Informe para a 3ª Cúpula das Américas

REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS

En vísperas de la apertura de la Tercera Cumbre de las Américas [Quebec, Canadá, de 20 a 22 de abril de 2001], Reporteros Sin Fronteras (RSF, www.rfs.fr) y la Federación Profesional de Periodistas de Quebec (Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ, www.fpjq.org) recuerdan que, en el continente americano, la impunidad sigue siendo la regla en casi el 90% de los casos de periodistas asesinados. Mientras que, desde 1991, 90 profesionales de la información han sido asesinados en once de los treinta y cuatro Estados que participan en la Cumbre, tan sólo en diez de esos casos las investigaciones han terminado en un proceso. Por otra parte, ambas organizaciones están preocupadas porque en veinte de los Estados presentes en Quebec siguen estando en vigor legislaciones que estipulan penas de cárcel para los delitos de prensa. Finalmente, y con motivo de esta cumbre, RSF y la FPJQ quieren llamar la atención de los gobiernos sobre el cubano Bernardo Arévalo Padrón, único periodista encarcelado en el continente americano por haber querido ejercer su derecho a informar.

Desde 1991, 90 periodistas han sido asesinados por manifestar sus opiniones o en el ejercicio de su profesión, en once de los países participantes en la Cumbre: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Tan sólo en diez de los casos las investigaciones han dado como resultado el procesamiento de los asesinos que, a menudo, no eran más que simples ejecutantes. En otro caso más, en Uruguay, el asesino se suicidó inmediatamente después de cometer el asesinato.

Con treinta y tres periodistas asesinados, es decir mas de la tercera parte de los casos censados, Colombia es el país más peligroso del continente americano para los profesionales de la información. Durante mucho tiempo en el punto de mira de narcotraficantes o funcionarios corruptos, los periodistas se han convertido, en estos últimos años, en "objetivos militares" de los grupos paramilitares de extrema derecha, y de la guerrilla. En la lucha a muerte que llevan a cabo esos grupos armados, no se les considera testigos neutrales del conflicto sino sospechosos de apoyar al "otro campo". Tan sólo en tres casos las investigaciones han acabado en un proceso. En el caso del asesinato del célebre periodista y humorista Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, el presunto autor intelectual no es otro que Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares). Se ha dictado una orden de detención contra él pero este individuo, cuya organización mantiene estrechas relaciones con algunas fracciones del ejército, es intocable. Ya se habían dictado anteriormente una veintena de órdenes similares contra él, sin que la justicia haya conseguido detenerle. Sin embargo, varios periodistas le han visto en estos últimos meses.

La impunidad impera también en Brasil, México y Perú. En cada uno de esos Estados más de una decena de periodistas han sido asesinados en la última década. Aunque, en Perú, la mayoría de esos crímenes se remontan al periodo de las revueltas, cuando estaba en activo el grupo armado de oposición Sendero Luminoso, los asesinatos continúan en Brasil y en México. En ambos países, algunas regiones se han vuelto especialmente peligrosas. En México, al menos tres periodistas han sido asesinados en la zona fronteriza con Estados Unidos, donde causan estragos los traficantes de droga. Director del diario La Prensa, de San Luis Río Colorado, Benjamín Flores González fue asesinado el 15 de julio de 1997 después de haber denunciado las presuntas relaciones entre el gobernador de la provincia y los barones de la droga. También había denunciado las 001, muchos observadores consideran que el resultado de la investigación depende, sobre todo, de los medios que la nueva administración esté dispuesta a movilizar. El asesinato de Jean Dominique, el periodista más conocido del país, se ha vivido como una advertencia al conjunto de la profesión.

Actualmente, existen leyes que castigan los delitos de prensa con penas de cárcel en veinte de los treinta y cuatro Estados que asisten a la Cumbre: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En algunos países, esas leyes favorecen la autocensura de los periodistas, al imponer sanciones desproporcionadas en relación con los perjuicios causados.

Los delitos de difamación y calumnia e injuria se reprimen, en diecisiete de esos Estados, con penas que pueden llegar, como en Canadá, hasta cinco años de cárcel. Según el Relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Santiago Cantón, en dieciseis de los países que toman parte en la Cumbre el Código Penal protege el "honor" de funcionarios y cargos electos. Informar sobre asuntos de corrupción o de abuso de bienes sociales por parte de agentes del Estado, alcaldes o ministros, puede transformarse así en un "desacato", sancionado con fuertes penas de cárcel. La Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que esas leyes son contrarias al derecho de los ciudadanos a disponer de una información libre e independiente sobre la actividad de los funcionarios.

Afortunadamente, esas disposiciones no se aplican apenas, con excepción de Panamá. En este país, las leyes de desacato dan poder, a los representantes del Estado, para ordenar sin ningún proceso el encarcelamiento de un periodista que haya faltado al respeto a su función. Las sanciones van de tres días a dos meses de cárcel, en caso de desacato al Presidente de la República. El 28 de julio de 2000, Carlos Singares, director del diario El Siglo, permaneció encarcelado durante ocho días por orden del Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa. El periódico había reproducido las declaraciones de un abogado que acusaba a ese magistrado de prácticas pedófilas. Por otra parte, en el mes de marzo de 2001, no menos de cuatro periodistas fueron condenados a penas de entre doce y dieciocho meses de cárcel. En total, se estima que son alrededor de cuarenta los periodistas que han sido perseguidos en Panamá por "calumnia e injuria" o "delito en contra del honor".

