REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS
Cuando a un periodista se le asesina, se le tortura o desaparece, lo que se intenta es matar a la libertad de prensa. Cuando, además, los responsables disfrutan de una impunidad total, lo que se sacrifica es el derecho de las víctimas a la verdad, y se burla el deber de cada Estado a la verdad.
Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles trazan, por primera vez, la lista de los veintiún países en los que los asesinos, los responsables de desapariciones y los torturadores de periodistas, disfrutan de la complicidad total o parcial del aparato del Estado. En esos países, a menudo la tortura es una política del Estado, el aparato judicial está controlado por el ejecutivo, o los gobernantes corruptos protegen a los criminales. Esos países son : Argelia, Angola, Bangladesh, Birmania, Brasil, Burkina Faso, Camboya, China, Colombia, Federación de Rusia, Haití, Irak, Irán, Kosovo, Nepal, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Siria, Tadyikistán y Ucrania.
Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles levantan acta también de nueve países en los que la impunidad se mantiene, pero que manifiestan una voluntad política de terminar con ella, dotando de medios suplementarios a la institución judicial y a la policía, modificando su legislación, cambiando notablemente su forma de gobernar o permitiendo que se celebren procesos sin precedentes. Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles consideran que esos Estados todavía tienen que demostrar que el proceso es irreversible. Esos "países bajo vigilancia" son : Georgia, Indonesia, México, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Serbia-Montenegro, Sri Lanka y Turquía.
Pero Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles quieren mencionar igualmente a los países que han decidido plantarle cara al problema. En Chile, por ejemplo, la investigación en Santiago del juez Guzmán, sobre el asesinato del periodista norteamericano Charles Horman, ejecutado por los militares en septiembre de 1973, es un primer ejemplo. En Afganistán, el gobierno interino de Hamid Karzai aprobó, el 7 de junio de 2002, la creación de una Comisión de Derechos Humanos, encargada entre otras cosas de investigar sobre las anteriores violaciones de los derechos humanos. Lo que permite esperar que no quedarán sin castigo los asesinatos de diez periodistas, cometidos entre 1992 y 2002. En Timor Oriental, ha sido la justicia internacional la que ha demostrado su eficacia. El 11 de septiembre de 2001, un tribunal especial creado por Naciones Unidas condenó, a penas que llegan hasta treinta y tres años de cárcel, por "crimen contra la humanidad", a diez miembros de una milicia pro-indonesia que, entre otras cosas, fueron reconocidos culpables del asesinato, el 25 de septiembre de 1999, de Agus Mulyawan, un periodista indonesio independiente que trabajaba para la agencia japonesa Asia Press. Todo ello son pruebas de que la impunidad no tiene por qué ser ineluctable.
Finalmente, Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles recuerdan que, de los 523 periodistas muertos entre 1992 y 2002, 347 fueron deliberadamente asesinados : 128 por sus opiniones, 67 por haber denunciado la corrupción y 179 en zonas de conflicto, en las que sin embargo estaban identificados como reporteros.
Los veintiún países en los que reina la impunidad
Argelia
A pesar de los compromisos del presidente Bouteflika, las autoridades no han adoptado ninguna iniciativa concreta para aclarar la suerte de los miles de hombres, y de mujeres, que se llevaron las fuerzas de seguridad y que, desde 1993, se dan por "desaparecidos". Tampoco han investigado seriamente la verdad en los asesinatos de cincuenta y siete periodistas, y la desaparición de otros cinco, entre 1993 y 1997. Ha habido muy pocas denuncias contra las fuerzas del orden, y aun menos se han ordenado condenas, "confirmando así implícitamente la impunidad de hecho que disfrutan sus miembros" ["Luchar contra la impunidad", bajo la dirección de Louis Joinet, La Découverte, 2002, pag. 102], subraya el jurista Louis Joinet. Aunque, presumiblemente, la mayoría de los periodistas fueron asesinados por grupos armados islamistas, existen pocas dudas de que a otros los hayan matado deliberadamente algunos servicios cercanos al poder, para "eliminar a los molestos, satanizar a los terroristas e intimidar a la prensa", según un observador argelino. Entre los periodistas desaparecidos, se sabe seguro que tres de ellos fueron secuestrados por miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, a pesar de las investigaciones, a menudo efectuadas deprisa y corriendo, y de las declaraciones en ocasiones mentirosas, sus familias esperan obtener una reparación.
Angola
Para la prensa angoleña, 1995 y 1996 fueron dos años negros. El 18 de enero de 1995, Ricardo de Mello, director de la carta de información diaria Imparcial Fax, apareció muerto en la escalera que conducía a su domicilio. No habían robado ni el dinero ni los documentos de identidad del periodista, que había recibido numerosas amenazas, por parte de algunos oficiales. La bala que le mató es del modelo que utilizan las unidades de la guardia presidencial. En 1996 fueron asesinados otros dos periodistas, entre ellos Antonio Casimiro, corresponsal de la Televisao Popular de Angola en Cabinda, en la noche del 29 al 30 de octubre. En el momento en que se produjeron los hechos, el obispo de la región, Dom Paulino Makeda, acusó a los policías. En vano, pero esos dos asesinatos tienen un punto en común : no se ha efectuado ninguna investigación seria, no se ha manifestado ninguna voluntad política para encontrar a los asesinos de los dos periodistas, conocidos por sus posturas críticas en relación con el poder nacional y local. En 2002, las investigaciones se encuentran en punto muerto. No hay ningún hecho nuevo que pueda permitir a sus familias conocer finalmente la verdad.
