Thursday, 28 de March de 2024 ISSN 1519-7670 - Ano 24 - nº 1281

O rádio e a televisão na era digital

Este texto trata da importância da digitalização, que oportunidades, riscos e desafios representa, e de que forma poder-se-á assumir uma postura ativa ante as definições técnicas e políticas que devem adotar os países latino-americanos.

Junto com informações sobre os aspectos tecnológicos, políticos e regulatórios, o texto inclui uma proposta de princípios e políticas públicas que deveriam contemplar uma perspectiva democratizadora para garantir a diversidade e pluralidade de opiniões e informações, e o pleno exercício da liberdade de expressão.

Este documento foi realizado com o apoio do Centro de Competências em Comunicação (C3) da Fundação Friedrich Ebert e pretende ser um insumo de trabalho para organizações sociais, investigadores, instituições acadêmicas, legisladores, autoridades públicas e outros interessados.

Introducción

Los crecientes procesos de convergencia tecnológica basados en la digitalización muestran que los medios que hoy conocemos estarán disponibles en un mismo aparato o plataforma de múltiples prestaciones.

La diferencia entre lo que hoy llamamos radio y televisión, sea recibida por aire (terrestre o satelital) o por cable, y la computadora, teléfono y otros, será más difícil de ver. Aunque no desaparecerán completamente los receptores analógicos actuales en los países del Mercosur ni en el resto del Tercer Mundo, lo cierto es que se redefinirá el concepto de medio de comunicación tal como lo entendemos hoy.

Los teléfonos celulares trasmitirán contenidos de TV, en los receptores de televisión escucharemos radio y nos conectaremos a internet, y a partir de la computadora podremos hacer llamadas telefónicas sin usar la red fija, ver TV o escuchar radio, todo a la vez.

Hay quienes piensan que el aparato que ganará será nuestro viejo televisor, por la fuerte penetración que ya tiene en el mercado y su uso conocido y accesible a la mayoría de la población. A los efectos de este trabajo, no es importante definir cuál será el más importante.

Sí interesa preguntarnos si el proceso de digitalización en las señales de radio y televisión, junto con la elección del estándar tecnológico, el modelo de transición desde lo analógico a lo digital y el marco regulatorio a adoptar, permitirán una democratización de las comunicaciones, con más pluralidad y diversidad de informaciones, voces y opiniones o consolidará y ampliará los procesos de concentración actuales.

El punto de partida

Para analizar los escenarios futuros posibles, es inevitable tomar en cuenta la situación actual y las tendencias de mercado que predominan a nivel nacional, regional y mundial en materia de radiodifusión. En tal sentido se pueden identificar algunos aspectos que suponen serios condicionantes de esas posibilidades y que, a la vez, nos dan pistas para orientar la definición de los objetivos que deberían plantearse nuestros países al abordar las políticas hacia la digitalización de radio y TV.

Una de las amenazas más importantes a la diversidad y pluralidad es el crecimiento y consolidación de la concentración en la producción y distribución de los bienes y servicios culturales, incluidos los medios de comunicación, es un dato de la realidad y una de las amenazas más importantes. La concentración de bienes y servicios culturales, incluida la radiodifusión, es muy importante en América Latina y el Caribe y está en una etapa de consolidación y ampliación.

Este proceso es la expresión de una dinámica global de concentración de poder económico y político que se convierte en una barrera creciente a los intentos de establecer políticas culturales nacionales guiadas por el interés público y que se evidencia, entre otras formas, en:

** control y acumulación de propiedades;

** creciente participación de capital extranjero en medios nacionales;

** centralización y homogeneización de contenidos;

** convergencia entre soportes tecnológicos diversos (entre telecomunicaciones y medios de comunicación, entre las nuevas tecnologías y las y tradicionales);

** debilitamiento y privatización de los servicios públicos;

** globalización de los mercados e industrias de los medios.

Estos procesos se han combinado de forma tal que han resultado en la consolidación de grandes conglomerados de multimedios con control tanto sobre las cadenas completas de producción y distribución (integración vertical) como sobre los distintos mercados dentro del sector (integración horizontal).

Impulsados por las ventajas que otorgan las economías de escala para la disminución de costos de producción y distribución, la posibilidad de subsidios cruzados y la ampliación del margen de ganancias, el control y la concentración de la propiedad de medios ha crecido fuertemente en las últimas décadas. Un proceso que se ha producido tanto a escala internacional como nacional y tanto en países ricos como pobres.

A esto hay que sumar la creciente extranjerización de los medios de comunicación, la entrada de las grandes compañías telefónicas y una fuerte centralización y homogeneización de contenidos, del exterior al interior de los países (caso de los países pequeños) y de las capitales y conglomerados al resto del país en todos los países). [Ver ‘Amenazas y oportunidades para la diversidad cultural: La CMSI entre la OMC y UNESCO’, Gustavo Gómez, ITeM, 2005. (http://wsispapers.choike.org//papers/esp/gustavo_omc_cmsi_unesco.pdf)]

A su vez, especialmente en los países del MERCOSUR, esta situación convive con su ‘contracara’: la discriminación, que muchas veces se convierte en directa exclusión de las organizaciones sociales sin fines de lucro en el acceso a las frecuencias radioeléctricas.

En Brasil, las comunidades y grupos sociales no pueden expresarse libremente más allá de un kilómetro de radio desde el lugar de trasmisión, no pueden sostenerse económicamente porque se les impide obtener recursos económicos a través de la publicidad en sus medios y se las limita a utilizar solo FM y dentro de esta banda, solo un canal de todos los disponibles en cada localidad o región.

Como si fuera poco, no pueden ponerse en red para cubrir informaciones o acontecimientos que cubran una región con identidades o necesidades comunes (por ej, una zona etnolingüística o la cobertura de un riesgo medioambiental) y, en un ejemplo de una pésima gestión del espectro radioeléctrico, no tienen derecho a protestar ante interferencias perjudiciales de otros operadores, aún siendo emisoras comunitarias autorizadas.

En Paraguay, solo se permite el uso de frecuencias en FM con hasta 50 vatios de potencia para comunidades indígenas o campesinas, cuando sus áreas territoriales muchas veces exceden esa escasa cobertura. Tampoco se les permite el uso de publicidad para sostenerse la emisora, condenándolas a la asfixia económica, aunque la ley las reconozca.

En Argentina existen señales esperanzadoras, luego que en 2005 el Congreso modificara el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que impedía que las organizaciones no comerciales pudiera ser titulares de radio o TV. Actualmente se encuentra en curso un proceso de normalización del espectro, que ha reconocido a 126 emisoras no comerciales y busca legalizar su situación. No se prevén límites a la gestión de publicidad o potencias a utilizar.

