Capos del crimen organizado y políticos corruptos han salido impunes en los casos de asesinatos de periodistas en México desde hace tanto tiempo que no hay datos confiables sobre el número de muertos o una forma útil de medir los efectos devastadores para una democracia cuando la prensa de un país tiene miedo de decir la verdad. La investigación del CPJ muestra que, de los 69 periodistas muertos desde 1994 en México, 28 cayeron claramente por su labor informativa, y casi todos de ellos fueron asesinados. Pero los asesinatos comenzaron años antes, las cifras no son confiables, y los motivos son a menudo desconocidos, debido a la dudosa profesionalidad de las investigaciones. Gobiernos estatales simplemente no han logrado encontrar a los responsables y la mayoría de los periodistas que trabajan fuera de la Ciudad de México han decidido que su única protección es no informar sobre los temas que los asesinos no quieren.
Sin embargo, hay cifras exactas para mostrar la respuesta del país al problema: El 6 de junio de 2012, la Constitución mexicana fue modificada para otorgar mayor competencia al gobierno federal sobre delitos contra la prensa. Luego, el 3 de mayo de este año, una ley entró en vigor para explicar cómo se aplicaría esa enmienda. La ley fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y otorgó facultades ampliadas a la Procuraduría General de la República (PGR) en los casos donde los periodistas son víctimas de violencia. En la actualidad, el gobierno federal puede atraer cualquier caso serio en cualquier estado. Por fin, todo parece muy bien. Pero vale la pena detenerse y analizar la cuestión.
Existe una nueva ley, ¿pero eso va a significar un cambio real?
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