Bangladesh
La constatación es muy amarga : desde el regreso a la democracia en 1991, no ha llegado a término ningún proceso sobre asesinatos de periodistas. El caso de Shamsur Rahman, colaborador del diario Janakantha y corresponsal de la BBC, "ejecutado" de dos balazos en julio de 2000, resulta muy revelador sobre la impunidad que reina en Bangladesh. Sin embargo, el Departamento de Investigación Criminal (CID) de Jessora efectuó una investigación cuidada y rápida. Y así, fueron designados algunos sospechosos y posteriormente encarcelados, en 2001. Pero, con motivo del regreso en octubre al poder del Bangladesh Nationalist Party (BNP) , del que son simpatizantes algunos de los presuntos culpables, volvió a abrirse la investigación y se puso en libertad a los sospechosos. En poco más de siete meses de ejercicio del gobierno conservador de Khaleda Zia (BNP), un reportero ha sido asesinado y ciento cuarenta y cinco periodistas agredidos y amenazados de muerte. El clima de impunidad propicia el mantenimiento de una violencia constante contra la prensa. Y, como subrayan muchos periodistas locales, "resulta imposible trabajar con una pistola en la sien" [Informe de Reporteros Sin Fronteras : "Bangladesh : una violencia exacerbada pone en peligro la libertad de prensa", junio de 2002]. Sobre todo, porque el Estado no hace nada para que cesen esas prácticas, ni para luchar contra la impunidad, su inevitable corolario en Bangladesh.
Birmania
"Para debilitarte, te colocan en una celda aislada, y te interrogan a cualquier hora. (…)Entonces te obligan a permanecer durante decenas de horas sin alimento, o sin el derecho a lavarte", testimonia un periodista birmano, ex detenido en la cárcel de Insein, mientras que un colega recuerda que "te llueven golpes e insultos" [Informe de Reporteros Sin Fronteras: "Birmania: dieciocho profesionales de los medios de comunicación continúan tras los barrotes", julio de 2001]. Tortura generalizada y condiciones de detención inhumanas : los militares de la junta de Rangún (el SPDC) se encarnizan, con total impunidad, con los presos políticos y de opinión, entre los que se encuentran, en la primavera de 2002, al menos dieciséis periodistas. En septiembre de 1999, Thar Win, fotógrafo del diario gubernamental Kyemon, murió en un centro de detención del MIS (Military Intelligence Service), después de que le dieran una paliza. Probablemente por error, dejó que se publicara un comentario descortés bajo una foto de un general miembro de la junta. Es uno de los cuatro periodistas que han muerto, mientras estaban detenidos, desde 1998. La célebre periodista San San Nweh, puesta en libertad el 18 de julio de 2001, después de siete años en la cárcel, explica : "En la cárcel, el que no está enfermo, se pone enfermo. Y el que ya está enfermo, se aproxima a la muerte". En cuanto a los torturadores, simples ejecutantes o generales en el poder, por el momento nada parece acercarles a un tribunal que juzgue sus actos y haga, finalmente, justicia a sus víctimas.
Brasil
Desde 1991 han sido asesinados catorce periodistas, y de ellos siete en el Estado de Bahía, donde es total la impunidad de los asesinos, ya que hasta la fecha no se ha concluido ninguna investigación. Un caso emblemático de la situación : el asesinato de Manoel Leal de Oliveira, el 14 de enero de 1998. El director del semanario A Regiao en Itabuna, había atacado al alcalde de la ciudad, en las páginas de su periódico. Marcel Leal de Oliveira, el hijo del periodista, denunció en varias ocasiones el hecho de que Marcone Sarmento, uno de los presuntos asesinos y conocido matón a sueldo, contra el que existía una orden de detención, fue visto en varias ocasiones, a finales de 2001, andando tranquilamente por la ciudad. Los agentes del Estado encargados de las investigaciones no parecen haber oído sus llamadas. Para Marcel Leal, "los principales sospechosos disfrutan de la protección de personas que controlan a la policía y a la justicia de Bahía". Que, en cierta manera, disfrutan de la benevolencia del poder central, que no hace absolutamente nada para que finalmente sean castigados los asesinos de periodistas.
Burkina Faso
Cuando se evoca la impunidad en este país se habla, inevitablemente, del "caso Zongo", nombre del director de L’Indépendant, asesinado junto a tres compañeros, el 13 de diciembre de 1998. En Ouagadougou, la investigación presenta numerosos fallos, intenta proteger a personajes de alto rango y se está efectuando a un ritmo anormalmente lento. Sin embargo, una comisión de investigación independiente ha designado a "seis serios sospechosos", todos ellos miembros del Regimiento de la seguridad presidencial. Se abrió una instrucción judicial, que ha llevado al juez Wenceslas Ilboudo a inculpar, y ordenar la detención, de uno de ellos, Marcel Kafando, por "asesinato" e "incendio voluntario". Pero los inductores permanecen en libertad y, finalmente, nadie les molesta. Como François Compaoré, el hermano del presidente de la República, ampliamente implicado en el caso, y al que el juez de instrucción solamente ha interrogado una vez…cuando habían pasado más de dos años de los hechos. Además, el empeoramiento del estado de salud del ayudante Kafando hace temer que el caso se cierre próximamente, por falta de pruebas y de elementos suficientes para ascender en la jerarquía de las responsabilidades.