Mientras ya se está discutiendo sobre las nuevas tecnologías digitales, Uruguay sigue hasta el momento buscando que exista una legislación que reconozca al sector comunitario, tanto en radio como en TV analógica. Existen indicios esperanzadores respecto a una posible aprobación de una Ley de Radiodifusión Comunitaria en 2007, pero hasta el momento el mapa de medios en Uruguay está totalmente desequilbrado hacia el sector comercial, solo contrarrestado por unos pocos medios públicos de escaso peso.

A pesar que la legislación no las impide, no existen radios ni televisoras de Universidades públicas o privadas, no existen medios municipales ni educativos de ningún tipo, y tampoco ninguna licencia para medios no comerciales, sean sociales, sindicales, gremiales, barriales o culturales.

Esta ‘fotografía’ tomada a fines de 2006 muestra que en los cuatro países el desafío principal de cualquier política pública de radiodifusión es garantizar una mayor diversidad de medios y lograr una equidad entre los distintos modelos de radio y televisión (comercial, público y comunitario). Sin dificultades, podría extrapolarse este desafío a toda América Latina y el Caribe.

El sector comunitario y el no comercial en general llegan tarde y muy mal parados al reparto de las nuevas frecuencias digitales, lo que cuestiona su capacidad de incidencia en los espacios públicos, e incluso su propia existencia. ¿Será posible avanzar en la superación de la brecha digital sin antes superar la brecha analógica? ¿Será posible aprovechar esta migración a lo digital como una oportunidad para corregir esos errores?

Digitalización, gestión del espectro y estándares

La digitalización es un proceso tecnológico donde datos, gráficos, sonidos e imágenes se transforman en bits, codificando y comprimiendo las señales originales. Esto permite la convergencia de contenidos y plataformas, ya que ahora podrán ser retrasmitidas a través de soportes comunes, convergiendo a través de múltiples tipos de redes, sean ondas hertzianas, cables ópticos o emisiones satelitales.

Cuando la digitalización es aplicada en tecnologías de información y comunicación que utilizan el espectro radioeléctrico para su propagación, la compresión produce una optimización del uso de este recurso limitado. Por ejemplo, en la Televisión Digital Terrestre (TDT) la compresión digital permite que, para recibir la misma señal de TV analógica que actualmente vemos en nuestros receptores se utilice menos ancho de banda.

Los distintos estándares aprovechan este ahorro de diversas maneras, en función de diferentes modelos de implementación que a su vez están relacionados con diferentes modelos de negocios. Unos brindando un servicio de alta definición a partir de enviar más información por el mismo canal y así lograr una mayor definición de imagen (más pixels por superficie), o dividiendo el ancho de banda actual para emitir de 4 o 6 señales con la misma definición que la anterior analógica.

La decisión del estándar tecnológico comienza a dejar de ser ‘neutral’, pues también implica ciertas opciones que tienen que ver directamente con los objetivos que tendrá para nuestros países la digitalización. De hecho, unos y otros han sido desarrollados siguiendo prioridades diferentes que se corresponden con los intereses de sus industrias, tanto de los radiodifusores, operadores de telecomunicaciones como de los constructores de equipos (trasmisores y receptores de radio y TV pero también de celulares) y realizadores de software [por ejemplo, en las reuniones para convencer al gobierno argentino sobre las virtudes del DVB participaron representantes de Telefónica, Telecom, Movistar, Nokia, Siemens y Philips].

Detengámonos un poco en la oportunidad que ofrecería esta optimización del uso del espectro, las implicancias que tiene en la gestión del espectro radioeléctrico y la perspectiva de democratización de las comunicaciones planteada como objetivo estratégico para nuestros países.

El hecho que utilicen un recurso natural que es finito, determina que su uso deba ser regulado. Aunque todas las personas tienen derecho a fundar una emisora de radio o TV, no se dispone de suficientes frecuencias para que todos puedan ejercerlo, sin interferirse entre sí e impedir una efectiva comunicación. [Esto es diferente en la TV por cable, que depende de la capacidad de inversión (costo del cable, tendido y mantenimiento) o en todo caso, y en menor grado, de ordenanzas municipales de so del espacio público para instalar el cableado respectivo.]

Debido a esta limitación, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) asigna a los Estados miembros la administración de un paquete de frecuencias para su distribución. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad y no una propiedad del Estado, y por tanto éstos son sólo sus administradores, en función del interés nacional y general. Tampoco son propietarios quienes tienen la titularidad de una frecuencia [a pesar que la legislación interna de algunos países, y la práctica de los gobiernos y los empresarios, contradicen estos principios, adueñándose de un bien común público].

Así como la finitud del recurso justifica un ordenamiento por parte del Estado para evitar interferencias perjudiciales, los procedimientos para el otorgamiento de estas frecuencias se convierten en un aspecto central, en la medida que un uso abusivo de esta potestad, podría devenir en premiar o castigar a determinadas personas, grupos o sectores en función de la conveniencia del gobierno de turno.

Convenios internacionales de derechos humanos firmados por todos los países latinoamericanos establecen criterios estrictos acerca de los límites que tienen los Estados al respecto, por entender que podrían ser usados como mecanismos de ‘censura indirecta’ contra la libertad de expresión e información.

Lamentablemente, la mayoría de nuestros países ha abusado de estas potestades, facilitando que algunos grupos sociales o económicos, o dirigentes de los partidos políticos en el gobierno tuvieran la capacidad de concentrar medios mientras las grandes mayorías sociales han quedado excluidas o ven limitado su acceso.

Como si fuera poco, las autoridades afirman que ya no queda más espacio para otros operadores pues el espectro se encontraría saturado, al menos si se mantiene el actual mapa de adjudicaciones y la actual tecnología analógica. En general este argumento es utilizado como otro pretexto para poner una barrera al acceso, pero es un hecho bastante creíble que años de irracional entrega de frecuencias ha limitado las posibilidades de contar con una mayor diversidad y libre competencia en las ciudades capitales de nuestros países.

¿Qué impacto puede tener la digitalización frente a esta realidad? Mucho. Al ahorrar uso de espectro, lo hace menos ‘finito’. En países con problemas de acceso para nuevos operadores y competidores en las capitales y áreas metropolitanas y con una alta concentración de medios en pocas manos, este avance tecnológico podría abrir espacios

para una mayor diversidad de voces e imágenes u obtener el resultado opuesto. No quitando las frecuencias a quienes ya las utilizan, sino porque el espectro se puede aprovechar mejor para que entren más emisoras y más contenidos.

