Sábado, 21 de Outubro de 2017
ISSN 1519-7670 - Ano 19 - nº962

VOZ DOS OUVIDORES > EL PAÍS

Tomàs Delclós

17/04/2012 na edição 690
“Pinochos”, copyright El País, Madri (Espanha), 15/4/12.

“¿Puede corregir el periodista un error o una falsedad de un personaje en el artículo donde recoge sus manifestaciones? La pregunta la hace Alfonso Montero. La cuestión surge a raíz de una crónica donde se reproducía una declaración de un diputado que incluía un error técnico, pero su duda plantea por elevación si debe respetarse una declaración entrecomillada que contiene, con o sin intención, una mentira. El periodista debe incluir el dato veraz en su crónica.

Varios medios internacionales tienen equipos que chequean la veracidad de los datos y de las declaraciones que publican, particularmente las de los líderes políticos. Su existencia mejora la pulcritud de las informaciones, aunque no es una garantía total. Episodios como las fabulaciones que publicó Stephen Glass en The New Republic, motivo de un filme (El precio de la verdad), lo demuestran. Se da la circunstancia agravante de que Glass trabajó en el área de control de calidad de la publicación

El tema del chequeo de declaraciones se ha recalentado en Estados Unidos a raíz de las primarias republicanas y del debate suscitado por el defensor del lector de The New York Times planteando dudas sobre cuándo el redactor de la noticia debe replicar las manifestaciones del protagonista de la misma. La directora del medio, Jill Abramson, ha intervenido defendiendo el derecho a esta corrección, pero advirtiendo del peligro de que algunas voces reclaman cuestionar determinados hechos cuando únicamente quieren escuchar su propia versión de estos hechos. Rem Rieder, desde American Journalism Review, se ha apuntado al debate defendiendo la oportunidad de regañar al político, para evitar que las tonterías acaben filtrándose en la conciencia pública, ya que una vez que ello sucede ‘es difícil desalojarlas’. Las afirmaciones cuestionables, escribe, deben ser desafiadas tan pronto como sea posible.

En Estados Unidos la vigilancia sobre las declaraciones de los políticos está particularmente extendida. Hay varios sitios dedicados a ello. FactCheck.org, una iniciativa universitaria, ha replicado, por ejemplo, en su sitio en Internet al republicano Rick Santorum, que había asegurado que uno de cada tres niños abandona la escuela, cuando la tasa de deserción escolar es del 8,1%.

Y este seguimiento no es exclusivo de organizaciones académicas. Politifact, del Tampa Bay Times, incluso tiene una aplicación para móviles que puntúa las declaraciones. Es un termómetro visual sobre el índice de veracidad de las declaraciones políticas.

Una práctica que no excluye el sentido del humor. The Washington Post tiene su departamento de chequeo de las declaraciones políticas. Su filosofía es clara: los comentarios son libres, pero los hechos son sagrados. Tras rastrear los trucos retóricos de un político, atribuye a su autor uno, dos, tres o cuatro pinochos, la mentirosa criatura de Collodi. El número de pinochos depende de que el político simplemente haya sido ‘selectivo’ –refugiándose en omisiones o exageraciones– o haya soltado un embuste. La sección incluye otras categorías, como la retención de juicio en el caso de que haya argumentos para distintas versiones.

Un trabajador de la Radio Televisión Valenciana (RTVV), M. Márquez Lucena, se queja de que el diario reproduzca reiteradamente una frase del presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, según la cual el ente tiene una plantilla de 1.800 trabajadores, ‘más que Antena 3, Telecinco y Cuatro juntos’. Unas declaraciones que quieren justificar la necesidad de un ERE en la citada corporación. Y el lector replica con sus propias cuentas: ‘Pues no es cierto. Y por más que se empeñen en emular a Goebbels, una mentira repetida hasta la saciedad seguirá siendo… mentira’. El remitente calcula que las plantillas ‘oficiales’ de Antena 3 y Mediaset suman 2.878 personas. En el debate sobre la envergadura del organismo audiovisual, el comité de RTVV ha atribuido a Mediaset, la empresa matriz de Telecinco y Cuatro, ‘más de 4.000 trabajadores’, como ha reproducido este diario citando la fuente. La memoria de 2011 de Mediaset da la cifra de 1.100 empleados. El gabinete de prensa de Telecinco comentó que no se puede desglosar el número de trabajadores por empresa porque la tarea de un empleado puede servir a más de una. El departamento de prensa de Antena 3 informa de que la plantilla de la televisión es de 733 personas y la de la red de radios (Onda Cero) de 597. Unas cifras que chocan con las de Fabra y con las del comité de RTVV.

EL PAÍS ha hecho el ejercicio, no sistemáticamente, de revisar la veracidad de una declaración y publicar la corrección. Cuando lo practica, los resultados son higiénicos. Un caso es el del ministro de Educación, que achacó, en parte, las altas cifras de fracaso escolar en Ceuta y Melilla a una avalancha de marroquíes y criticó el uso de un libro para sostener que la asignatura Educación para la Ciudadanía estaba enfocada al adoctrinamiento. La información se tituló José Ignacio Wert argumenta el cambio en Ciudadanía con un ejemplo falso. El artículo recogía que el libro no era un manual de la asignatura, sino un ensayo crítico. Y sobre Ceuta y Melilla, los redactores de la información puntualizaban en ella que la ‘avalancha’ no existe. Con el 2,5% de alumnos extranjeros en sus aulas, Ceuta se sitúa a la cola de España, y Melilla, con el 8,3%, justo por debajo de la media española. ‘Wert confundió a marroquíes con musulmanes españoles’.

He preguntado a José Manuel Romero, subdirector del diario, sobre los criterios vigentes. ‘¿Debe un periodista recoger en una información el error o falsedad de la declaración de un personaje sin, a continuación, aclarar ese aspecto al lector? La respuesta es no. Por tanto, cuando el periodista escribe una información con datos erróneos o falsos que pertenezcan a la declaración del protagonista de la noticia, tiene la obligación de contrastarlos y servir, a la vez, los datos correctos o verdaderos. Este diario ha titulado en numerosas ocasiones que tal persona, partido o institución acusa de tal hecho ‘sin pruebas’, también hemos realizado muchas veces el ejercicio de recoger una denuncia y luego explicar el error que contenía con datos contrastables. El denuncia, que algo queda como táctica política puede funcionar si el periodista no tiene la posibilidad de contrastar la denuncia. Pero si existe, por mínima que sea, siempre hay que intentarlo. Pasa lo mismo con las exageraciones que los políticos endosan en sus discursos de domingo. El periodista tiene la obligación de incluir el dato veraz a continuación de la declaración política. Siempre. No hay excusas. Si no ocurre (y seguro que se podrían encontrar numerosos ejemplos), es una mala práctica que extinguir. Si el periodista comete errores cada día y el periódico ha reservado un espacio para que no queden impunes (fe de errores), tampoco deben quedar sin corregir los errores o falsedades que difundan los protagonistas de las noticias. Los políticos son presas de sus palabras y, muchas veces, los periodistas examinamos el cumplimiento de una promesa o si el vaticinio de un dirigente público se cumplió para afearles el incumplimiento o el fallo. Con los errores o falsedades de declaraciones públicas debe ocurrir lo mismo, a ser posible en tiempo real, para que el lector tenga a su disposición los datos necesarios que eviten que sus preguntas al leer la información queden sin respuesta’.

Indudablemente, el rastreo sobre la exactitud de lo que dicen los personajes públicos compromete al diario a corregir sus propios errores”

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