El Libro de Estilo establece que “los verbos de los titulares se deben escribir preferentemente en tiempo presente”. Pero esta recomendación debe administrarse con prudencia cuando se trata de promesas de un gobernante, dada la cuota de incumplimiento de las mismas. Puede titularse en presente que “anuncia” o “promete”, pero no se debe dar por hecho lo que únicamente ha dicho que quiere hacer. Esta reflexión viene a propósito de la carta de un lector, Guillermo Ferrer Sánchez de Movellan, que critica un título de la portada de la edición impresa (“Valls reduce a la mitad el número de regiones en Francia”) y su versión digital (“Valls reduce a la mitad las regiones de Francia y anuncia rebajas fiscales”). Tanto en la crónica como en los titulares del interior, se explica con precisión que el primer ministro francés “anuncia una rebaja de impuestos” y “reducirá a la mitad” el número de regiones.
El lector argumenta que si ambas cosas son promesas de Valls para el futuro… “¿Por qué se pone en presente la reducción de provincias, como si fuese algo que ya se ha hecho, y en cambio se pone como un anuncio para el futuro la bajada de impuestos? (…) ¿Ha llevado a cabo algún acto que implique que ha puesto en marcha esto, mas allá de las meras declaraciones? Entiendo que cuando hablamos de políticos, todas las promesas hay que tomárselas con mucho escepticismo, pero habría que aplicárselo a todas por igual. Tenga usted en cuenta que con ese titular, y solo con él, un lector no informado entendería que la fusión de provincias es ya un hecho (o al menos un proceso avanzado) y la rebaja de impuestos es una promesa para el futuro, lo cual es falso (…) Tal y como están las cosas en la clase política, creo que la prensa debería distinguir muy bien entre lo que son hechos y lo que son promesas de futuro, no creando confusiones entre ambas. Bastante intentan ya engañarnos nuestros dirigentes en este aspecto ¿no cree usted?”
Como escribió Josep Ramoneda en este diario, a propósito de las promesas electorales no sostenidas por parte el PP, los incumplimientos ponen “de manifiesto el escaso valor del compromiso público en política. (…)El resultado es la minimización de los proyectos políticos. Se puede llegar con un programa, incumplirlo del todo y que no pase nada”. Estos episodios de promesas no satisfechas ha llevado a IU a plantear un debate teórico sobre la conveniencia de introducir la figura del “revocatorio”, que permitiría a los ciudadanos destituir los cargos electos con tareas de gobierno sin esperar a la celebración de las próximas elecciones si los mencionados políticos incumplen sus promesas programáticas. El problema es que, como ha expuesto José María Maravall, en los periodos electorales se hagan promesas para ganar, no para gobernar, y ello conduce a un descreimiento ciudadano hacia la política. En cualquier caso, el tratamiento periodístico de los anuncios de intenciones por parte de los políticos debe ser extremadamente cauteloso.
Los incumplimientos instalan la sospecha sobre el compromiso político
Precisamente las dudas razonables sobre el cumplimiento de compromisos adquiridos tiene que ver con una noticia sobre el anuncio, en este caso satisfecho, por parte del Gobierno venezolano de la creación de un Consejo de Derechos Humanos. El 4 de abril, este diario titulaba en la edición digital que Maduro crea un consejo de Derechos Humanos como respuesta a la Iglesia. El día anterior, la Iglesia venezolana criticaba en un comunicado la desmedida represión gubernamental. Amnistía Internacional, por su parte, el 1 de abril denunciaba públicamente casos de tortura durante las protestas en Venzuela y publicaba un informe con testimonios de víctimas en las protestas contra el Gobierno. En la citada información se explicaba, con más reservas que en el titular, que “no fue una alusión directa, pero quizá la decisión de crear un Consejo Presidencial de Derechos Humanos, tomada la tarde de este jueves por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea una respuesta indirecta a la contundente condena por la forma de reprimir las protestas opositoras, difundida en la víspera por la Conferencia Episcopal Venezolana. (…) Maduro ha optado por la cautela frente a los señalamientos y ha preferido responder con un hecho. La semana anterior había mencionado que la misión de cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que visitó Venezuela para intentar acercar a las partes enfrentadas, le había sugerido crear una dependencia que supervisara de cerca el respeto a los derechos de los manifestantes en momentos de crispación política. Una semana después ha concretado esa sugerencia”.
Un lector, Enrique González, criticó que se interpretara la decisión del presidente Maduro como una respuesta a la Iglesia cuando el vicepresidente del país había anunciado nueve días antes la próxima creación de la citada oficina de derechos humanos y mostraba su perplejidad por “la notable naturaleza de la suposición que se encuentra detrás del titular, que algo que sucedió hace dos días es la causa directa de algo que sucedió hace nueve días”. Trasladé la queja al autor de la información, Alfredo Meza, quien me remitió un escrito donde explicaba que conocía el anuncio del vicepresidente, pero que lo sustancial es que el organismo se creó oficialmente cuando se publicó la noticia.Según el redactor: “Para que se entienda mejor por qué hago esta afirmación explicaré el razonamiento que me llevó a plantear la pieza tal como fue publicada. La semana pasada la misión de cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones, que visitó Venezuela para tratar de acercar a las partes en conflicto, propuso la creación de un Consejo de Derechos Humanos. Fue durante el último día de visitas. El presidente Nicolás Maduro comentó entonces que tomaría en cuenta la recomendación, al igual que el vicepresidente Jorge Arreaza, quien, como señala el lector, anunció la creación de esa dependencia en las horas siguientes al anuncio. El Gobierno acogió una sugerencia, pero no fue hasta este viernes, cuando la Gaceta Oficial de Venezuela lo publicó, que no dio pasos concretos para establecer la oficina”.
Meza comenta que es una costumbre de todos los gobiernos prometer mucho y cumplir poco. “Esto es especialmente significativo en el caso de la actual Venezuela. Chávez, por ejemplo, prometió hace ya varios años sanear el pestilente río que atraviesa de oeste a este a Caracas y murió sin cumplir su promesa de bañarse junto a Evo Morales en aguas cristalinas”. Maduro, por su parte, sigue explicando, se comprometió con Henrique Capriles, su adversario en las elecciones sobrevenidas del 14 de abril de 2013, a contar uno a uno los comprobantes depositados en las urnas. Jamás cumplió. “Podríamos pasar mucho tiempo citando otros ejemplos, pero no es necesario. Los diarios están muy llenos de lo que la gente dice, pero muy pocos reparan en lo que esa misma gente hace. Lo verdaderamente trascendente de esta información, desde mi punto de vista, es el momento en el que se oficializa el anuncio. El Gobierno reacciona justo después de que en la víspera el pleno de obispos locales condenara la desmedida represión contra las protestas opositoras y dos días después del duro informe de Amnistía Internacional, que documenta 10 casos de tortura”.
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Tomàs Delclós é ombudsman do El País