerar violaciones a los derechos humanos, factor que condujo a la OEA a congelar millones de dolares de ayuda internacional a su gobierno. Por el contrario, las violaciones cometidas por el gobierno interino de Gérard Latortue apenas han merecido críticas de los Estados Unidos, Canadá y Francia, países que denigraron de Aristide y lideraron la fuerza de ocupación que depuso al ex-Presidente.

Las violaciones recientes han ocurrido a pesar de la presencia de la misión de paz de las NNUU que consta de 7500 soldados, liderada por Brasil. El canadiense David Beer, comisario de policía de la NNUU (CIVPOL) en Haití, que cuenta con 400 miembros, reconoció que esta fuerza no ha cumplido con parte de su mandato.

De ello ha responsabilizado al arribo tardio de las fuerzas y a una vaga violencia que los ha obligado a consagrar los mayores esfuerzos en combatir a los grupos armados, entre los cuales se encuentran grupos que apoyan a Aristide, en el curso de operaciones conjuntas con la policía haitiana.

Las últimas violaciones ocurridas durante el mes pasado han llevado a Beer a formar un equipo de 24 oficiales para investigar las ejecuciones sumarias, presumiblemente cometidas por la policía haitiana, así como la masacre de 10 prisioneros durante la incursión de la policía en la Penitenciaría Nacional el 1 de diciembre.

‘La situación de los derechos humanos es peor de lo que pensabamos. Si esta situación no cambia no podremos tener un clima estable y seguro. La gente no retornará a sus actividades habituales, no saldrán a realizar compras y tampoco particparán en las elecciones’, afirmó Beer.

Los funcionarios afirman que combaten bandas armadas irregulares que quieren desestabilizar el gobierno. Dacruz considera que aun puede haber más ejecuciones sumarias que no son denunciadas ya que los interesados temen represalias por parte de la policía, o creen que denunciar no sirve para nada frente a un sistema judicial ineficiente y corrupto.

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