Reformas a la ley electoral en Ecuador que entrarán en vigencia el 4 de febrero podrían impedir que la prensa cubra información sobre las campañas políticas y las elecciones, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó hoy.
El gobierno del presidente Rafael Correa, que se espera compita por la reelección el próximo año, promovió la legislación, que fue aprobada el 10 de enero para reformar las leyes electorales. Sin embargo, grupos de libertad de prensa indicaron al CPJ que la nueva legislación incluye cláusulas con un lenguaje amplio que podrían resultar en una censura generalizada. Bajo las reformas, “casi todo trabajo periodístico que se difunda o publique durante la campaña electoral” podría ser considerado ilegal, según indicó en un comunicado el Foro de Periodistas de Ecuador, un grupo de reporteros radicado en Quito.
“Condenamos las recientes reformas a la ley electoral en Ecuador, que son tan amplias que podrían, entre otras cosas, prevenir el trabajo informativo sobre cuestiones electorales tres meses antes de la votación”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Esta reforma priva a los ciudadanos ecuatorianos de su derecho a permanecer informados sobre la elección y representa el ejemplo más reciente sobre el deterioro de la libertad de prensa bajo el mandato de Correa.”
Fim do financiamento privado
Una de las cláusulas establece que los medios “se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta” sobre las campañas de los candidatos durante los 90 días anteriores a una elección. Darwin Massuh, editor del diario El Comercio, de Quito, señaló al CPJ que eso podría significar que cualquier perfil de un candidato publicado en un diario sería ilegal. El periodista afirmó que tales restricciones beneficiarían a Correa, si decide postularse para un nuevo mandato, como así también a candidatos oficialistas locales y regionales, porque evitarían el escrutinio de los medios, muchos de los cuales han sido críticos del gobierno de Correa.
Una segunda cláusula en la ley prohíbe a los medios publicar o transmitir cualquier tipo de información, fotos u opiniones sobre el proceso electoral durante las 48 horas anteriores a una elección. Massuh indicó que esta reforma es aún más draconiana que otras leyes electorales en América Latina donde a la prensa con frecuencia se le prohíbe publicar las últimas encuestas o encuestas a boca de urna pero es de otro modo libre para informar sobre las actividades electorales.
Otra de las disposiciones prohíbe a los ciudadanos, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales de financiar avisos electorales o publicidad en televisión, radio, la prensa gráfica y carteles en los 90 días anteriores a una elección. Según el grupo de prensa Fundamedios, radicado en Quito, este lenguaje es tan amplio que impediría que grupos privados financien actividades no partidarias como campañas de derechos de votación.
Repressão generalizada
El impacto de la ley no se hará sentir hasta los meses previos a las próximas elecciones presidenciales de enero, según indicó José Hernández, uno de los editores del diario Expreso de Guayaquil. El periodista señaló al CPJ que el Consejo Nacional Electoral estará a cargo de interpretar la ley e imponer multas a los medios que la violen.
Fundamedios indicó que la ley promoverá censura previa, que está “expresamente prohibido en la Constitución”, y ha presentado una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador que alega que las reformas son inconstitucionales, Hernández indicó al CPJ. El Artículo 18, numeral 1, de la constitución ecuatoriana establece que todas las personas y grupos tienen derecho a “buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”.
Un informeespecial del CPJ, publicado en septiembre, encontró que al enjuiciar a periodistas por difamación en tribunales civiles y penales, interrumpir programas de noticias en medios privados para imponer el punto de vista oficial, promover medidas legales restrictivas y lanzar campañas de desprestigio contra los críticos, la administración de Correa ha conducido a Ecuador a una etapa de represión generalizada. El gobierno también promovió recientemente la aprobación de una serie de recomendaciones ante la Organización de los Estados Americanosque podría debilitar seriamente el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que ha sido crítica de sus políticas.
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[O CPJ é uma organização independente sem fins lucrativos, sediada en Nova York, e dedica-se a defender a liberdade de imprensa em todo o mundo]