Actores del poder judicial en Argentina, Brasil y Perú se lanzan a la palestra. En cada país, proponen un curso de acción distinto y asumen decisiones que intervienen en la dinámica política interna. Luchan por el poder, por el presupuesto y por la imposición de diversas opciones.
En estos tres países se han abierto escenarios de disputas que nos hablan de su capacidad simbólica, retórica y cultural para definir acciones, movilizar recursos y suscitar adhesiones.
El gran proceso de “mani pulite” (principios de la década del 90’) en Italia le otorgó a la justicia un lugar importante en la “regeneración” de la clase política. Este suceso se inscribía en la sospecha neoliberal sobre la política, la reivindicación de la democracia y de la división de poderes. Una lectura de la democracia y del republicanismo –solo como división de poderes y garante de seguridad jurídica frente a inversiones- colocaban a la justicia en un lugar relevante.
“Mani pulite” (Mãos Limpas) era una especie de grito de guerra que presentaba a la justicia como poder neutral, como un árbitro, ya no solo en temas constitucionales, sino en aquellos estrictamente políticos. Los ’90 –ya sin utopías revolucionarias- se convirtieron en la época de los derechos humanos de tercera generación, que intentaban proteger a los ciudadanos de las inclemencias de la globalización. Los “derechos humanos” terminaron siendo compartidos por derechas e izquierdas, cuestión que fortaleció a las instituciones judiciales.
Diversos sucesos políticos en Argentina, Perú y Brasil han abierto la posibilidad -para ciertos actores- de reactualizar la “hipótesis mani pulite”. Empresarios, periodistas, etc., encontraron en la justicia en espacio para resolver la competencia política y erosionar a políticos. “Mani pulite” es un gancho poderoso. En el escenario regional aparece un lenguaje y una práctica tribunalicia que articulan la sospecha posmoderna sobre la política, la búsqueda de regeneración de la misma y el conocimiento de un conjunto de fenómenos ilícitos vinculados a la financiación de la política y de sus dirigentes. La justicia –acompañada por otros actores o empujadas por los mismos- “muestra los dientes” e intenta representar y construir una “mayoría silenciosa” anti-corrupción. En algunos casos, apura procesos con pruebas débiles, extralimita sus funciones, interviene asimétricamente en campañas electorales, etc. Lee la geometría de fuerzas y actúa.
El caso argentino
La presidente Cristina Kirchner puede “pasearse” por todos los tribunales. Su derrota electoral ha movilizado a ciertos sectores del poder judicial a activar causas dormidas y aceptar nuevas denuncias. Cuando los presidentes se van del poder –a diferencia de Brasil- ciertos jueces entienden que tienen mayor “libertad” para iniciar investigaciones, procesar, imputar, etc. Muestran benevolencia con el oficialismo actual y desdeñan el anterior. Pero además de esta “lógica de funcionamiento” debemos considerar una cuestión adicional.
El intento del kirchnerismo de establecer nuevas corrientes de opinión al interior del poder judicial –a través del espacio Justicia Legítima- provocó tensiones que podrían expresarse en la investigación sobre la expresidenta y algunos de sus funcionarios. Se huele algo de revancha o de reacomodo. En los últimos días, algunos empresarios aliados a Néstor Kirchner han sido denunciados por la prensa y hoy la justicia actúa sobre ellos. Esto ha ocasionado fricciones internas entre los antiguos aliados y se espera un conflicto que puede arrojar nuevas aristas. Ir por los empresarios amigos ha resultado como estrategia judicial, el caso del empresario brasileño Marcelo Obedrecht puede dar cuenta ello.
Cristina está sola y es jefa de una minoría. Ni los gobernadores peronistas se han pronunciado frente a la convocatoria que realizó el juez Bonadio.
El poder judicial presiona y es presionado. Si bien existen sectores del poder judicial que se orientan gestualmente hacia el nuevo oficialismo y hacia sectores del peronismo disidente no sería prudente impugnar ninguna investigación exhaustiva y sujeta al proceso legal. Solo debería ponerse el ojo sobre aquellas causas más apuradas por “condenar” al kirchnerismo que por juzgar a culpables de posibles delitos.
El caso peruano
En Perú el activo rol asumido por la Justicia ha alterado completamente el mapa político, a un mes de la contienda electoral. El desempeño del Jurado Nacional de Elecciones ha generado incertidumbre desde enero, a partir de las investigaciones sobre las fórmulas presidenciales que solicitaban inscripción para las elecciones generales del 10 de abril. La autoridad electoral, Jurado Electoral Especial Centro (Lima), descalificó las candidaturas Julio Guzmán (Todos por el Perú) -por formalidades como no contar con quórum de militantes del partido y una convocatoria a asamblea que fue realizada sin la anticipación de ley-, y de César Acuña (Alianza por el Progreso) por la entrega de dádivas, actividad proselitista prohibida expresamente en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) votó por unanimidad la anulación de la candidatura de Acuña, y por una ajustada mayoría (3 votos contra 2), confirmó la exclusión de Guzmán quien desde febrero era el segundo candidato en intención de voto.
