Asesinato, agresiones, amenazas, procesos legales… el primer semestre de 2015 ha sido terrible para los periodistas en República Dominicana. Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia los graves ataques contra la libertad de información, que se ha visto debilitada por una impunidad persistente y por una fuerte concentración de los medios de comunicación.
Los periodistas que cubren temas delicados, como la corrupción o el narcotráfico, se exponen, entre otros peligros, a violentas represalias y a amenazas de funcionarios o de los cárteles.
El 13 de abril pasado, a 80 kilómetros al norte de Santo Domingo, encontraron muerto al periodista Blas Olivo, quien era director de prensa de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). Desde entonces, la investigación avanza lentamente. El 18 de mayo los familiares, amigos y colegas del periodista organizaron una manifestación para exigir que se resolviera el caso. El jefe de la policía nacional aseguró que no tardarían en arrestar a los principales sospechosos. El 3 de junio pasado, la policía anunció en una conferencia de prensa que el periodista había sido asesinado por miembros del grupo “Latin King”, por órdenes de José Miguel Rodríguez Almonte, quien ya se encontraba encarcelado y a quien se le atribuían más de cien homicidios. El 12 de junio Rodríguez Almonte fue asesinado (de manera extraña) en un supuesto forcejeo con policías en su celda. Éste era un testigo clave para confirmar la hipótesis formulada y seguir la pista de los autores intelectuales del crimen.
Desde el inicio de 2015, RSF ha registrado dos agresiones a periodistas cometidas por las fuerzas del orden y del ejército mientras los reporteros realizaban su trabajo. El 27 de marzo Fausto García fue agredido por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando intentaba filmar una maniobra de este organismo en Navarrete, provincia de Santiago (norte). El 14 de enero el camarógrafo Eduard González, de Telefuturo Canal 23, fue atacado por miembros del ejército dominicano cuando filmaba los incidentes frente a una oficina de la Comisión Electoral, en la zona de Trianitos, en Santo Domingo. El punto en común de estas agresiones: impedir una cobertura periodística considerada molesta.
“Reporteros sin Fronteras expresa su gran preocupación por la multiplicación de los ataques a la prensa y condena toda forma de violencia con la que se busca censurar la información o castigar a periodistas que sólo buscan ejercer su oficio”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de RSF. “Las autoridades dominicanas deben poner especial énfasis en la lucha contra la impunidad en que permanecen las agresiones cometidas contra los periodistas. Asimismo, deben dar el ejemplo, avanzando más en la despenalización de los delitos de prensa, un camino que ya habían emprendido en 2012”, añadió.
Campanha de difamação
Los periodistas Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada denunciaron el 2 de febrero que existía una “campaña de odio” contra ellos por haber expresado su apoyo a los haitianos que residen en el país. Este es un tema delicado desde que se adoptó, en mayo de 2014, la ley 169/14 sobre la atribución de la nacionalidad dominicana; en octubre pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que esta legislación iba en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los periodistas presentaron una denuncia por las amenazas y humillaciones públicas que padecieron en los meses de enero y febrero, que según ellos, fueron organizadas por miembros del Movimiento Patriótico Independiente.
Días después, el periodista Salvador Holguín denunció que había recibido amenazas de muerte y que existía una campaña en las redes sociales para desacreditarlo. Estas presiones comenzaron después de que difundió por televisión una entrevista que había realizado al exnarcotraficante y excapitán del ejército Quirino Paulino Castillo, quien afirmó que había prestado 200 millones de pesos al expresidente Leonel Fernández (partido PLD). Por su parte, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) reveló en abril que el canal TeleRadioAmerica Canal 45 había prohibido al periodista difundir la grabación de esta entrevista en su programa (según Holguín, por órdenes directas de personas cercanas a Fernández). No es la primera vez que los allegados al expresidente censuran así a un medio de comunicación: en 2010 las autoridades ordenaron el cierre del canal privado Canal 53-Cibao TV Club después de que el conductor de un programa hiciera críticas al expresidente de la República.
Los actos de violencia contra los periodistas son aún más preocupantes debido a la impunidad en que permanecen estos crímenes y amenazas. No obstante, RSF constata que los órganos judiciales han tomado fuertes posiciones a favor de los actores de la información: el 18 de febrero la Corte Suprema rechazó los cargos presentados contra los periodistas Héctor Tineo, Guillermo Tejeda y Héctor Herrera Cabral por difamación e injurias. El 9 de abril un tribunal dominicano invalidó el recurso de amparo constitucional –que permite a todo individuo reclamar el respeto de sus derechos constitucionales cuando se considera que son violados– de un alto funcionario contra un periodista de televisión. Un recurso considerado abusivo, ya que el objetivo era obtener el derecho de réplica tras las críticas del periodista sobre la gestión de Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
Condições de trabalho muito precárias
Con ocasión del Día Nacional del Periodista, el CDP elaboró un balance abrumador de la calidad del periodismo en el país: la muy fuerte concentración de los medios de comunicación dominicanos sería la causa de la inseguridad laboral de los periodistas y de la autocensura. Según el CDP, los actores de la información muy a menudo deben elegir entre realizar un periodismo de investigación, con el temor de perder su empleo, o abordar temas ligeros que no dañen los intereses de los anunciantes.
Por otro lado, aún deben realizarse progresos en el área de derecho: los periodistas siguen corriendo el riesgo de enfrentar penas de prisión y elevadas multas si son condenados por delitos de prensa. La despenalización se realiza poco a poco desde hace algunos años, pero aún no se ha efectuado por completo. Sin embargo, la protección de las fuentes está garantizada después de la reforma constitucional de 2009. En 2013 el artículo 46 de Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento fue declarada constitucional por la Corte Suprema, lo que marcó un paso importante en este sentido. Este artículo especifica las profesiones que pueden ser declaradas responsables del delito de prensa.
República Dominicana se encuentra en el lugar 63, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras publicada en febrero de 2015.
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