En Chile, debería desaparecer pronto la amenaza que representa la ley de Seguridad del Estado. El 10 de abril de 2001, la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley de prensa que deroga el artículo 6b del anterior texto, que condenaba con hasta cinco años de cárcel a quienes “injurian o calumnian” a los altos representantes del Estado. En total, veinte periodistas han sido perseguidos en Chile, en aplicación de ese texto, desde 1990. Entre ellos Alejandra Matus, a raíz de la publicación de su "Libro negro de la justicia chilena" en el que denuncia "la corrupción, el nepotismo y los abusos de poder" en el interior del sistema judicial. Amenazada con ser detenida en su país la periodista se convirtió, en septiembre de 1999, en la primera chilena que consiguió asilo político en el extranjero tras el retorno de la democracia a Chile, en 1990. La nueva ley de prensa debería permitir, a Alejandra Matus, volver a su país.

En vísperas de la apertura de la Tercera Cumbre de las Américas, el cubano Bernardo Arévalo Padrón es el único periodista encarcelado, en el continente americano, por sus opiniones y su trabajo informativo. Aunque teóricamente podría beneficiarse de una puesta en libertad anticipada, después de haber cumplido la mitad de su condena, continúa tras las rejas. En este momento le faltan por cumplir dos años y medio de condena. El periodista fue condenado en apelación, el 28 de noviembre de 1997, a seis años de cárcel por "desacato" al presidente Fidel Castro y al vicepresidente Carlos Lage. Durante una entrevista, en una radio de Miami, calificó a ambos de "mentirosos", reprochándoles burlarse del compromiso adquirido, durante la Cumbre Iberoamericana de 1996, de respetar los derechos humanos.

En la prisión de alta seguridad de Ariza, donde fue encarcelado al principio, Bernardo Arévalo Padrón fue víctima de una paliza que le dieron, el 23 de abril de 1998, dos agentes de seguridad. Herido en la cabeza, como consecuencia de la agresión ha padecido problemas de memoria. En mayo de 1999 el periodista abandonó la cárcel de Ariza para ser transferido a diferentes campos de trabajo, donde ha estado arrancando hierbas y cortando caña de azucar. Hoy sufre problemas lumbares y trastornos cardiacos.

Aunque la Constitución establece que los medios de comunicación no pueden, "en ningún caso", ser de propiedad privada, Bernardo Arévalo Padrón creó, en octubre de 1996, la agencia independiente Línea Sur Press, en la provincia de Cienfuegos. Actualmente, un centenar de periodistas independientes, agrupados en una veintena de agencias, intentan ejercer su derecho a informar. Sometidos, por parte de las autoridades, a una auténtica "estrategia de hostigamiento" (en los dos últimos años se ha tenido constancia de 89 detenciones de periodistas), cerca de cincuenta han emprendido el camino del exilio desde 1995.

En la anterior Cumbre, en Santiago de Chile, se creó el puesto de Relator especial para la libertad de expresión, incorporado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Las acciones llevadas a cabo por Santiago Cantón, nombrado para el puesto a finales de 1998, se han demostrado eficaces y constructivas.

La Cumbre de Quebec representa, para los Estados participantes, una ocasión para adoptar nuevas medidas que den testimonio de su voluntad de hacer respetar la libertad de prensa en el continente. Mientras las cuestiones de la impunidad y las legislaciones represivas continúen siendo los principales retos de la libertad de prensa en las Américas, RSF y la FPJQ recomiendan a los gobiernos participantes:

• Adoptar una resolución mediante la cual se comprometan a convertir en una prioridad la lucha contra la impunidad y a poner todo de su parte para que los casos de periodistas asesinados no queden sin castigo. Las dos organizaciones recuerdan que, en este aspecto, la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de derechos humanos durante su 108 sesión, en octubre de 2000, establece claramente que "es deber de los Estados investigar (sobre los asesinatos de periodistas) y sancionar a sus autores";
• Adoptar una resolución mediante la cual se comprometan a suprimir, de su legislación nacional, las penas de cárcel para los delitos de prensa. RSF y la FPJQ recuerdan que, en un texto adoptado en enero de 2000, el Relator especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, estableció claramente que "la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos”. El artículo 11 de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión precisa que “las leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".

Las dos organizaciones piden también a los Estados participantes:

• Que reafirmen su apoyo al Relator especial para la libertad de expresión de la OEA y que apliquen la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de derechos humanos, durante su 108 sesión;
• Que adopten una resolución pidiendo a las autoridades cubanas que liberen a Bernardo Arévalo Padrón y legalicen las agencias de prensa independientes.

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