Sunday, 24 de November de 2024 ISSN 1519-7670 - Ano 24 - nº 1315

Lola Galán

Cayetana Fitz-James Stuart, decimoctava duquesa de Alba, murió en su cama del sevillano palacio de Dueñas la mañana del jueves 20 de noviembre. Tenía 88 años de edad y era la aristócrata más famosa de España. La noticia acaparó enseguida titulares en todos los medios. La web de EL PAÍS ofreció esa misma tarde crónicas y artículos sobre la fallecida, y la edición impresa del día siguiente dedicó seis páginas, además de buena parte de la portada, a glosar su figura. Algunos lectores me han escrito molestos por este despliegue y por el tono elogioso de lo publicado.

Javier Muñoz Álvarez considera que dedicar seis páginas a la noticia es “improcedente, incluso abusivo para el lector tipo de EL PAÍS. Ya ocurrió con la muerte de Michael Jackson”. Y añade: “No sabemos qué ha hecho la duquesa en beneficio de este país y por qué merece tanta atención, tanto encomio por parte de EL PAÍS”.

A Bernardo Frau le parece también “un despropósito. Seamos francos, [la duquesa de Alba] no ha hecho nada en su vida que merezca reconocimiento nacional, salvo tener la suerte de ser rica y acumular un sinnúmero de títulos inútiles”.

El director adjunto de EL PAÍS, David Alandete, responde a estas críticas. “Dedicamos a la muerte de Cayetana Fitz-James Stuart seis páginas en nuestra edición impresa, en su mayoría dominadas por imágenes históricas de la propia duquesa. Creemos que fue una medida adecuada. EL PAÍS no hizo sino responder entonces al gran interés suscitado entre la sociedad española por la desaparición de un personaje único, presente en la vida social y cultural española durante los 63 años en que fue jefa de la Casa de Alba, en siglos pasados muy influyente en el devenir del país. Creemos que no queda duda de la importancia social de la persona con más títulos nobiliarios del país y dueña de un imponente legado artístico, que incluye obras de Goya, Tiziano y El Greco. Además, la difunta vivió una vida heterodoxa, llena de contradicciones y decisiones sin duda de interesante lectura”.

Cayetana de Alba tenía una excelente relación con los periodistas y, por lo visto, era admirada por la discutible hazaña de haber vivido poniéndose “el mundo por montera”. La noticia de su muerte fue recogida por los grandes medios de comunicación, tanto en Europa como en América. En cuanto a la prensa española, la mayoría de los diarios abrieron con el tema el día 21, y le dedicaron un espacio que osciló entre las 37 páginas del diario La Razón —seguido de cerca por Abc, con más de una treintena—, y las tres páginas de La Vanguardia. A la vista de estos datos, la cobertura de EL PAÍS quizás no ha sido tan extensa, pero sí bastante acrítica.

Hay lectores que ven también excesivo el espacio que dedicamos a Podemos. José Ángel Isla, lector asiduo de EL PAÍS, escribió al periódico indignado porque el 19 de noviembre, “el diario que compro todos los días parecía un panfleto de Podemos al precio de 1,30 euros… portada para Errejón hablando por supuesto de su nuevo partido político pero para nada de su contratación por la Universidad de Málaga y sus estudios sobre la vivienda en Málaga, ahora parece que realizados desde la distancia, desde Lavapiés (Madrid)”. Ese día, como enumera en su carta el lector, se publicó además una entrevista de dos páginas con el filósofo argentino Ricardo Forster, hablando de Podemos; declaraciones de Cayo Lara sobre el mismo partido, y una entrevista con la candidata de Izquierda Unida Tania Sánchez, que también hablaba de Podemos.

EL PAÍS dedica un amplio espacio a este partido, consciente de que es también un fenómeno social. Temo que, a veces, nos excedemos. En cuanto a la beca de investigación de Íñigo Errejón, hemos informado detalladamente del tema, aunque no al gusto de algunos lectores.