Pues bien, una variable importante para transformar esta ‘posibilidad’ en una ‘oportunidad’, tiene relación con la adopción del padrón o estándar tecnológico que hagan nuestros países.

El caso de la televisión digital

En materia de televisión abierta, las oportunidades principales que abre la TDT son la optimización del ancho de banda, que permite una mayor cantidad de contenidos y/o la mejora en la calidad de la imagen (HDTV, High Definition TV), la posibilidad de agregar servicios complementarios (internet, información sobre la programación, selección de idiomas y otros) y la interactividad con el espectador a través de un canal de retorno (usando la línea de teléfono o el acceso para banda ancha para seleccionar perlículas a demanda o comprar un producto en exhibición).

Tres estándares digitales se disputan los mercados internacionales: el europeo (DVB-Digital Video Broadcasting) adoptado por los países de la Unión Europea, Australia, Taiwan, Singapur y Arabia Saudita; el norteamericano (ATSC – Advanced Televisión System Committee), adoptado por EEUU desde 1996 y el japonés (ISDB – Integrated Services Digital Broadcasting), solo utilizado hasta el momento en su país de origen y recientemente adoptado por Brasil.

La opción norteamericana ha estado marcada por la búsqueda de una televisión de mejor definición, mientras que el europeo ha optado por aprovechar la optimización del espectro con un esquema de multiprogramación, habilitando más señales (o programas, en la nueva terminología) en el mismo ancho de banda, y el japonés permite acceder al creciente mercado de servicios móviles (teléfonos celulares y en automóviles) utilizando el mismo trasmisor digital.

Los expertos piensan que, en el mediano plazo, los tres sistemas tienden a dar las mismas prestaciones. Todos están en condiciones de combinar definición estándar y alta, así como la multiprogramación, por lo cual podrían trasmitirse cuatro programas con definición estándar por canal o uno solo con alta definición.

La diferencia más importante en el corto plazo está en su desempeño en aparatos móviles, ya que el modelo japonés permite adicionar una señal adicional para teléfonos celulares con el mismo trasmisor en el primer caso, o compartir el ancho de banda con una señal de alta definición, una estándar y una para celulares.

El caso de la radio digital

Aunque existen varios estándares en radio, en nuestra región hasta ahora se viene manejando solo uno: el IBOC. Creado e impulsado por la industria norteamericana, ofrece cero riesgo a los empresarios que ya cuentan con licencias de radio, al utilizar el mismo canal que hasta ahora vienen utilizando para afrontar la transición, permitiendo una mejor calidad de la señal (muy notoria en AM) y nuevos servicios asociados.

Mientras la población va cambiando los receptores de analógicos a digitales, los empresarios no pierden audiencia ni deben afrontar un cambio de frecuencia que implicaría posicionar la nueva ‘marca’, ya que en el mismo canal que usan ahora (el mismo número de frecuencia por el que hoy se recibe) podrán trasmitir en analógico y digital.

Una opción competitiva, el europeo DAB (Digital Audio Broadcasting), antes llamado Eureka-147 [al cierre de este trabajo los europeos estaban desarrollando una nueva norma ‘Eureka 2’, con mejoras respecto al estándar actual], implica el mantenimiento de la actual banda de 88 a 108 Mhz para las trasmisiones analógicas y la utilización de una nueva banda del espectro para el uso de la radio digital (VHF o L). Al llegar el apagón, todo el espectro actual de FM quedaría libre para otros servicios.

Otros estándares en desarrollo son el DRM (Digital Radio Mondiale) previsto para frecuencias inferiores a tres megaciclos (onda media, larga y corta) y el coreano DMB (Digital Multimedia Broadcasting) con el mismo mecanismo de trasmisión que el DAB y algunas diferencias respecto a las señales multimedia.

El estándar RDS (Radio Data System), que apareció en 1984 y fuera inicialmente descartado por los radiodifusores, está en plena recuperación como tecnología intermedia ya que no requiere la digitalización completa de los receptores [Carlos E. Cortés, 2006].

Si los diferentes estándares de TV digital condicionan pero no determinan la posibilidad de una mayor democratización, la experiencia recogida en la aplicación de la norma IBOC en Estados Unidos permite afirmar que se trata de un estándar pésimo para un uso racional y óptimo del espectro, y un peligro para los medios locales, comunitarios, públicos o comerciales.

Las pruebas han mostrado que las interferencias ocasionadas por los equipos que tienen esta norma pueden ser muy graves sobre las emisoras pequeñas y analógicas que están en los canales adyacentes, e incluso la versión para AM de IBOC se vuelve tan inestable en las noches por las especiales condiciones de propagación de esas horas, que hace casi imposible su uso nocturno.

Además, se trata de una tecnología propietaria y costosa. Y por tanto no sólo hay que comprar los trasmisores sino que se debe hacer frente a pago de tasas anuales que se deben efectuar por el uso de la licencia. Actualmente en EEUU los operadores pagan U$S 5.000 por año por derechos de patente, que se irán incrementando en los próximos años hasta llegar a los U$S 25.000 anuales. Aunque para grandes conglomerados mediáticos los costos actuales podrían no ser inaccesibles, para los medios locales y regionales, sean comerciales o comunitarios, es imposible. [Para promover su estándar, iBiquity ha exonerado por cinco años del pago de estas tasas a las radios norteamericanas que compraran equipos antes de diciembre de 2004 y a las brasileras antes de diciembre de 2006.]

La paradoja de la transición digital

La información aportada hasta el momento refiere a las posibilidades que brinda la digitalización en su etapa final, cuando esté desarrollado el sistema y se haya producido totalmente el apagón analógico. Pero en el periodo llamado de transición entre lo analógico y lo digital, puede llegar a tener un efecto contrario al buscado.

Este aspecto adquiere una particular importancia para los reguladores y definidores de políticas de radiodifusión ya que en los países del Sur como los nuestros, la transición puede ser muy larga. Es decir, el tiempo en que la totalidad de la población pueda comprar nuevos receptores digitales o al menos los convertidores o set top box puede durar mucho más que en los países desarrollados.

Existe una paradoja durante la transición: en lugar de optimización y ahorrar espectro, la transición necesita más espectro para ser usado por los mismos empresarios que ya tienen frecuencias.

Si estamos hablando de concentración en nuestros países, por tanto, esto implicaría que por este periodo, los conglomerados de medios pueden llegar incluso a duplicar su uso del espectro en beneficio de sus negocios, reduciendo aún más la disponibilidad de espacio para la entrada de nuevos operadores.

