‘Decía en mi artículo del pasado domingo que la arquitectura del periodismo se levanta sobre el lenguaje y el lenguaje es pensamiento. Con la elección de las palabras definimos la realidad, por eso uno de los problemas del periodismo es encontrar los términos justos que mejor definen una situación. Pero no siempre es fácil cuando la situación es confusa, evoluciona rápidamente y concurren fenomenales intereses en juego. Lo ocurrido en Honduras en los últimos días constituye un excelente ejemplo de cómo una misma realidad puede tener interpretaciones opuestas. La batalla de las palabras que se está librando en Honduras en paralelo a la batalla del poder ha tenido fiel expresión en el correo de la Defensora: mientras unos lectores acusan al diario de ser complaciente e incluso justificar en un primer momento el golpe de Estado, otros nos acusan de desinformar y confundir a la opinión pública al condenar lo que para ellos es una legítima defensa de la democracia.
Ya conocen ustedes los hechos: el presidente Manuel Zelaya convoca una consulta popular para reformar la constitución y eliminar la limitación que le impide presentarse a un segundo mandato. El Parlamento vota un reglamento que veta esa consulta y el Ejército sale a la calle en una maniobra preventiva contra las iniciativas del presidente. Zelaya destituye al jefe del Estado Mayor y éste se resiste a abandonar su puesto. Finalmente, el presidente es apresado y expulsado del país.
El diario ha ofrecido una extensa cobertura informativa y ha publicado dos editoriales. El primero se publicó el sábado y era especialmente crítico con Zelaya. El segundo, publicado el lunes, condenaba claramente el golpe. Ambos han sido fuertemente contestados. El primero comenzaba criticando ‘la moda de repetir mandatos presidenciales saltándose la ley’ propia del ‘caudillismo de izquierdas’ y se refería a las maniobras del Ejército como ‘la negativa militar a cooperar en la consulta ilegal’ promovida por Zelaya. Este texto fue interpretado por algunos lectores como una defensa de las posiciones golpistas o como un intento de ‘generar una opinión pública favorable’ al golpe. Así lo estimaron José Luis Gasch, Antonio Flórez, Víctor Casco Ruiz, Hugo Martínez Abarca y Andrés Fariña el mismo fin de semana. Cayetano López y Rafael García Almara añaden que con este posicionamiento el diario se aleja de ‘la línea progresista’ que había mantenido durante años. Por su parte, Carmen Arango ha remitido un largo escrito firmado por seis personas en el que, además de criticar que El PAÍS ‘minimizara lo que era un golpe de Estado de manual’, consideran que se está produciendo un viraje en la posición del diario respecto de América Latina y expresan sus dudas acerca de si la línea editorial del diario está condicionada por intereses empresariales del grupo al que pertenece.¿Se precipitó El PAÍS a la hora de catalogar los hechos en el primer editorial? El director adjunto responsable del área de Opinión, Lluís Bassets, responde: ‘El editorial no se precipitó al enjuiciar los errores cometidos por Zelaya, ni dedujo de su evaluación que los militares debían destituirle y expulsarle en un golpe de Estado. Tampoco hubo cambio de línea, puesto que analizar los errores de Zelaya como se hizo en el editorial del sábado es perfectamente compatible con la condena de un golpe de Estado inconstitucional, como sí hizo en el del lunes. Es legítimo discutir los argumentos utilizados en uno y en otro, pero no me parece justo que se lea el primer editorial como si se hubiera escrito después del golpe y sirviera para justificarlo’.
Cuando se escribió el editorial, los soldados patrullaban ya por las calles de Tegucigalpa, y el propio diario se hacía eco en su crónica de las voces que, desde la Alianza Bolivariana, advertían de que se estaba gestando un golpe de Estado. La situación era, por lo menos, ambigua. En un caso así, tal vez hubiera sido más adecuado tener en cuenta el punto 1.1 del Libro de Estilo, en el que EL PAÍS se define sí mismo como ‘defensor de la democracia plural según los principios liberales y sociales’. La comunidad internacional, incluido el Gobierno de Obama, condenó inmediatamente el golpe de Estado, pero la batalla ideológica ha continuado, por lo que el segundo editorial, de clara condena del golpe, también ha motivado quejas, aunque menos.