Los cinco directores del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos por instituciones legítimas, la Corte Suprema es quien escoge al Presidente. Los otros cuatro delegados son elegidos por: el Colegio de Abogados de Lima, la Junta de Fiscales Supremos, los decanos de Leyes de las universidades públicas y los de las universidades privadas. Las consecuencias no se hicieron esperar, ha trascendido una rápida investigación la cual develó que al menos dos de los cinco miembros del JNE que votaron contra Guzmán, tenían vinculaciones al partido aprista, de Alan García. Los abogados de Guzmán, en su defensa, intentaron demostrar que al menos las candidaturas de Alan García y de Kuczynski habían cometido, en mayor grado, el mismo tipo de faltas, aunque no fueron sancionados. También presentaron material audiovisual que mostraba a Keiko Fujimori, entregando dinero en un concurso de baile, el mismo delito que había separado a Acuña de su candidatura. El Jurado Nacional de Elecciones está a la espera de una nueva investigación de su organismo fiscalizador, sobre esta denuncia que ha sido presentada cinco veces y tras una marcha masiva que exigía la eliminación de la candidata presidencial favorita. El tiempo parece ser el factor clave en la maniobra.
Las próximas elecciones generales disputaran entre las dos identidades políticas más relevantes en la actualidad peruana, antiaprismo y antifujimorismo, cuál de los dos logre influir tanto eligiendo como evitando al próximo gobernante no es ajeno a la justicia.
El caso brasileño
La pax brasileña se ha roto. El Poder Judicial en Brasil se ha constituido en un actor institucional de gran relevancia política y mediática. Diversos sectores de este poder han desplegado toda su capacidad para desgastar el gobierno de Dilma Rousseff. Las acciones más fuertes partieron de un juez federal de primera instancia, Sergio Moro, quien está a cargo de la investigación llamada Lava Jato (pagos ilegales entre funcionarios de Petrobrás, empresarios, representantes políticos y otras personas vinculadas a distintos partidos políticos). Este letrado publicó, en 2004, un artículo en defensa de los procedimientos que se llevaron a cabo durante la operación Mani Pulite, en Italia. Como ésta, Lava Jato condensa prácticas de dudosa legalidad y con evidentes sesgos políticos para contribuir a desmantelar las redes de corrupción que implican a todos los poderes del Estado. Prácticas como las prisiones preventivas, la circulación de testimonios con secreto de sumario, escuchas telefónicas sin autorización, incluidas las realizadas a la Presidenta y a los abogados de Lula Da Silva, como la desestimación de testimonios que involucran a personajes políticos contrarios al PT. Lo interesante de esta investigación radica en que jueces de primera instancia se han entrometido en el proceso, aceptando las más disímiles denuncias que pretenden vincular a Lula en la operación Lava Jato.
Lava Jato no es la única arista del poder judicial para intervenir en los asuntos políticos del convulsionado país. La designación de Lula Da Silva como Ministro Jefe de la Casa Civil anunciada hace pocos días, también se vio alcanzada por el Poder Judicial. Tras la detención forzada del ex Presidente autorizada por Moro a pedido de algunos Procuradores, Rousseff lo designó como Jefe de la Casa Civil. Como los Ministros tienen ciertos fueros -no inmunidad-, eso hubiera permitido que Lula sólo pueda ser investigado por el Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, se interpusieron 13 pedidos contra esa designación para que fuese anulada o quedase en suspenso. Finalmente, un Ministro del STF, Gilmar Mendes, bien conocido por sus posturas políticas opositoras, resolvió dar curso a dos de ellas, basándose en las escuchas tomadas ilegalmente. Así, Moro vuelve a tener potestad sobre la investigación a Lula.
Sectores judiciales y políticos han logrado desquiciar la gobernabilidad petista. El Poder Legislativo, que está analizando el pedido de impeachment contra la Presidenta, recibe la noticia de que el principal aliado de Rousseff –PDMB, Partido del Movimiento Democrático Brasileño- se retira del Gobierno. Cuestión que amplifica la crisis política e introduce una gran incertidumbre.
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Bárbara Ester, Esteban De Gori y Camila Vollenweider, são pesquisadores do CELAG, com sede em Quito, Equador.