El caso de la radio digital

El sistema norteamericano IBOC permite que en la misma frecuencia actual pueda escuchar la misma emisora tanto quien tenga un equipo analógico como uno digital. Se trata de una gran virtud para los empresarios de la radiodifusión, quienes deben trasmitir con los dos sistemas a partir del mismo trasmisor. Y para ello, no sólo no ahorran espectro, sino que utilizan más, a partir de la misma licencia otorgada.

Para permitir la trasmisión doble (analógica y digital), en realidad el sistema realiza una transmisión triple: mantiene la vieja señal para receptores analógicos y coloca dos señales iguales para los receptores digitales, a ambos lados de la anterior.

Actualmente una emisora en FM utiliza un ancho de banda de 200 KHz. Por ejemplo, si una radio se escucha en el 91.1 MHz, está utilizando una parte del espectro de FM que va desde el 91.0 al 91.2 MHz (0, 2 megahertz o 200 kilohertz). Este ancho incluye solo el canal de la portadora analógica (la señal efectivamente radiada) pero como protección, los organismos reguladores reservan un espacio a ambos lados de esta señal para evitar interferencias perjudiciales con los canales adyacentes.

Para esto, se destina unos 100 KHz más a ambos lados del ancho de banda de la señal. En el ejemplo, la reserva para una emisora de FM ocuparía entonces desde el 90.9 hasta el 91.3 KHz (y, por el mismo razonamiento, la emisora que está en el canal 91.5 tendrá su protección en 91.3) lo que hace que en la mayoría de los países la separación mínima entre emisoras FM en una misma localidad sea de 400 KHz. Esto evita interferencias perjudiciales entre ambas y así la radio más cercana al 91.1 estará en el 90.7 hacia la zona inferior de la banda y en el 91.5 hacia la superior.

El problema es que las dos señales digitales utilizan el espacio de protección a los lados de la portadora analógica, usando realmente 400 Khz en lugar de los 200 inicialmente autorizados. Es decir, IBOC utiliza el doble de espacio, y se recuesta peligrosamente sobre las emisoras que se encuentran a sus costados o canales adyacentes. De ahí las interferencias sobre otras emisoras cercanas y más pequeñas mencionadas más arriba. Aún así, iBiquity (la empresa propietaria del estándar) solicitó en el 2006 a la Federal Communications Commission (FCC) de los Estados Unidos un aumento de la banda digital que puede usar IBOC de 200 a 250 KHz utilizando aún más espectro y mostrando que el desarrollo actual del modelo deja mucho que desear. ¿Ahorro de espectro? Todo lo contrario.

Otros sistemas, como el DAB, al poder utilizar otra banda del espectro (la L) para las trasmisiones digitales no se le aplican las afirmaciones anteriores. Tener que reorganizar un sector del espectro desde ‘cero’ permitiría, al contrario, revisar las inequitativas políticas de otorgamiento realizadas hasta el momento por los Estados con criterios más democráticos y justos.

El caso de la televisión digital

A diferencia de la radio por IBOC, los estándares de TV digital necesitan disponer de otro canal para las trasmisiones digitales, mientras siguen utilizando la/s anterior/es frecuencia/s para las tramisiones analógicas.

Debido a la virtual saturación de frecuencias en los canales VHF en las grandes ciudades y a veces a nivel nacional, deberán dedicarse canales o bandas de canales en las frecuencias de UHF que también pueden ser utilizadas para servicios de televisión abierta y son recepcionadas sin problemas por los receptores actuales.

Esta situación se extenderá durante toda la transición, hasta que, previa definición de políticas que también se debe adoptar, se establezca un plazo para el apagón y eventualmente las frecuencias para trasmisiones analógicas se devuelvan para su reutilización. La palabra ‘eventualmente’ incluida en la oración no es capciosa, tanto por la posibilidad que la tal migración no se concrete jamás como por el hecho que muchos empresarios pretenden mantenerlas para ampliar sus negocios, aduciendo que

tienen derechos adquiridos.

Las gremiales empresariales exigen se les otorgue automáticamente otra frecuencia para sus trasmisiones digitales. De ser así, los mismos dueños se verían beneficiados, sin costo alguno y a partir de una muchas veces injusta situación provilegiada de acceso [es el caso de Televisa y TV Azteca, que reúnen el 86 % de las frecuencias de TV del país] con el doble de espectro que tiene actualmente.

Cómo se entregan estas frecuencias adicionales (se licita o concursa nuevamente, pagan algo por ellas o se les da otorga automáticamente) debería formar parte de la definición de políticas asociadas a la opción tecnológica e industrial. La experiencia internacional muestra que los países han optado por esquemas diferentes.

El modelo de transición adoptado por Estados Unidos y seguido por México y Honduras a partir de la adopción del sistema ATSC, permitió que los radiodifusores consiguieron capitalizar para ellos mismos la digitalización. Las empresas de TV dispondrán de dos canales simultáneos para trasmitir contenidos: el analógico que ya tienen para quienes no puedan comprar un receptor o convertidor digital, y un canal nuevo para enviar las señales digitales. Se les asegura así no perder la ganancia de dinero mientras se va realizando la transición de receptores entre la población.

El esquema se completa con la decisión de que, una vez realizado el apagón analógico, las empresas mexicanas liberarían las frecuencias viejas para su nuevo uso. Pero con un condicionamiento: la devolución se hará efectiva solo cuando el 95% de la gente haya migrado a lo digital, incluso si es luego de la fecha establecida para el apagón.

Este aspecto es esencialmente sensible, pues es posible que nunca lleguemos a una situación donde todos los hogares hayan cambiado de receptor, en la medida que la gente más humilde no tenga plata para comprar un equipo digital o su codificador. La única opción sería que el Estado o las propias empresas se comprometieran a entregar receptores a quienes no puedan hacerlo.

Este modelo es diferente a los adoptados por países de la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido, quien entendió que a un nuevo uso de otra parte del espectro (el segundo canal para uso digital), se debería llamar a licitación pública a interesados para ofrecer su servicio [Hernán Galperin, 2005].

¿Y al final de la transición?

El asunto no queda aquí, pues estos desafíos para afrontar durante la transición se reavivan al final de la migración. Una exigencia de importantes operadores de la radiodifusión en toda América Latina, es que todo el espacio ‘ahorrado’ quede para ellos mismos.