Camboya
El 24 de septiembre de 1993 se promulgó la nueva Constitución de Camboya : el país debía comprometerse en una nueva era después de los crímenes de los khmers rojos, la ocupación vietnamita y la tutela de Naciones Unidas. Sin embargo, entre 1994 y 1997 fueron asesinados cuatro periodistas, mientras se multiplicaban los asesinatos por motivos políticos. Hay dos casos que llaman la atención. El de Nuon Chan, director de Samlag Yuvachon Khmer, al que mataron dos hombres que iban en una moto. Entonces se obtuvieron las confesiones de dos falsos sospechosos, que más tarde quedaron en libertad. Un mes y medio después del drama, el diario tailandés The Bangkok Post afirmó que el Primer Ministro, el príncipe Norodom Ranariddh, ordenó abandonar la investigación : su partido, el Funcinpec, mantenía estrechas relaciones con los presuntos asesinos. De hecho, las investigaciones nunca se iniciaron realmente. Otro asunto con el mismo resultado : el 18 de mayo de 1996, Thun Bun Ly, director de Uddomgatikhmer, fue asesinado de varios disparos en la espalda. Una semana antes, en las páginas de su periódico, había atacado violentamente a la esposa del Primer Ministro y hombre fuerte del régimen, Hun Sen. En 1995 fue condenado a dejar de publicar el periódico, por sus críticas contra el gobierno. En 2002, sus asesinos están en libertad y no se ha efectuado ninguna investigación digna de este nombre, para encontrarles y juzgarles.
China
Todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos llegan a la misma conclusión : la tortura es una práctica generalizada en las cárceles chinas, una verdadera política de Estado. Pero sus autores no son casi nunca sancionados, y mucho menos juzgados. Numerosos periodistas encarcelados han sido víctimas de violencias y malos tratos repetidos, equiparables a la tortura, que durante años les han infligido sus carceleros, con total impunidad. Yu Dongyue, periodista y crítico de arte de Noticias de Liuyang, detenido el 23 de mayo de 1989 y condenado, en un primer momento, a veinte años de cárcel, es uno de ellos. Durante el año 1997 se supo que estaba afectado de graves trastornos mentales, despu&eaeacute;s de haber pasado al menos seis meses en una celda de 3 m2. También le habían pegado frecuentemente. Según un antiguo compañero de cárcel, el periodista se arrodillaba cuando veía a un guardián y lamía el suelo, cubierto de escupitajos. Igualmente, la esposa de Huang Qi, "ciberdisidente" creador del sitio de Internet www.6-4tianwang.com, encarcelado desde el 3 de junio de 2000, afirma que a su marido le han pegado en la cárcel. Tiene una cicatriz en la frente y le falta un diente, como consecuencia de los golpes de sus guardianes. También precisa que ha perdido mucho peso. Esta lista, bien entendido, no es exhaustiva ; existe una legión de ejemplos en las cárceles chinas.
Colombia
En 1991, se creó una Unidad de Derechos Humanos, en el Ministerio Fiscal. En 1999, se puso en marcha una sub-unidad, con cuatro jueces de instrucción encargados de investigar exclusivamente los casos relativos a los periodistas. Actualmente tienen treinta y cinco casos, de los que treinta son casos de asesinatos cometidos entre 1986 y 2001. Sin embargo, el balance es muy escaso : al día de hoy, solo han sido condenados los ejecutores del asesinato de Ismael Jaime Cortés, director del diario La Opinión, muerto el 6 de mayo de 1992. En otros cinco casos, los presuntos asesinos se encuentran tras las rejas, en espera de proceso. Por tanto, el problema de la impunidad se mantiene completamente. Entre 1999 y 2001, catorce periodistas encontraron la muerte en Colombia. Se estima que a ocho de ellos los mataron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, grupo paramilitar cercano al ejército). En la primavera de 2001, su líder, Carlos Castaño, reconoció que las AUC habían ejecutado a "dos periodistas locales que eran, de hecho, guerrilleros". La puesta en libertad, en abril de 2001, de los presuntos asesinos de Nelson Carvajal, periodista de Radio Sur, asesinado en abril de 1998, plantea otra cuestión : la del lugar en que deben celebrarse los procesos. En efecto, la Constitución establece que tengan lugar en la región en que se cometió el crimen, donde los magistrados se ven sometidos a fuertes presiones locales. Además la evasión, en septiembre de 2001, de un diputado implicado en los asesinatos de dos periodistas, es un ejemplo de hasta qué punto la corrupción participa igualmente de esta impunidad que gangrena a Colombia.
Federación de Rusia
Solo en el año 2001, cinco periodistas fueron asesinados, y un sexto desapareció. El 17 de mayo de 2001, Vladimir Kirsanov, redactor jefe del diario independiente Kurganskie Vesti, desapareció cuando llegaba a su oficina. Su automóvil se encontró en el aparcamiento de la redacción del periódico. El 23 de mayo siguiente, se abrió una investigación. En vista de la falta de resultados, Reporteros Sin Fronteras y la Red Damocles efectuaron, en marzo de 2002, su propia investigación sobre este caso. El informe de las organizaciones destaca la falta de medios suficientes para la búsqueda de la verdad, y las numerosas lagunas de la investigación : otros tantos incumplimientos que sirven de base a la impunidad. La última sombra del cuadro : mientras que el 7 de junio de 2002, un procurador pidió penas que iban de nueve a quince años de cárcel, para los seis militares acusados del asesinato de Dmitri Kholodov, del diario Moskovski Komsomolets, el 26 de junio de 2002 quedaron todos ellos en libertad. En octubre de 1994, el periodista resultó muerto por la explosión de un maletín bomba ; un atentado perpetrado siguiendo las órdenes del jefe de los servicios de información de las fuerzas paracaidistas. El procurador declaró : "Es particularmente escalofriante que unos profesionales aguerridos, que son oficiales condecorados y con medallas, ataquen y maten a civiles". Solo queda esperar que ese discurso cree un día jurisprudencia en Rusia.
