Los periodistas juegan un papel crucial – de observación, testimonio e información – en las manifestaciones, que por esencia son de interés público. Inscribiéndose en la línea de 2013, el año 2014 estuvo marcado por una intensificación de la violencia contra los actores de la información que cubrieron este tipo de acontecimientos.
Durante las manifestaciones, numerosos periodistas – profesionales o amateurs, locales o extranjeros– son insultados, amenazados, agredidos, incluso asesinados. Algunos son tomados como blanco directamente; otros, son víctimas colaterales. La violencia proviene tanto de las fuerzas del orden como de los manifestantes. Frente a la magnitud de este fenómeno, el 28 de marzo de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó en una resolución su preocupación por el número de ataques a los defensores de los derechos humanos y los periodistas, cometidos en el contexto de las manifestaciones pacíficas. La instancia de la ONU exhortó a todos los Estados prestar atención especial “a la integridad de los periodistas y de los trabajadores de los medios que dan cobertura a las manifestaciones pacíficas teniendo en cuenta su función, exposición y vulnerabilidad específicas”. Esta protección concierne tanto a los periodistas profesionales como a los amateurs.
Agredidos pelas forças da ordem…
También este año los periodistas pagaron caro el ejercicio de su labor debido a la violencia de las fuerzas del orden. En Ucrania (129), durante las manifestaciones de la plaza Maidán, entre enero y febrero de 2014, los periodistas fueron agredidos de manera deliberada y sistemática por las fuerzas antidisturbios Berkut. Golpes, disparos de balas de goma y uso de granadas ensordecedoras, la exacerbación de la violencia con impunidad demostró una verdadera intención de represión. En Turquía (149), un año después de las manifestaciones del movimiento Occupy Gezi, la impunidad no hizo sino alentar a los policías a recurrir a la violencia: golpes con porra, uso de gas lacrimógeno, lanzamiento de chorros de agua, disparos de balas de goma… En Egipto (158), desde el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013, los periodistas, en particular los que trabajan para medios de comunicación relacionados de manera directa o indirecta con los Hermanos Musulmanes, han sido tomados como blanco por las fuerzas del orden. En Yemen (168) 15 periodistas fueron golpeados y amenazados con armas de fuego por las fuerzas antidisturbios en las protestas locales de Adén, en junio de 2014. En Hong Kong (70), al margen de las manifestaciones del movimiento Occupy Central, los abusos de la policía fueron frecuentes: periodistas y camarógrafos fueron víctimas de agresiones físicas, de acoso moral y hasta sexual. La policía no dudó incluso en recurrir al crimen organizado para cometer sus malas acciones.En Venezuela (137) la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disparó deliberadamente a los periodistas, pese a que se encontraban claramente identificados como tales. Mildred Manrique fue amenazada y agredida al menos cuatro veces entre febrero y mayo de 2014 cuando cubría las manifestaciones contra la inseguridad, la inflación y la carestía (de productos básicos, de electricidad, etc.). En Brasil (99), Karinny de Magalhães fue insultada y golpeada por la policía militar cuando cubría las protestas contra el gasto público por la Copa Mundial de Futbol. Policías le dijeron que los periodistas eran “el cáncer del mundo y todos deberían morir”. En Grecia las fuerzas antidisturbios (MAT) persistieron en reprimir a fotógrafos, camarógrafos y técnicos de audio, considerados testigos molestos, en un clima de impunidad.
… e pelos manifestantes
Las agresiones no sólo fueron perpetradas por las fuerzas del orden, sino también por los manifestantes que, lejos de considerar a los periodistas observadores independientes, a menudo los asocian a la parte hostil del conflicto. En Tailandia (134) los canales del Estado no cubrieron o abordaron de manera sesgada las manifestaciones contra el gobierno que sacudieron el país en noviembre de 2013. La frustración frente a este hecho dio lugar a agresiones a periodistas por su supuesta cobertura “progubernamental”. Los manifestantes irrumpieron en las instalaciones de seis canales de televisión, exigiendo que se difundieran sus declaraciones y que no se cubriera ninguna información relacionada con el gobierno. Algo similar ocurrió en Hong Kong, donde fueron asediadas las oficinas de medios de comunicación. En Venezuela también fueron atacadas instalaciones de medios de comunicación durante las protestas masivas. Las manifestaciones durables en este país ha sido terreno fértil para la aparición de grupúsculos civiles violentos, que no han dudado en usar cocteles Molotov y otros explosivos. En Haití (53), en medio de una fuerte polarización, con gran frecuencia se identifica a los periodistas como parte de uno u otro grupo político, por lo que suelen ser agredidos o insultados por los manifestantes del otro bando. En Francia (38) la violencia verbal y física contra los periodistas es cada vez más frecuente. “Periodistas, colaboradores”, gritaban los manifestantes que agredieron a periodistas de Canal Plus el 26 de enero de 2014, “Día de Cólera” (Jour de colère), en una protesta contra las acciones gubernamentales. En ocasiones la situación fue tan tensa que los medios recurrieron a guardaespaldas para proteger a sus enviados especiales.