Así lo expresaba claramente el entonces presidente de la poderosa Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) de México, Lic. Joaquín Vargas Guajardo:

‘Exigiremos renovaciones automáticas y de largo plazo; defenderemos nuestro derecho legítimamente ganado para acceder en forma directa y sin concurso a las nuevas tecnologías. Que quede muy claro: las nuevas tecnologías son para nosotros, los radiodifusores actuales’. [59ª Reunión Nacional del Consejo Consultivo de la CIRT, México]

¿Los empresarios estarán dispuestos a devolver a la sociedad los canales ahorrados? Es terreno de los marcos regulatorios y las definiciones de políticas públicas determinar,

desde ahora, quién aprovechará ese avance.

En el caso de IBOC el propio modelo presupone que la banda ampliada que ocupa durante la transición no se devolverá. Después del apagón, la emisora pasa a ocupar todos los 400 KHz (en el caso citado, de 90.9 a 91.3) para trasmitir digitalmente. El IBOC planea emplear esta banda para mejorar la calidad de la señal de audio o para prover más servicios, incluso para ofrecer un segundo canal de audio [Takashi Tome, 2006].

Los modelos de transición y regulación

Existe un discurso predominante que asocia digitalización con mayor democratización de medios y contenidos. La digitalización sería un proceso natural que por sí sola ampliaría los derechos ciudadanos, al permitir la interactividad con los medios y multiplicar las fuentes de información para incluir a todas las personas en la Sociedad de la Información.

Este ‘destino manifiesto’, sin embargo, está en discusión. Hay varios escenarios posibles, y cuál de ellos tendremos estará en función de las decisiones y políticas que se adopten ahora y la forma que adopte la transición desde lo analógico a lo digital. Por ello es importante que las organizaciones de la Sociedad Civil se involucren lo antes posible, incidiendo en esos procesos.

Aunque pareciera que lo único importante es el estándar o padrón tecnológico a adoptar como norma, existen otros aspectos a considerar que se desarrollan y concretan en función de otras decisiones, tales como la adopción del marco regulatorio y el modelo y las políticas públicas adoptadas de transición desde lo analógico a lo digital, y su relación con los aspectos industriales y comerciales.

No hay que olvidar que el desarrollo de estos padrones fue realizado por y para los empresarios del sector, tal como afirman los propios representantes de los estándares ATSC, DVB o ISDB en sus presentaciones públicas. Para los radiodifusores ya instalados, el objetivo principal es mejorar el modelo de negocios de los medios de comunicación ya instalados. Para los empresarios vinculados a la producción de tecnología, vender más equipos transmisores y receptores, así como facilitar la convergencia entre diversas plataformas.

Y ésta es justamente la idea que predomina en los gremios empresariales y en no pocos técnicos respecto a la ‘revolución tecnológica’ en la radiodifusión. Para ellos la digitalización brinda la posibilidad de ampliar el número y naturaleza de los servicios ofrecidos, expandiendo las posibilidades de negocios de la industria, ofreciendo mejores condiciones para que este sector enfrente la competencia con otras plataformas tecnológicas. [El campo empresarial no está ajeno a tensiones, por ejemplo entre los viejos radiodifusores y las telcos. La digitalización también puede introducir nuevos competidores, muchos de ellos de capitales transnacionales, y los primeros tratan de retrasar o impedir su ingreso a los mercados nacionales.]

Sin embargo, y si bien las definiciones de padrones inciden en las posibilidades de una mayor competencia y democratización de la radiodifusión es importante que la Sociedad Civil se concentre cada vez más en otros aspectos.

Como ya hemos mencionado con anterioridad, son los referidos al marco regulatorio que es necesario revisar a partir de la convergencia tecnológica, así como el modelo y políticas vinculadas con la transición de lo analógico o a lo digital, con miras a garantizar la diversidad de medios y el pluralismo de opiniones e informaciones. Tomemos como ejemplo la situación de los cuatro países del Mercosur para identificar los datos de la que realidad obligan a tomar esta perspectiva.

El primer dato es la experiencia del país más grande de América del Sur, Brasil, donde un tema que logró meterse en la agenda pública y con una fuerte presencia social en los debates (universidades, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, redes de radios comunitarias, observatorios de medios y otros) no pudo evitar la presión de los grupos empresariales y sectores del gobierno en torno al estándar a elegir. El lobby de Globo fue decisivo para torcer el camino que había iniciado Brasil para desarrollar un estándar propio y compatible con los demás modelos.

El segundo dato, el pequeño margen de maniobra que tendrán no solo la Sociedad Civil sino los países más pequeños del Mercosur como Paraguay y Uruguay para tomar decisiones cuando los socios mayores ya han tomado o están prontos a tomar una decisión en forma unilateral y sin tomar una decisión como bloque [algo similar sucede en Centroamérica respecto a las decisiones ya adoptadas por México y el mismo Estados Unidos].

La definición de Brasil por el estándar japonés condiciona fuertemente las discusiones y decisiones de los demás países pues le ha dado dimensión de mercado a una tecnología que tenía ese aspecto como una desventaja. El ISDB sólo estaba vigente en Japón y por eso los representantes de los otros padrones los acusaban de no tener escala de mercado para hacerlo accesible y viable. [Brasil habría logrado negociar la instalación de una fábrica de semiconductores, y compromisos para introducir tecnología propia en el padrón ISDB y participar de la industria de construcción de receptores digitales y decodificadores.]

A lo sumo Argentina, por tener una población y mercado importantes podría animarse a optar por otro estándar distinto al japonés, en función de acuerdos que pudiera hacer con los europeos en relación a promesas de inversiones o las posibilidades de desarrollo de alguna industria argentina complementaria (como una fábrica de decodificadores) y un tratamiento preferencial en materia de royalties y transferencia de tecnología.

Si fuera posible, nuestros países deberían tener la posibilidad de elegir en función de ‘costo para los usuarios, costo para el país en patentes y royalties, inversiones ofrecidas, posibilidades de intercambios de contenidos con otros países y capacidad de desarrollo propio de contenidos, equipamiento y software’ [entrevista a Juan Manuel Abal Medina (h), subsecreterio de la Gestión Pública de Argentina, Fortuna, 20 de noviembre de 2006]. ¿Será posible para todos los países de América Latina y el Caribe manejar estas variables en una negociación con los representantes de los diferentes estándares o el panorama para los países más pequeños estará condicionado por las decisiones de los países grandes?

El tercer dato refiere a la creciente constatación de que para garantizar la inclusión digital, y una mayor diversidad y pluralismo en la radiodifusión no es suficiente dejar que actúe el libre mercado y que es necesario definir y ejectuar políticas públicas con una activa regulación estatal.

La definición por si sola de ciertos estándares no asegura que su uso vaya en el sentido deseado y el mercado tampoco permitirá, por sí solo, un aprovechamiento óptimo de este avance tecnológico.