Haití
"Desde hace dos días, por fin respiro…Por una vez, no se ha matado a nadie en Puerto Príncipe. Soy policía (…). En dos meses, he asistido a la ejecución de unas cincuenta personas" [Le Monde, 12 de diciembre de 2001]. Este testimonio, de un miembro de la nueva fuerza de policía (PNH), da una idea de las prácticas de las fuerzas del orden haitianas contra presuntos criminales, tras el regreso al poder del presidente Aristide, en febrero de 2001. Por otra parte, el jefe del ejecutivo no duda en utilizar a sus partidarios, a veces simples maleantes, para agredir e intimidar a los periodistas que no se alían con su causa. Uno de ellos, Brignol Lindor, director de información de Radio Echo 2000, murió asesinado el 3 de diciembre de 2001. Sus asesinos cuentan con la complicidad de las autoridades, lo mismo que los de su colega Jean Dominique. El director de Radio Haïti fue asesinado en abril de 2000 y, en contradicción con las declaraciones oficiales, prácticamente todas las instituciones del Estado han obstaculizado la investigación : el Ministerio de Justicia nunca ha garantizado, de forma satisfactoria, la seguridad del juez de instrucción que, sin embargo, estaba amenazado. La policía se ha negado a ejecutar las órdenes de conducción, y también es sospechosa de haber entregado a Panel Rénélus, un importante sospechoso, a una masa de manifestantes, que le mataron a golpes de machete, el 9 de noviembre de 2001. Finalmente, el Senado se ha negado a levantar la inmunidad de uno de sus miembros, Toussaint que, sin embargo, es el principal sospechoso. En este contexto, solo la impunidad está a salvo.
Irak
El 29 de marzo de 1991, durante la guerra del Golfo, Gad Gross, fotógrafo alemán y colaborador del semanario norteamericano Newsweek, fue ejecutado junto con su guía, por militares iraquíes, en el noroeste del país. No existe ninguna información que haga pensar que, en algún momento, se haya molestado o sancionado, y mucho menos juzgado, a los soldados implicados en este asesinato. Igualmente, las autoridades iraquíes se niegan a facilitar cualquier información sobre los responsables de la desaparición de Azxiz al-Sayed Jasim, periodista de Al Qadissiya, ocurrida en abril de 1991, detenido en algún lugar secreto por haberse negado a escribir un libro de alabanza de Saddam Hussein. Desde hace años, muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian sin cesar la práctica sistemática de la tortura, y las ejecuciones extrajudiciales en Irak. Hachem Hassan, redactor jefe del diario Azzaura, detenido en septiembre de 1999, después de haber rechazado un puesto ofrecido por el hijo del Presidente, Udai Hussein, fue torturado y le han quedado secuelas en el ojo y el rostro. Bien entendido, ni la administración ni la justicia de Saddam Hussein, guardián de la ley, castigan nunca estas prácticas. Y de ahí, la impunidad.
Irán
En enero de 2001, quince agentes del Ministerio de Información fueron condenados a graves penas de cárcel, por el asesinato de cinco intelectuales iraníes, entre ellos tres periodistas, ocurrido a finales de 1998. Majid Charif, editorialista del mensual Iran-é-Farda, y los escritores-periodistas Mohamad Mokhtari y Mohamad Jafar Puyandeh, fueron encontrados muertos, después de haber desaparecido algunos días antes. Un cuarto periodista, Piruz Davani, redactor jefe del diario de "izquierda" Piruz, también desapareció en la misma época, pero su cuerpo no se ha encontrado nunca. Lejos de alegrarse por el veredicto, las familias de las víctimas han denunciado la injusticia. En efecto, nada permite afirmar que los asesinos estén en la cárcel. A los inductores, entre ellos Mohseni Ejehi, actual procurador del Tribunal del Clero, y Alí Fallahian, ex Ministro de Información, nunca se les ha molestado. Peor aún, los periodistas que descubrieron su responsabilidad en los asesinatos, Akbar Ganji y Emadoldin Baghi, se pudren hoy en la cárcel. Finalmente, Naser Zarafshan, el único abogado que se atrevió a defender a las familias, estuvo detenido durante un mes. Por otra parte, no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre el asesinato, en marzo de 1997, en Teherán, de Ebrahim Zal Zadeh, director del mensual Me’yar y editor.
Kosovo
Kosovo, actualmente bajo administración internacional, todavía no ha asimilado las prácticas fundamentales para terminar con la impunidad que disfrutan los adversarios de la libertad de prensa. Desde septiembre de 2000, han muerto dos periodistas y otro ha desaparecido. Ciertamente, la policía de Naciones Unidas se ha hecho cargo de los casos. Pero las amenazas, las intimidaciones, incluso las agresiones, por parte de los nacionalistas serbios y albaneses, desaniman a las familias y a los testigos, a la hora de ayudar en la búsqueda de la verdad. Desde el 9 de septiembre de 2000 no se sabe nada de Marian Melonasi, de la Radio Televisión de Kosovo (RTK), uno de los pocos periodistas que se expresa en serbo-croata. Su desaparición, atribuida a algunos extremistas albaneses, todavía no está resuelta en la primavera de 2002, mientras que sus familiares han recibido numerosas amenazas. Además, Shefki Popova, del diario Rilindja, fue asesinado el 10 de septiembre de 2000 ; y Bekin Kastrati, del diario albanófono Bota Sot, el 19 de octubre de 2001. Los asesinos campan a su aire, a pesar de los varios indicios que podrían haber orientado la investigación hacia los medios nacionalistas. Pero, mientras los testigos no se sientan seguros, mientras no se proteja a las familias de las presiones y mientras reine la complicidad en las comunidades, no se castigará a los autores de esas exacciones y no habrá justicia en Kosovo.