Algunos artículos sobre Podemos han irritado a un sector de los lectores

Olaya Argüeso me escribe quejándose de lo que considera “injustificados ataques” a Podemos, a propósito de la información que arrancaba en primera página el 20 de noviembre, con el titular: “Errejón tenía permiso para hacer en Madrid su trabajo sobre Andalucía”, mientras en páginas interiores el tema se abordaba bajo el titular: “Díaz cuestiona que Errejón haya cumplido con su contrato universitario en Málaga”. “Si, como acredita la información”, señala esta lectora, “Errejón cumplió las condiciones de su contrato, y ese es el tema en cuestión, ¿por qué su periódico considera la opinión de la presidenta de la Junta de Andalucía tan relevante como para protagonizar el titular?”.

Jorge A. Rodríguez, redactor jefe de Noticias, que engloba las secciones de Nacional y Sociedad, responde a esta pregunta: “La noticia no ‘acredita’ que Errejón cumpliera su contrato, sino que describe tanto las condiciones de trabajo como del contrato, además de recoger la opinión del investigador principal y, cómo no, la de la presidenta de la Junta de Andalucía, que es la responsable de la entidad pagadora (la Junta financia proyectos de investigación de la Universidad de Málaga). De hecho, todos los medios dieron cumplida noticia de las palabras de Díaz. Ambas cuestiones están recogidas en el diario: apostando con el contrato en primera, y con la reacción de Díaz en el interior”.

Otro lector, Luca Ferretti, que se presenta como investigador, escribe desde París lamentando que EL PAÍS se haya sumado a las tesis que ven irregular la conducta de Errejón en este caso, sin entender las peculiaridades del trabajo del investigador. “Investigar no es un trabajo normal para nada, en lo bueno y en lo malo, y aunque se emplean los mismos contratos que para cualquier otro trabajo, estos no tienen sentido”. En opinión de este lector, los periodistas deberían haberse informado adecuadamente de las características laborales especiales que entraña la investigación.

“Sabemos que, efectivamente, investigar no es un trabajo normal, que puede requerir trabajo de campo y que muchos investigadores no están a tiempo completo”, responde también Jorge A. Rodríguez. “Hemos hablado con investigadores, tanto de Ciencias como de Humanidades. Pero lo cierto es que los contratos dicen lo que dicen. El de Errejón especifica claramente que su jornada de trabajo es de 8.00 a 16.00 horas de lunes a viernes, y que el ‘centro de trabajo habitual’ es el departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho. Quizás los investigadores deberían firmar, y las universidades deberían plantear, otro tipo de contrato que se adecúe más a las condiciones del trabajo de investigación”.

Otra lectora, Cristina Buhígas, ve “un intento más, el enésimo, de predisponer a los lectores contra Podemos”, en una noticia publicada en la edición impresa el 24 de noviembre con la firma de EL PAÍS y titulada “Podemos aún no ha concretado su propuesta de renta básica”. A su juicio, se trata, “de una no noticia que no debería tener el formato de información sino el de opinión, firmada por algún columnista o ir en la página de los editoriales”.

Rodríguez responde: “No puedo estar más en desacuerdo con la lectora, ya que la noticia era la respuesta de Podemos a la entrevista publicada con [el líder del PSOE] Pedro Sánchez, el día anterior, en la que arremetía precisamente contra la renta básica, y en ella se explicaba, tras hablar con miembros de la formación de Iglesias, que esa propuesta no está aún perfilada. Está en proceso de modificación. Por ello, es una de las informaciones llamadas de ‘reacciones’, clásicas en el periodismo”.

Es evidente que los lectores no tienen por qué estar de acuerdo con la selección de noticias, ni encontrar de interés todo lo que se publica en el periódico. Dicho esto, no veo nada incorrecto en esas informaciones, aunque noto un malestar en los mensajes que las cuestionan similar al que percibo en las cartas de protesta que me llegan inexorablemente cada vez que EL PAÍS dedica un editorial a Podemos. Entiendo las quejas de los lectores, pero quiero recordarles que el periódico es soberano en lo que a su línea editorial se refiere. Y tiene el derecho y el deber de ejercer la crítica, por supuesto basada en argumentos y no en descalificaciones.

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Lola Galán é ombudsman do El País