Un ejemplo es la interactividad que permite la digitalización. De poco servirá para unos objetivos como los planteados, si en lugar de desarrollar la capacidad de los ciudadanos para participar en la vida democrática se transforma únicamente en nuevas formas para aumentar el comercio electrónico a través de los medios (los ‘compre ya’, las trivias, etc).

Otro ejemplo es la posibilidad de multiprogramación en TDT. Sería una buena oportunidad para diversificar los operadores y la oferta de contenidos, pero elegir un padrón porque permite más cantidad de señales no significa que de en forma automática tengamos mayor diversidad y ni siquiera más contenidos locales o nacionales. De hecho, varias empresas transnacionales de telecomunicaciones impulsan estos cambios para entrar en la competencia en el mercado televisivo.

De nada sirve tener cuatro señales en lo que antes era un canal de televisión, si es el mismo dueño quien los utiliza y además lo hace para difundir cuatro contenidos de iguales características y todos son enlatados extranjeros (en lugar de una telenovela ahora ofrece cuatro distintas para gustos variados).

La definición del estándar tecnológico y las políticas públicas asociadas también deberán tomar en cuenta que la democratización del acceso pasa también por las dificultades para comprar los trasmisores (en el caso de los medios comunitarios y los públicos) y la compra de receptores y/o set top box por parte de los sectores más pobres. De lo contrario, la promesa de ver televisión de alta definición será sólo para quienes tengan más dinero y puedan comprarse un aparato adecuado, reproduciendo las desigualdades existentes.

Quién utilizará los beneficios de la digitalización, para qué se utilizará, qué servicios ofrecerán, quiénes proveerán de contenidos y quiénes podrán utilizarlos nuevos canales

para distribuirlos, cómo asegurar la libre competencia y otras cuestiones relacionadas necesitan de algo más que la opinión de ingenieros en telecomunicaciones y la toma de posición de los empresarios del sector sobre los estándares a utilizar.

¿Para qué la digitalización?

¿Qué haremos en nuestros países al respecto? ¿Aprovechamos ese ahorro de espectro para permitir que entren otros operadores para ampliar la competencia o veremos a los mismos canales de TV de siempre pero con mejor definición? ¿Se podrá desarrollar un sistema de radiodifusión que compatibilice el legítimo lucro de los empresarios con el carácter de la radio y la televisión como soporte de la más amplia libertad de expresión e información? ¿La ampliación de señales será para tener cuatro canales con más de los mismos enlatados extranjeros o podrán incluirse espacios para la producción local y nacional, para medios comunitarios y medios públicos?

Las interrogantes que preceden a las anteriores pueden resumirse en ¿para qué queremos la digitalización? ¿cuáles son los objetivos pensando en el desarrollo económico y social de nuestros países y en nuestra democracia? ¿cómo garantizamos que haya mayor diversidad cultural a partir de este cambio? ¿cómo lograr que la digitalización se convierta en una ampliación y fortalecimiento de la libertad de expresión e información y no en lo contrario?. Y más específicamente: ¿qué sistema de radiodifusión queremos y para qué? y ¿cuáles son los problemas o debilidades que puede ayudar a superar la digitalización?

El problema en nuestros países no es lograr una imagen con mayor definición para aquellos que puedan comprar el televisor que las pueda ver. Los problemas que tenemos para resolver son la concentración de medios, que ofrece discursos, informaciones y perspectivas únicas, y su correlato, la falta de diversidad cultural y de medios y una menor pluralidad de fuentes y protagonistas. Nuestro problema es contar con sistema de radiodifusión que hemos volcado hacia lo comercial con fines de lucro, que debemos reequilibrar ofreciendo posibilidades al surgimiento de medios públicos, comunitarios e incluso más medios comerciales independientes, de alcance local o regional. El desafío es construir un sistema de radiodifusión más plural, diverso y democrático [‘TV Digital: principios y propuestas para una transición basada en el interés público’, Intervozes, Brasil, enero 2006].

La digitalización debe ser vista como una oportunidad para corregir los errores en la construcción de este sistema. Necesitamos más competencia y mayor producción de contenidos locales y nacionales, con su impacto en la creación de más puestos de trabajo y el desarrollo de diversos sectores de nuestra industria cultural.

La existencia de políticas públicas activas de parte del Estado también aparece como una necesidad urgente para preservar el interés general, frente a los intereses corporativos de los grandes grupos económicos multimedia. La historia muestra que el interés particular de ciertas empresas no siempre se corresponde con el interés general de la población.

Las definiciones del padrón tecnológico de radio y TV digital, los marcos regulatorios y el modelo de transición deberían tomarse en función de las respuestas que demos a estas preguntas, y no al revés. Y por supuesto, éstas deben responderse permitiendo la plena participación de las Universidades, la Sociedad Civil organizada, así como los oyentes y televidentes, y no solo del gobierno y los empresarios.



Bases para una definicion democratizadora

Los enfoques del problema y sus soluciones

Nuestros países necesitan realizar un cambio de enfoques y paradigmas para abordar estos temas. He aquí brevemente algunos:

:: Acceso e inclusión digital

El acceso a la tecnología (sea internet o TV digital) en el sentido de mayor ‘conectividad’ (a computadores con banda ancha o a receptores de TV digitales) ha pasado a ser la estrategia principal de nuestros gobiernos y el número de personas, escuelas o localidades ‘conectadas’, la meta a alcanzar. Mientras tanto, crece el convencimiento de que es imposible pensar en cerrar o siquiera acercar la brecha digital entre ricos y pobres, ciudad y campo o entre países centrales y periféricos, sólo pensando en desarrollar infraestructuras.

Es imprescindible un reenfoque del problema de la brecha digital y de las alternativas para superarla. El problema es y será cómo los ciudadanos y las ciudadanas se paran ante estas modernizadas ‘cajas bobas’ y cómo, acompañando su capacidad de interactividad, la optimización del espectro y la oportunidad de aumentar el flujo de contenidos, se convierten también en productores, en sujetos activos y no simples ‘targets’ de las compañías. [Para la Sociedad Civil superar esta ‘brecha digital’ implica usar y también apropiarse de las nuevas tecnologías y, por tanto, ‘no debe medirse únicamente por la posibilidad de utilizar tecnologías de comunicaciones de punta sino, también, en términos de capacidad de procesamiento de información y de la habilidad para crear redes de beneficio mutuo que puedan coadyuvar a mejorar el nivel de vida’ (Comunidad Virtual Mística, 2002)]

:: El enfoque predominante

El abordaje de todo este tema e incluso sus políticas asociadas está marcado por un énfasis mercantilista y tecnologicista. El concepto de acceso a la infraestructura, por ejemplo, está fuertemente asociado a la necesidad de ampliar el mercado. Nadie omite en sus discursos las palabras de moda: ‘acceso universal’, ‘reducción de la brecha digital’ o ‘inclusión digital’, en tanto aseguren que más y más gente pueda consumir las mercancías y servicios que se distribuirán a través de los nuevos medios electrónicos. Para la absoluta mayoría de los países del mundo, sin embargo, los bienes y servicios culturales como los que permite crear y difundir la radiodifusión no pueden ser considerados como simples mercancías y por tanto no se la puede analizar sólo como un negocio [Convención sobre la Protección y Promoción de la diversidad de las Expresiones Culturales].