Chuva de detenções e condenações arbitrárias
Además de la violencia, los profesionales de los medios de comunicación a menudo padecen detenciones y sentencias arbitrarias. En Bahréin (163) sigue siendo frecuente que quienes cubren manifestaciones sean detenidos, torturados o reciban malos tratos. Algunos actores de la información fueron juzgados por cargos falsos y sancionados con duras penas de prisión por haber documentado la represión de las manifestaciones del movimiento “Tamarod” contra el gobierno, en julio de 2013. En Egipto (158) al menos quince periodistas fueron interpelados en las manifestaciones por la conmemoración del tercer aniversario de la Revolución, el 25 de enero de 2014. En Argelia (119), ante la cercanía de las elecciones presidenciales efectuadas el 17 de abril de 2014, se registraron numerosas detenciones de periodistas, al margen de las manifestaciones contra un cuarto mandato del presidente Abdelaziz Buteflika. “Visiblemente habían ordenado a los policías que se llevaran a todo el mundo”, señaló Hacen Ouali, periodista de El Watan, quien fue interpelado el 6 de marzo de 2014. En Hong Kong (70) unos periodistas fueron arrestados durante la “Revolución de los Paraguas”. En Venezuela (137), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registró que de febrero a abril de 2014 fueron detenidos más de veinte profesionales de los medios de comunicación. En Estados Unidos (49) al menos 15 periodistas fueron detenidos arbitrariamente durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes ocurridos tras la muerte del afroamericano Michael Brown, asesinado por un policía blanco en Ferguson el 9 de agosto de 2014.
Limitar o eco midiático das manifestações
A estos ataques directos se suma el intento de las autoridades de obstaculizar el trabajo de los periodistas imponiéndoles restricciones desproporcionadas. A muchos de ellos les han robado o destruido su equipo; a otros se les ha impedido el acceso a las manifestaciones. En Turquía (149) las autoridades sólo permitieron el acceso al perímetro delimitado por la policía de Estambul en torno a la plaza Taksim a los periodistas que contaban con una acreditación de prensa otorgada por los servicios del primer ministro.
Algunos países han intentado limitar el eco mediático de las protestas censurando la información relativa a las manifestaciones. Así, durante la Revolución de los Paraguas China (176) redobló sus esfuerzos para restringir la cobertura: bloqueó sitios web; suprimió numerosos posts y comentarios de blogs; desvió imágenes e intentó modificar el tratamiento de la información. En Venezuela, frente a la magnitud que adquirieron las manifestaciones, las autoridades anunciaron que “la cobertura mediática que estaban recibiendo los hechos de violencia” podría ser sancionada. El canal de noticias colombiano NTN24 (que transmitía las reivindicaciones de la oposición) fue sacado del aire para evitar su difusión entre los telespectadores venezolanos.
Criminalizar a cobertura dos protestos
El temor de que los movimientos de protesta se propagaran condujo a los Estados a tomar medidas aún más estrictas para restringir la libertad de reunión e impedir que los medios de comunicación cubrieran estas protestas. En Europa del Este y Asia Central, donde se resintió el “efecto pos Maidán”, se registraron los ejemplos más representativos. Antes de la caída del presidente Viktor Ianoukovitch, el Parlamento ucraniano intentó oponerse al movimiento de protesta penalizando la difamación y facilitando el bloqueo de sitios de Internet sin que hubiera una decisión judicial. Rusia (152) y Kazajistán (160) adoptaron medidas destinadas a penalizar los llamados a participar en las manifestaciones no autorizadas. En la Unión Europea diversos proyectos de ley intentaron limitar en 2013 la libertad de los periodistas de fotografiar a las fuerzas del orden o a los manifestantes. España (33) aprobó, en diciembre de 2014, una ley de seguridad ciudadana que prevé multas de hasta 600.000 euros (para los organizadores de manifestaciones), en la cual se contemplaba sancionar la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad.
Cuando se les pregunta sobre estos múltiples ataques a sus derechos los periodistas muestran la misma perplejidad: “Sólo hacía mi trabajo”, repiten incansablemente. A la necesidad de proteger a los actores de la información, se suma la urgencia de que los Estados demuestren una mayor voluntad política para luchar contra la impunidad. Para que no se repitan estos actos de violencia es imperativo que los autores de estas obstrucciones al trabajo de los periodistas y de las agresiones que estos sufren durante las manifestaciones, rindan cuentas ante la justicia.
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