Para Grethel Zavala, no hay tal golpe de Estado, sino un acto de defensa de la democracia frente a un mandatario que ‘cometió un delito de usurpación de poderes y traición a la patria’; Edgardo Figueroa sostiene que la destitución del presidente se produjo ‘dentro del marco legal’ para ‘evitar el comunismo y la intromisión de Hugo Chávez’; y Samuel Valladares, que el Ejército se ha limitado a obedecer una orden judicial en defensa de la Constitución. Todos piden que rectifiquemos.
Lo cual nos lleva a la reflexión que les proponía el pasado domingo: cómo abordar la creciente presión de sectores fuertemente ideologizados que, conscientes de la importancia que tienen los medios en la conformación de la opinión pública, tratan de modelar la percepción de la realidad por la vía de imponer la terminología más favorable a sus postulados.
En un conflicto tan polarizado como éste o como el que enfrenta a judíos y palestinos, que también provoca constantes protestas de una y otra parte, cada uno de los sectores enfrentados espera de EL PAÍS que narre los acontecimientos de acuerdo con su particular visión de los hechos. Y si no lo hace, le acusa de parcialidad. El dilema sobre la catalogación de los acontecimientos es tan antiguo como la historia, pero la importancia que la información tiene en la sociedad mediática hace que el escrutinio sea ahora mucho más severo.
¿Qué esperan realmente los lectores del diario? A tenor de las cartas recibidas, una parte de ellos espera una especie de comunión ideológica absoluta, poder ver reflejadas sus propias posiciones en las del diario, y viceversa. Pero hay muchos otros que esperan un relato fidedigno de los hechos y un análisis distanciado y riguroso a partir del cual poder construir su propia opinión. Lo sé porque de éstos también llegan muchas cartas. Son expectativas antagónicas. En todo caso, el diario no debe apartarse de su Libro de Estilo: ‘EL PAÍS se esfuerza por presentar diariamente una información veraz, lo más completa posible, interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayude al lector a entender la realidad y a formarse su propio criterio’.
El relato de los hechos debe ser la columna vertebral de ese esfuerzo. Y una clara separación entre información y opinión, como también establecen nuestras reglas internas. Las crónicas interpretativas, al ser más subjetivas, se prestan más a incluir valoraciones personales y corren por ello un mayor riesgo de parecer parciales. Ese mayor subjetivismo puede irritar a la parte agraviada de quienes esperan comunión ideológica, y defraudar a quienes esperan datos objetivos para el análisis. Alberto Llamas Ros escribe a la Defensora para quejarse de una de las crónicas sobre el conflicto de Honduras, la titulada ‘Casi mejor que se lo llevaran’, del jueves día 2. En ella se hacen afirmaciones como que ‘el país olvida a Zelaya’ o que ‘los hondureños desconfían del presidente depuesto por su sumisión a Chaves’. Este lector hace una pregunta muy pertinente: ‘¿A cuántos entrevistó el periodista para poder decir ‘los hondureños’ en general?’. Y respecto de una frase tan valorativa como ‘según todas las fuentes consultadas, la única credencial que Zelaya puede presentar es haber sido víctima de un golpe’, el lector insiste: ‘¿Qué fuentes?’. Elegir para el titular una frase como la indicada da a entender que ésa es una opinión muy extendida, cuando en la crónica sólo la sustenta un vecino sin ninguna significación política.
En conflictos tan polarizados y con tanta carga ideológica, es muy importante extremar las cautelas y cuidar las formas. Citar las fuentes da credibilidad a la crónica. No hacerlo incrementa la percepción de subjetivismo y parcialidad.’