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha constatado, a su vez, ‘que las nuevas tecnologías de la comunicación y la información no producirán, por si solas, un salto cualitativo hacia el desarrollo humano’ [Informe Anual del PNUD sobre Chile, 2005] y que sólo serán una oportunidad si se crean las condiciones que permitan ponerlas al servicio de la sociedad y las personas. No alcanza con comprar más y mejor tecnología, sino cómo ‘apropiarse de ellas y saber usarlas’.

:: Dónde y quiénes definen

Una aspecto que generalmente se olvida tiene que ver con quiénes son los que piensan y definen las políticas públicas en radiodifusión e inclusión digital. ¿Qué organismos abordan temas tan cercanos a la libertad de expresión, la comunicación social, la comunicación para el desarrollo o la diversidad cultural? ¿Y cuáles son las capacidades y enfoques de sus autoridades y funcionarios?

Salvo excepciones, se trata de las áreas estatales relacionadas con las telecomunicaciones o la informática, o a las infraestructuras (como es el caso de Ministerios que trabajan ‘comunicaciones’ con transporte y obras públicas) y que piensan más en el soporte físico que en sus contenidos o funciones [Acceso efectivo y en igualdad de oportunidades de las comunidades rurales a la radiodifusión, estrategia clave de inclusión digital para América Latina y el Caribe, AMARC y APC, proyecto del Programa FRIDA, setiembre 2006]. Es imprescindible un abordaje integral de estos temas incluyendo una perspectiva de derechos humanos o la dimensión cultural de estos medios, con participación de organismos estatales vinculados a la Educación y la Cultura, así como la más amplia participación ciudadana, no solamente de los oyentes o las teleaudiencias sino de toda la Sociedad Civil, pues están en juego valores y principios que repercuten directa e indirectamente en nuestras democracias.

:: La importancia de la radiodifusión

Aunque olvidadas cuando se habla de políticas de TIC de cara a la construcción de la Sociedad de la Información, las redes de radio y TV siguen siendo la red de ‘tecnologías de información y comunicación’ (TIC) de mayor desarrollo en la región.

Tanto en cantidad de emisores como de receptores. Mientras en el mundo existen 100 computadores personales por cada 1.000 habitantes, hay 275 receptores de televisión. Otra vieja TIC, la radio, asciende a 419 por cada mil personas [datos del 2003 tomados de World Development Indicators del Banco Mundial (2005) y World Telecommunication Development Report database de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)], diferencias que se amplían en el caso de las regiones y países más empobrecidos.

Con esta realidad, es impensable no incluir a la radiodifusión en las estrategias nacionales de Sociedad de la Información. Por muchos años más, en América Latina y la región, estas tecnologías de la información y comunicación se mantendrán como medios fundamentales para el acceso y difusión de información y comunicación, y representan infraestructuras y capacidades ya instaladas, así como tecnologías amigables y conocidas por todos nuestros habitantes. Mucho más cuando se trata de digitalizarla y la convergencia tecnológica borra los límites entre plataformas: las agendas digitales de nuestros países deben incorporar a la radiodifusión como un componente fundamental de sus estrategias.

:: Un asunto de libertad de expresión

La radiodifusión (sea por radio o TV) está reconocida internacionalmente como un soporte para la libertad de expresión y para la comunicación entre las personas, y por tanto la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan (como lo es la provisión del papel para los periódicos) resulta un elemento clave para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales[‘Libertad de Antena: fundamentos jurídicos’, AMARC-ALC, 2005 (http://legislaciones.amarc.org/Fundamentos%20Jur%EDdicos%20(AMARC-ALC)%202005.doc)].

Ubicándolo como un asunto de derechos, los relatores de libertad de expresión del mundo han dicho al unísono: ‘La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión’ [‘Mecanismos Internacionales para la Promoción de la Libertad de Expresión’ – Declaración Conjunta Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión (ONU), el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE) y el Relator Especial para la Libertad De Expresión (OEA), 2001]. Nada indica que este principo deba ser utilizado para la radio y TV analógica y no para la definición de las políticas sobre las nuevas frecuencias digitales.



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Principios y políticas sobre radiodifusión digital

:: Principios generales

La elección del estándar tecnológico y otras definiciones relacionadas con la digitalización de la radiodifusión deberá tomar en cuenta los siguientes principios:

** INTERES NACIONAL y GENERAL – Responder al interés nacional y al interés general de todos los ciudadanos y en la perspectiva de construir un sistema de radiodifusión diverso y democrático.

** OPTIMIZACION – Permitir un uso más óptimo y eficiente del espectro radioeléctrico para la entrada de nuevos operadores.

** ACCESO E INCLUSION DIGITAL – Promover y garantizar el acceso de todos los sectores sociales a las frecuencias de radio y TV, en especial a quienes no tienen fines de lucro, tanto para gestionar el medio como para poder producir y difundir contenidos propios y apropiados.

** UNIVERSALIDAD – Asegurar la universalidad del acceso a los servicios nacionales de radio y TV abiertos en todo el territorio nacional y para todos los habitantes del país. Garantizar un paquete de servicios mínimos gratuito de las señales nacionales de TV abiertas en aquellas zonas donde la única opción es el servicio por abonados.

** GRATUIDAD – Mantener la gratuidad de los servicios de radio y TV abiertos, no trasfiriendo a los usuarios los costos de la migración ni lucrando con los nuevos servicios disponibles.

** INTERACTIVIDAD – Permitir el más amplio desarrollo de la interactividad de las personas con los medios digitales para el desarrollo de la ciudadanía.

** DESARROLLO – Buscar el desarrollo de la industria nacional, estimulando el surgimiento de nuevos medios, la creación del empleo asociado y el desarrollo de tecnología apropiada. En el acuerdo comercial con los representantes del padrón elegido debe incluirse la transferencia de tecnología.

