Las autoridades mexicanas deben conducir una investigación abierta y exhaustiva sobre el asesinato de un periodista que cubría la fuente de crimen y cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en la ciudad de Oaxaca, la capital del estado de Oaxaca, el Comité para la Protección de los Periodistas afirmó hoy. Alberto López Bello había sido fuertemente golpeado y baleado, según informaron funcionarios mexicanos al CPJ.
“Los periodistas que cubren crimen en México trabajan asumiendo grandes riesgos, enfrentan amenazas, intimidación y ataques que casi nunca son castigados”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas, desde Nueva York. “El ciclo de impunidad en casos de crímenes contra periodistas ha tenido un efecto devastador sobre el derecho del público a permanecer informado, especialmente sobre asuntos de crimen y corrupción. El gobierno puede comenzar a quebrar este terrible ciclo de impunidad si asume la investigación exhaustiva de este crimen”.
Un vocero de la procuraduría del estado de Oaxaca, quien habló bajo condición de anonimato, indicó que López había sido golpeado y baleado y que su cuerpo fue hallado junto al de otro hombre, Alejandro Franco, quien ha sido identificado en informes de prensa como un informante policial encubierto. Funcionarios de Oaxaca señalaron que Franco era un empleado de la ciudad. La policía informó que también había sido golpeado y baleado.
López, de 28 años, había trabajado como reportero durante seis años para el periódico estatal El Imparcial, según periodistas que pidieron no ser identificados por temor a represalias. Las fuentes indicaron que López había trabajado como reportero de la fuente policíaca y que recientemente había publicado varias notas sobre venta de drogas en la ciudad.
Reporteros que cubren la fuente policíaca en México son vulnerables a las amenazas del crimen organizado y de policías que con frecuencia trabajan bajo las órdenes de los carteles de la droga, según indica la investigación del CPJ. Grupos del crimen organizado en varios estados controlan la producción y la distribución de droga y a menudo compran influencia en la policía o aterrorizan a las fuerzas de seguridad para que ignoren sus actividades.
López también cubría noticias policiales para un programa de radio local, “Foro Político”, en la emisora Radiorama. Sofía Valdivia, quien trabaja en Radiorama y supervisaba el trabajo de López, indicó que con frecuencia informaba sobre crimen organizado y que se decía que la policía en ocasiones estaba involucrada.
El gobernador of Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, ha anunciado que el gobierno investigará a fondo el caso. Agregó que le pedirá al fiscal especial para investigar crímenes contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República que se una a la investigación.
Tres voceadores del El Imparcial fueron muertos a balazos el 9 de octubre de 2007, mientras circulaban en un vehículo con el logo del periódico. A los asesinatos siguieron una serie de amenazas contra los editores para que bajaran el tono de su cobertura sobre bandas de narcotraficantes locales, según informes de prensa. Un subdirector del diario indicó al CPJ que el día de los asesinatos él y otro reportero habían recibido varias amenazas de muerte. Los asesinatos permanecen en la impunidad.
La violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa, según la investigación del CPJ. Al menos 50 periodistas fueron asesinados o desaparecieron desde 2007. En al menos 14 casos, el CPJ ha confirmado una relación directa con el trabajo periodístico.
Luego de una extensa campaña de grupos de prensa y defensa de derechos humanos, el Presidente Enrique Peña Nieta promulgó en mayo legislación que otorga a las autoridades federales mayor jurisdicción para investigar y procesar crímenes contra la prensa.
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