Nepal
Desde la proclamación del estado de excepción el 26 de noviembre de 2001, para luchar contra el movimiento "terrorista maoísta", Nepal ha caído en una espiral de represión acompañada de actos de tortura, en la impunidad más total para el ejército y la policía. Más de ciento veinte periodistas han sido detenidos y, al menos tres de ellos han sufrido malos tratos y humillaciones, equiparables a la tortura. "Los militares hacen lo que quieren. Violando completamente la ley, detienen, interrogan, torturan y encierran a sospechosos, entre otros a periodistas" [Informe de Reporteros Sin Fronteras: "Nepal: las consecuencias sobre la libertad de prensa de cuatro meses de estado de excepción y de lucha contra el terrorismo maoísta", marzo de 2002], denuncia Subodh Raj Pyakurel, responsable de la organización de defensa de los derechos humanos, Insec. El 2 de diciembre de 2001, Shankar Khanal, corresponsal de la emisora pública Radio Nepal y del diario Space Times, fue detenido junto a Ganga Bista, corresponsal de la televisión pública nepalesa y del diario local Chautari Times. Ambos fueron torturados para que revelaran sus contactos maoístas. "Los policías les obligaron a desnudarse, luego les golpearon y les rociaron con agua caliente y agua fría. Varias veces al día", testimonia Subodh Raj Pyakurel. Además, la esposa del periodista Bijay Raj Acharya, detenido el 9 de enero de 2002 y puesto en libertad el 16 de marzo, afirma : "Mi marido fue torturado durante los dos o tres primeros días de su detención, en el cuartel Balaju del ejército. Le ataron las manos y los pies y recibió descargas eléctricas". Según muchos testimonios coincidentes, estas prácticas se llevan a cabo ampliamente contra cualquier persona sospechosa de apoyar a los maoístas. El Primer Ministro nepalés, Sher Bahadur Deuba, declaró a Reporteros Sin Fronteras : "Si se han cometido errores, los individuos quedarán en libertad y se les compensará". Una declaración en forma de confesión piadosa mientras el ejército nepalés parece disfrutar de libertad, para cometer sus crímenes con total impunidad.
Ruanda
A pesar de las numerosas debilidades y lagunas, Kigali ha dado muestras de su voluntad de querer juzgar a los responsables del genocidio de 1994, durante el que murieron cincuenta y un periodistas : dan prueba de ello su cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda, y la puesta en marcha de un sistema de justicia local, llamado de las gacaca (jurisdicciones tradicionales). A pesar de los muchos inocentes que siguen pudriéndose en la cárcel. Sin embargo, el nuevo poder parece no haber aprendido ninguna lección del pasado, y ahora actúa con toda impunidad, para acallar a los profesionales de la prensa. "Muchos periodistas afirman que si uno de ellos fuera asesinado hoy, la investigación se enterraría enseguida y no se molestaría a nadie" [informe de Reporteros Sin Fronteras: "Ruanda: presiones discretas y dirigidas", noviembre de 2001], afirma un reportero de Kigali. De hecho, dos periodistas fueron asesinados, y otros dos desaparecieron, desde agosto de 1995, bajo el gobierno del Frente Patriótico Ruandés (FPR). Todo hace pensar que el poder y el Ejército Patriótico Ruandés (APR), están implicados en esos crímenes, que ninguna investigación seria intenta dilucidar. Es el caso de Manasse Mugabo, responsable de la sección en kinyarwanda de Radio Minuar, la emisora de Naciones Unidas, que desapareció el 19 de agosto de 1995. Ante la mala voluntad de las autoridades, la misión de la ONU decidió hacer pública la desaparición del periodista, que había recibido amenazas directas de oficiales del APR. Nunca se ha encontrado su cuerpo, ni tampoco a los responsables de su rapto, y seguramente de su muerte. Evidentemente, disfrutan de la complicidad del poder.
Sierra Leona
Tras la firma de los acuerdos de paz de Abidján, en noviembre de 1996, han muerto quince profesionales de la prensa, y de ellos ocho fueron asesinados deliberadamente por rebeldes del RUF (Frente Revolucionario Unido), en enero de 1999, y otros tres en 2000. Por otra parte, Abdul Juma Jalloh, director de información del trisemanal privado African Champion Newspaper, fue ejecutado en febrero de 1999, por soldados de la Ecomog (la fuerza de interposición de la Comunidad Económica de los Estados de Africa del Oeste), acusada de numerosas exacciones contra civiles sospechosos de apoyar a los rebeldes. El principal colaborador del periodista, Mohamed D. Koroma, declara : "No sé si había oficiales, tan solo vi a un militar con un galóoacute;n, quizá un teniente (…) Llegaron al hospital Connaught y pasaron detrás del edificio. Llegados al borde del agua, fusilaron a Jalloh y a otras ocho personas (…) [Informe de Reporteros Sin Fronteras – Red Damocles:"Sierra Leona: poner fin a la impunidad del RUF y del Ecomog", mayo de 2002]. No se efectuó ninguna investigación en el seno de la fuerza de interposición, para castigar y juzgar a los asesinos. Algunos de sus superiores jerárquicos siguen ocupando puestos de oficiales, en el ejército nigeriano. En cuanto a los rebeldes del RUF culpables de haber asesinado a los periodistas, continúan viviendo con toda libertad, y en completa impunidad, en un país que, sin embargo, se ha pacificado. De momento, solo el tribunal Especial para Sierra Leona, propuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y del que el Parlamento sierraleonés aceptó la creación en marzo de 2002, podría obligarles un día a rendir cuentas de sus actos.