** COSTOS – Establecer mecanismos tales como Fondos Públicos para la migración digital de medios públicos, comunitarios y otros no comerciales, así como a medios locales independientes y reducir o eliminar el pago de royalties nacionales o internacionales a los proveedores.

** PARTICIPACION CIUDADANA – Habilitar y promover la más amplia participación ciudadana en la elaboración, definición, implementación y seguimiento de las decisiones y políticas para el sector.

:: Garantizar el acceso universal y promover la diversidad en la propiedad de los medios

Considerando que las opciones digitales tomarán en cuenta el actual mapa de adjudicatarios, se deben establecer en forma urgente reservas para asegurar espacio necesario para la existencia de una mayor diversidad de medios tanto en las frecuencias analógicas como digitales, en especial para medios comunitarios y otros no comerciales.

Las decisiones industriales y tecnológicas deberán ser acompañadas por modificaciones al marco regulatorio y definición de políticas tales como exigencias de contrapartidas y condiciones de uso que permitan desarrollar a plenitud las potencialidades de la digitalización en sun sentido democrático e incluyente.

** Optar por padrones tecnológicos que permitan una optimización del uso del espectro, permitiendo el ingreso de otros actores y una mayor diversidad y competencia en el sector;

** Planificar reservas significativas en los planes de gestión del espectro radioeléctrico (tanto para uso analógico como digital) para medios públicos, comunitarios, educativos y otros no comerciales;

** Establecer claramente plazos y metas para la devolución de las frecuencias analógicas al culminar la transición digital, así como plazos (sujetos a evaluación) de las nuevas licencias digitales;

** Estudiar la realización de concursos abiertos y/o contrapartidas a empresas de radiodifusión comerciales por el uso de nuevas porciones del espectro radioeléctrico necesarias para la trasmisión de las señales digitales;

** Optar por padrones tecnológicos de TV digital que permitan la multiprogramación y establecer criterios para permitir que ingresen otros operadores, en especial organizaciones sin fines de lucro, a la gestión de los nuevos canales;

** Exigir la gratuidad y universalidad de la Televisión Digital Abierta Terrestre, así como mecanismos de interactividad que trasciendan el comercio electrónico y favorezcan la construcción de ciudadanía;

** Garantizar que los receptores y decodificadores sean de bajo costo y se eliminen o reduzca el pago de royalties nacionales o internacionales por el uso de la tecnología;

** Exigir que el uso del canal de retorno que permite la interactividad sea sin costo para el usuario;

** Descartar el estándar IBOC por ineficiente, inconveniente y excluyente, y analizar otros estándares alternativos que sean compatibles con el interés general de la sociedad;

** Revisar el marco regulatorio de radiodifusión para incorporar las nuevas realidades que abre la convergencia tecnológica.

:: Establecer fondos y políticas de financiamiento para la transición digital

Las estrategias de acceso universal y de reducción de la brecha digital incluyen la creación de Fondos Públicos de diverso tipo para financiar los costos del acceso a la tecnología (compra de computadoras, instalación de cableado o tecnología inalámbrica y provisión de servicios de banda ancha, entre otros). Para permitir que los radiodifusores independientes de alcance local, medios comunitarios, indígenas y públicos puedan realizar la transición desde la tecnología analógica a la digital se necesita disponer de fondos públicos y una política activa para asegurar que no queden excluidos del avance tecnológico.

** Crear Fondos Públicos para la Diversidad de forma de garantizar la migración de los equipos de trasmisión de medios públicos, comunitarios y otros no comerciales, así como medios locales independientes;

** Facilitar financiamiento y/o subsidios para el acceso de los sectores más vulnerables de la población a los receptores (compra de receptores o de convertidores o set top box para el caso de la TV digital).

:: Promover y garantizar producción y distribución de contenidos

Aunque muchos aseguran que la falta de diversidad y pluralidad en los medios de comunicación electrónicos actuales podrá ser revertida por la multiplicación de opciones tecnológicas que habrá. Sin embargo, la solución no parece que pueda venir solamente de una mayor cantidad de medios y plataformas.

Por esto, un análisis de la concentración no se puede agotar en el relevamiento de la cantidad de medios en manos de determinado grupo sino que es necesario considerar, también, su capacidad de producir y centralizar la distribución de contenidos a través de otras vías dependientes o subordinadas a él. Coexiste, por tanto, una acumulación de propiedad con un proceso de centralización y homogeneización de contenidos – informaciones, sentidos, opiniones y valores.

Las disminuidas capacidades de producción de la mayoría de los radiodifusores locales y comunitarios, y la debilidad de los medios públicos para hacer producciones de calidad completan un panorama donde los grandes capitales tienen asegurado un terreno para competir en absoluta desigualdad de condiciones.

** Optar por estándares que permitan un mayor número de señales y establecer exigencias mínimas para su uso por parte de medios comunitarios y públicos;

** Desarrollar políticas de estímulo a la producción de contenido local y nacional y pluralidad de voces e informaciones;

** Establecer medidas proactivas para promover y asegurar su difusión y distribución tanto en carriers públicos como privados (tales como cuotas de pantalla, uso de señales en redes administradas por privados y otros).

:: Reducir la brecha analógica ya: acceso abierto

Más allá del tiempo que impliquen las definiciones sobre los estándares digitales y otras decisiones asociadas, es imperiosa asumir desde ahora la revisión de los marcos regulatorios sobre radiodifusión en aspectos como los procedimientos y requisitos de otorgamiento y los organismos que adjudican frecuencias.

** Modificar los marcos regulatorios de radio y TV para establecer entornos favorables que aseguren un acceso en igualdad de oportunidades de todos los sectores sociales, en especial los más vulnerables;

** Reconocer y promover la existencia y desarrollo de medios comunitarios y otras formas de gestión no comerciales;

** Fortalecer los medios de comunicación públicos, brindando infraestructura y recursos suficientes para desarrollar su trabajo;

** Otorgar recursos y potestades suficientes a los organismos reguladores de radiodifusión y telecomunicaciones, estableciendo formas de participación de la Sociedad Civil en ellos.

:: Reducir la brecha analógica ya: límites a la concentración

Paralelamente a las medidas para promover y garantizar el acceso, se debe revisar la legislación sobre concentración de medios y establecer controles efectivos para su cumplimiento.

** Establecer límites efectivos a la concentración de propiedad y la centralización de contenidos en los medios de comunicación;

** Establecer límites al cruzamiento en la propiedad de medios en distintos soportes tecnológicos de forma de controlar la expansión de los multimedios;

** Promover el control social de los medios de comunicación e industrias culturales por parte de la sociedad civil.

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Diretor do Programa de Legislações e Direito à Comunicação da AMARC-ALC