Somalia
El caso Ilaria Alpi, nombre de una enviada especial de la RAI, el canal italiano de televisión pública, ilustra perfectamente la impunidad que reina en Somalia, país desorganizado preso de la lucha de clanes. Fue necesario que abriera una investigación la justicia italiana, de donde era natural la periodista, asesinada junto a su camarógrafo checo Miran Hovratin, el 20 de marzo de 1994, en Mogadiscio, para que algunos sospechosos fueran detenidos, y luego juzgados. Italia dio así un buen ejemplo de la eficacia de la competencia universal de los tribunales. En efecto, el 24 de noviembre de 2000, el Tribunal de apelación de Roma condenó a cadena perpetua a Hashi Omar Hassan, un somalí de 34 años, por el asesinato de los dos periodistas. Sin embargo, aun existen zonas de sombra en el caso, porque Somalia nunca ha abierto sus puertas para que los jueces italianos pudieran investigar realmente sobre el terreno. Además, no se ha hecho nada para encontrar a los asesinos de los cuarenta y dos periodistas muertos, entre 1991 y 1996, en un país en el que los tráficos, las luchas entre los poderes locales y la justicia caduca impiden cualquier investigación seria.
Siria
Evidentemente, el antiguo presidente Hafez el-Assad, fallecido en 2000, nunca será juzgado por los crímenes que cometió ; entre otros el de haber institucionalizado la tortura y permitir que la practicaran, con total impunidad, los agentes del Estado. Los numerosos presos de opinión, entre ellos algunos periodistas como Nizar Nayyouf, que han conocido la cárcel y la tortura, probablemente nunca verán a sus "verdugos" detrás de los barrotes. Se han censado hasta cuarenta tipos de sevicias. La más corriente es "la silla alemana" : una silla metálica que consta de partes móviles y provoca una extensión extremada de la columna vertebral, lo que lleva casi a la asfixia, a veces a la fractura de las vértebras y a una parálisis de los miembros inferiores. Algunos testimonios hablan de presos muertos, como consecuencia de las torturas : algunos de ellos murieron de neumonía, después de haberles introducido, inconscientes, en baños helados durante varios días. Otros sucumbieron a consecuencia de golpes, descargas eléctricas, fracturas o quemaduras. Al día de hoy, Bachar el-Assad, el hijo del antiguo dictador, hoy en el poder, todavía no ha manifestado la voluntad de terminar con la impunidad de los funcionarios criminales y sus mandatarios.
Tadyikistán
?Qué queda de las investigaciones sobre los treinta y dos periodistas muertos desde 1992, de los que dieciocho fueron sin duda asesinados por sus opiniones o por su actividad profesional ? ?Dónde están los asesinos de Viktor Nikouline, corresponsal del canal de televisión ruso ORT, abatido en su oficina con una bala en plena cabeza, el 28 de marzo de 1996 ??Quién, en Duchanbe, investiga todavía el asesinato de Muhiedine Olimpur, corresponsal del servicio persa de la BBC, ejecutado el 12 de diciembre de 1995 ? Estas preguntas continúan sin respuesta en un país en el que, tras la guerra civil, la impunidad sigue teniendo fuerza de ley, y donde sigue sin existir el derecho de las familias a la verdad y a la justicia.
Ucrania
El nombre de Georgiy Gongadze suena como el símbolo de la impunidad que disfrutan los más altos dirigentes ucranianos. El redactor jefe del diario digital pavda.com.ua, cuyo cuerpo decapitado se encontró el 2 de noviembre de 2000, era muy crítico con el poder. Es más que probable que le mataran por sus escritos. Pero el aparato del Estado está obstaculizando gravemente la búsqueda de la verdad. El ministerio fiscal y el ministerio del Interior se oponen a cualquier investigación seria sobre la desaparición y la muerte del periodista. A lo largo de toda la investigación, efectuada con el único objetivo de proteger al poder, se han cometido faltas de una enorme gravedad. Esta determinación del ejecutivo parece tener como único objetivo garantizar la impunidad de sus representantes, y especialmente del presidente Kutchma, directamente implicado en este caso.
Desgraciadamente el "caso Gongadze" no es un hecho aislado, ya que siete de sus colegas han sido asesinados desde 1997, sin que posteriormente se hayan efectuado investigaciones serias. En octubre de 2001, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas pidió a Ucrania que "vele para que todas las acusaciones de tortura sean objeto de una investigación eficaz, efectuada por una autoridad independiente, y para que las personas responsables sean procesadas, y las víctimas indemnizadas correctamente" .
Los nueve países que están bajo vigilancia
Georgia
Dos periodistas han muerto, desde 2000, y han sido investigados sus casos. El 26 de julio de 2001, Georgiy Sanaya, presentador estrella del canal de televisión independiente Rustavi 2, apareció asesinado con una bala en la cabeza. El presidente georgiano respondió inmediatamente al asesinato, ordenando al Ministerio fiscal, a la policía y a los servicios especiales, que buscaran a los culpables. En diciembre, fue detenido un empleado del Ministerio del Interior, que declaró haber cometido el crimen. Sin embargo, en este caso se impone la vigilancia y la confianza en los gobernantes georgianos debe ser limitada, mientras sigan bajo cautela las prácticas judiciales en la región del Cáucaso. Porque la muerte de Georgiy Sanaya se inscribe en un contexto de acoso, incluso de amenazas, de las autoridades a los periodistas de Rustavi 2. Y podría implicar a personajes situados muy altos. Igualmente, la muerte de Antonio Russo, gran reportero italiano cuyo cuerpo fue encontrado en los alrededores de Tbilisi, en octubre de 2000, cuando regresaba de Chechenia, plantea preguntas acerca de la implicación de los servicios secretos georgianos. Y todo ello, a pesar de la manifiesta voluntad de las autoridades para que se aclare este caso.
Indonesia
Ahora ya existen herramientas jurídicas para luchar contra la impunidad en Indonesia : los "crímenes contra la humanidad", "crímenes de guerra" y otros crímenes "sistemáticos o a gran escala", ahora están reconocidos en el código penal (ley n? 26) ; la comisión nacional de derechos humanos (Komnas HAM) tiene un poder de investigación parecido al de la policía ; la ley autoriza la creación de tribunales ad hoc, para juzgar a los culpables de violaciones de los derechos humanos, especialmente las cometidas en Timor Oriental ; incluso se ha considerado la posibilidad de establecer una comisión de reconciliación nacional, siguiendo el modelo sudafricano. Además, por primera vez en mucho tiempo, un oficial de la policía ha sido condenado en el caso del asesinato de un periodista. El 20 de agosto de 2001, Edy Wuryanto, purgó diez meses de encarcelamiento, por "retener informaciones" durante la investigación del asesinato de Fuad Muhammad Syafruddin, del diario Bernas, golpeado hasta la muerte en su domicilio de la región de Yogyakarta (Java), en 1996. Poco después de suceder estos hechos, la policía intentó que condenaran a un inocente, al que un tribunal puso en libertad posteriormente. Desde un punto de vista legislativo, político y judicial, estas señales son esperanzadoras. Sin embargo, todavía es pronto para decir que Indonesia se ha comprometido definitivamente en el camino de la lucha contra la impunidad. Porque las familias de los cinco periodistas australianos muertos en Timor Oriental en 1975, a manos del ejército indonesio, y la de Sander Thoenes, reportero neerlandés ejecutado cerca de Dili, en septiembre de 1999, "por hombres que llevaban un uniforme del ejército indonesio", según un testigo, siguen esperando que sean finalmente juzgados los responsables militares de esos crímenes que, sin embargo, fueron claramente identificados.
México
La impunidad no se ha desaparecido de México, y está muy lejos de hacerlo. No todos los asesinos de los dieciséis periodistas muertos entre 1992 y 2001, han sido detenidos ni juzgados. Pero, sin embargo, algunas investigaciones han terminado en procesos y en condenas, que hacen presagiar una política cada vez más eficaz contra los criminales. El 17 de abril de 2001, fueron condenados a treinta y tres años de cárcel los responsables del asesinato de Jesús Abel Bueno León, director del semanario Siete Días, cometido en Chilpancingo (Estado de Guerrero) en mayo de 1997, y el procurador identificó al inductor, un extranjero huido. El 2 de mayo de 2001, fueron tres los hombres condenados a pagar veinticinco años de reclusión criminal por el asesinato de un periodista. Benjamín Flores González, fundador del diario La Prensa, fue abatido en julio de 1997, por orden del hermano de un célebre narcotraficante, encarcelado en Estados Unidos, y nombrado por el juez durante el proceso. Desgraciadamente, aunque la justicia progresa, los asesinatos continúan, especialmente en la frontera con Estados Unidos : el 18 de enero de 2002, el periodista Félix Alonso Fernández resultó muerto, tras haber denunciado las presuntas relaciones entre un cargo electo y algunos narcotraficantes. Una muerte que representa un nuevo desafío, para la justicia mexicana.
Mozambique
En Africa, la impunidad de los asesinos de periodistas no es una fatalidad. Como lo prueba la investigación sobre el asesinato de Carlos Cardoso, en Mozambique. El 22 de noviembre de 2000, el director del diario Metical cayó en una auténtica emboscada : resultó mortalmente herido, por varias balas, en la cabeza. El 13 de marzo de 2001, la policía detuvo a dos importantes hombres de negocios, así como a un ex director de la oficina de Maputo del Banco Comercial de Mozambique, implicado por el periodista en un asunto de desvío de fondos. El 22 de mayo, Metical anunció que estaban inculpados seis sospechosos, en total. Dos de ellos, Ayob Abdul Satar y Vicente Ramaya, fueron acusados de ser los inductores. El 10 de septiembre, el juez de instrucción afirmó disponer de los elementos suficientes para abrir un proceso, que debería celebrarse durante 2002. Si las condiciones del proceso son equitativas, los testigos están protegidos y se piden reparaciones proporcionales al crimen, entonces Mozambique habría dado un gran paso en la lucha contra la impunidad.
Nigeria
Desde la vuelta de los civiles al poder en 1999, se ha franqueado una etapa en la lucha contra la impunidad, con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encargada de investigar sobre las violaciones de los derechos humanos que han permanecido sin castigo. Ha recibido más de 10.000 denuncias pero, sin embargo, no ha podido examinar más que alrededor de doscientas. El 14 de marzo de 2001, la Comisión recomendó la exhumación del cuerpo del periodista, asesinado en 1996, Bagauda Kaltho, corresponsal de The News en Kaduna (norte del país), para determinar las causas exactas del deceso. En 1998, las autoridades anunciaron que murió en un atentado, del que era el autor, lo que su familia ha negado siempre. Además, en septiembre de 2001, la Comisión citó al ex dictador militar Ibrahim Babangida, en relación con el asesinato de Dele Giwa, redactor jefe de la revista Newswatch, en 1986. El periodista encontró la muerte en la explosión de un paquete bomba, enviado a su domicilio. El antiguo dirigente de Nigeria siempre se ha negado a testificar, llegando incluso a contestar la competencia de la Comisión, ante el tribunal de apelación. Aunque éste rechazó su demanda, sigue negándose a declarar. A pesar de las dificultades, la Comisión ha hecho público el fruto de sus trabajos, en junio de 2002. Ahora queda por ver lo que hará el gobierno civil de Olusegun Obasanjo.
Filipinas
Trece periodistas han sido asesinados en el país, desde 1992. Otros tantos casos en los que a menudo se enfrentan la voluntad del Estado central de resolver los asesinatos, y la impunidad de los asesinos, debida a la corrupción de la policía y de las autoridades locales, y a la dificultad para encontrar a determinados miembros de los grupos separatistas e integristas. Caso emblemático : el asesinato, en marzo de 1998, de Reynaldo Bancayrin, periodista de la radio DXLL en Zamboanga (sur del país), abatido por dos disparos en la cabeza. Dos días más tarde, el Presidente de entonces, Fidel Ramos, pidió "intensificar la investigación para encontrar a los culpables y llevarles ante un tribunal". El 19 de julio, un sospechoso confesó su participación en el asesinato. Pero nunca se ha molestado a ningún político de la región, a ningún traficante notorio que, sin embargo, fueron denunciados frecuentemente por el periodista, que estaba amenazado de muerte. Por Reynaldo Bancayrin, y sus doce colegas asesinados, Manila tiene que reforzar absolutamente su política de lucha contra la impunidad, para que se haga justicia.
Serbia-Montenegro
El inicio de la cooperación de Belgrado con el tribunal Penal Internacional para la ex – Yugoslavia, abre la esperanza para que un día sean juzgados los asesinos de los periodistas muertos durante las guerras de los Balkanes, a manos de militares yugoslavos. A pesar de que la evolución de las investigaciones oficiales sobre los asesinatos de dos periodistas serbios, en 1999 y 2001, incita a la prudencia. Slavko Curuvija, director de los periódicos Dnevni Telegraf y Evropljanin, fue asesinado delante de su domicilio de Belgrado, en abril de 1999. Según algunos periodistas serbios, las autoridades no han hecho todo lo que estaba en su mano para encontrar a los asesinos y a los inductores, llegando incluso a afirmar algunos, en marzo de 2001, que la justicia les había identificado, pero que se negaba a detenerles. La viuda del periodista denunció una manipulación y declaró igualmente que algunos miembros de los servicios de seguridad intentaban impedir la identificación de los verdaderos responsables. Un argumento análogo es el que se perfila en el caso del asesinato de Milan Pantic, corresponsal en Jagodina (centro de Serbia) del diario Vecernje Novosti. Fue asesinado el 11 de mayo de 2001, tras la publicación de unos artículos sobre la gran criminalidad existente en la región. En este segundo caso, también la justicia parece parcialmente responsable de la impunidad que disfrutan, hasta el momento, los asesinos. Juzgar a los asesinos de estos dos periodistas, y permitir que sus familias conozcan la verdad, sería un gran gesto por parte de Belgrado, para demostrar que puede pasarse finalmente la página de la impunidad. Un signo de esperanza : la condena, a diez años de cárcel, de Dragoljub Milanovic, ex director de la Radiotelevisión Serbia (RTS), declarado responsable, por un tribunal de Belgrado, de la muerte de dieciséis empleados del canal, durante el bombardeo de uno de sus edificios por la OTAN, el 23 de abril de 1999.
Sri Lanka
Una vez que se ha firmado el alto el fuego, las autoridades de Sri Lanka parecen finalmente ser conscientes de la envergadura de las exacciones perpetradas por el ejército, durante el conflicto con los rebeldes del LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Así, el 31 de enero de 2001, el ejército reconoció su papel en las masacres de civiles, entre otras en las de Kokkaddicholai y Batticaloa. Un mes más tarde, el procurador general dictó un acta de acusación contra más de seiscientos policías y soldados, por las desapariciones ocurridas antes de 1994. En junio, dos soldados fueron condenados a seis años de cárcel, al declararse culpables de asesinato y secuestro en 1989. También está retrocediendo la impunidad en el frente de la libertad de prensa. El 7 de febrero de 2002, el Alto Tribunal de Colombo condenó a nueve años de trabajos forzados a dos oficiales del ejército del aire que, cuatro años antes, agredieron y amenazaron de muerte a Iqbal Athas, especialista en cuestiones de defensa en el semanario independiente Sunday Times. Queda por ver si tanto las autoridades, como la justicia, quieren continuar por esta vía. Ahora tienen que demostrar su voluntad para encontrar y juzgar a los asesinos de Rohana Kumara, director del periódico de oposición Satana, muerto en septiembre de 1999 ; y a los de Nimalarajan, colaborador de la BBC en Jaffna (norte de la isla), asesinado en su domicilio en octubre de 2000.
Turquía
Turquía, durante mucho tiempo tierra de impunidad para los asesinos y torturadores de periodistas, intenta ahora mostrar una nueva cara, especialmente desde que, en 1999, presentó su candidatura para la integración en la Unión Europea. Aunque el camino de la justicia es todavía muy largo para las familias de los diecinueve periodistas asesinados desde 1992, y las decenas de los torturados mientras estaban detenidos, en la misma década, algunos ejemplos permiten esperar que estén contados los días de los criminales impunes. Así, el 7 de marzo de 2002, el Tribunal de casación confirmó la condena, a la pena capital, de Irfan Cagrici por el asesinato, en marzo de 1990, en Estambul, de Cetim Emeç, ex director de publicación del diario Hürriyet. Otras cuatro personas también fueron condenadas a penas que iban desde los tres años de cárcel a cadena perpetua. Todas ellas son miembros de una organización islamista (IHÖ). Por otra parte, el 7 de enero de 2001, tres personas fueron condenadas a muerte y otras tres a penas que van de 12 años y medio hasta 19 años de cárcel, entre otras cosas por el asesinato de dos periodistas del diario Cumhuriyet. El editorialista Ugur Mumcu murió en la explosión de su coche, en enero de 1993, mientras que Ahmet Taner Kislali sucumbió por causa de sus heridas, tras haber sido el blanco de un atentado en octubre de 1999. Finalmente, en enero de 2000, el Tribunal de casación confirmó la condena, a siete años y medio de cárcel, por "homicidio involuntario", de cinco policías acusados de matar a Metin Göktepe. Este fotógrafo del diario de extrema izquierda Evrensel, fue abatido a muerte, en enero de 1996. Los tres procesos reflejan el lento, pero constante, cambio de política de Ankara, en materia de impunidad. Una evolución que, sin embargo, deberá confirmarse en el futuro, para convencer de su buena fe.