El 18 de febrero, la embajada de Francia en Colombia anunció oficialmente la desaparición de Julien Fouchet, colaborador de Radio Nova y estudiante de derecho en Bogotá. Reporteros sin Fronteras está preocupada por la suerte del joven periodista y pide a las autoridades colombianas que hagan todo lo necesario para encontrarle.
Julien Fouchet, de 27 años, desapareció en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso situado en la costa del Caribe, a 1.000 km. al norte de Bogotá. Las últimas noticias que se tienen de él se remontan al 15 de enero de 2004. Esa región, que alberga lugares arqueológicos indios, constituye también un refugio para grupos armados y traficantes de droga.
Según las informaciones recogidas por la Agencia France Presse (AFP), Julien Fouchet ‘quería tomar contacto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Sierra Nevada’. Desde 1997, 80 periodistas han sido secuestrados o retenidos por los dos principales movimientos de guerrillas armadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN. Este último se hizo famoso en enero de 2003 por el secuestro de dos periodistas, uno británico y otro norteamericano.
Los padres de Julien Fouchet han viajado a Colombia, para recoger informaciones más amplias.
Jornalista é assassinado no Peru
Repórteres Sem Fronteiras [19/2/04]
Reporteros sin Fronteras condena vivamente el asesinato en Yungay (a 400 km al norte de Lima) de Antonio de la Torre Echeandía, de Radio Orbita. La organización pide a las autoridades políticas y judiciales que no descarten ninguna pista en su investigación, para identificar a los autores intelectuales del asesinato.
El 14 de febrero de 2004, cuando salía de una reunión privada, Antonio de la Torre Echeandía, de la emisora local Radio Orbita, fue agredido por dos individuos armados con un puñal. Herido mortalmente, el periodista tuvo tiempo de dar el nombre de uno de sus agresores a algunos testigos de la escena. Murió en la ambulancia que le llevaba al hospital.
Gracias a las declaraciones de la víctima la policía consiguió detener a uno de los autores del crimen : Hipólito Casiano Vega Jara, chófer del alcalde de Yungay, Armando León León, y presente en la reunión de la que salía el periodista, antes de ser atacado. Según algunos testigos, hubo un altercado entre ambos. El propio alcalde habría presenciado el incidente. La población local considera a Armando León León, quien después se marchó de Yungay, como el instigador del asesinato del periodista. Seún las informaciones publicadas en la prensa local, el 17 de febrero los habitantes tapiaron los accesos a la alcaldía, para impedirle reintegrarse a su oficina, y pidieron su destitución a las autoridades competentes.
Desde hacía varios días, Antonio de la Torre Echeandía había introducido en su programa informativo una nueva sección titulada ‘Con verdad y justicia’, en la que criticaba la gestión de los asuntos públicos y abría el micrófono a las denuncias, a veces muy virulentas, de los oyentes. Según las informaciones recogidas por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una organización internacional de defensa de la libertad de prensa con sede en Perú, al periodista llevaban varios meses amenazándole. Frecuentemente las amenazas llegaban a la radio por correo, o por teléfono, sobre todo cuando estaban abiertos los micrófonos a los oyentes. El 22 de noviembre de 2003 fue golpeado por un funcionario de los servicios públicos del municipio. El 15 de octubre su domicilio fue víctima de un atentado con explosivos, que denunció sin precisar ninguna responsabilidad.
Morte de José Couso ainda não foi investigada
Repórteres Sem Fronteiras [18/2/04]
En el marco del procedimiento emprendido en España por ‘crímenes de guerra’ y ‘asesinato’ contra tres militares norteamericanos, por la muerte de José Couso en Bagdad, en abril de 2003, el abogado de Reporteros sin Fronteras y de Lola Jiménez, la viuda del periodista, pidió que los ministerios españoles de Asuntos Exteriores y Defensa incorporaran al auto de instrucción sus documentos de archivos relativos a este asunto. El 12 de febrero de 2004 ambos ministerios entregaron al juez encargado del dossier algunos documentos, que no aportan ningún elemento nuevo. ‘Demuestran, en cambio, la falta de acción del gobierno español para exigir a las autoridades norteamericanas una investigación rigurosa y exhaustiva, que permita establecer los hechos y las responsabilidades que se deriven de ellos’, declaró Leopoldo Torres Boursault, abogado de Lola Jiménez y de Reporteros sin Fronteras.
El abogado ha pedido al juez central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruíz Polanco, que se incorporasen al expediente los documentos de archivos de los servicios secretos españoles, o Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Grecia. El gobierno griego, que ostentaba la presidencia de la Unión Europea durante el primer semestre de 2003, representó los intereses de España en Bagdad, en ausencia del personal diplomático español en Irak.
Por otra parte, Leopoldo Torres Boursault formuló una petición similar para los documentos de los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa norteamericanos, como lo permite el Tratado de asistencia mutua en materia penal, firmado el 20 de noviembre de 1990 entre Estados Unidos y España. También pidió que los Departamentos norteamericanos de Justicia y Defensa informen al juez español de cualquier investigación o procedimiento judicial, penal, militar, administrativo o disciplinario, eventualmente emprendido, así como del nombre de las personas implicadas en ellos.
José Couso, camarógrafo de la televisión privada española Telecinco, murió el 8 de abril de 2003, en Bagdad, a consecuencia del disparo de un tanque norteamericano contra el Hotel Palestine, donde se alojaban varios centenares de periodistas no incorporados, que cubrían el conflicto de Irak. El 12 de agosto, una investigación del ejército norteamericano llegó a la conclusión de que el tanque abrió fuego sobre el Hotel Palestine ‘según las reglas’ y en ‘legítima defensa’.
El 27 de mayo de 2003, David Couso, hermano del periodista, presentó una querella en España contra tres militares del 64º Regimiento de Blindados de la Tercera División de Infantería norteamericana : el sargento Gibson, autor del disparo ; el capitán Philip Wolford, responsable de la unidad de blindados que dió la orden de disparar, y el teniente coronel Philip de Camp, comandante del 64º regimiento. El 21de octubre, el juez de la Audiencia Nacional aceptó tramitar la denuncia. Reporteros sin Fronteras se unió al procedimiento el 13 de noviembre, junto a Lola Jiménez, viuda del periodista.
Ciberdissidente chinês é acusado de ‘subversão’
Repórteres Sem Fronteiras [17/2/04]
Las autoridades chinas han hecho oficial la detención de Du Daobin, después de casi cuatro meses de detención. La oficina de la seguridad pública de la provincia de Hubei (sureste del país) acusa al ciberdisidente de ‘incitación a la subversión del Estado y al derrocamiento del sistema socialista chino’, a causa de una treintena de artículos publicados en Internet.
Reporteros sin Fronteras deplora la obstinación de las autoridades chinas en no respetar la libertad de expresión que, sin embargo, está garantizada por el artículo 35 de la constitución china. ‘Resulta totalmente abusivo encarcelar a personas que no han hecho otra cosa que compartir pacíficamente sus ideas en Internet’, ha declarado la organización. Reporteros sin Fronteras hace un llamamiento a los internautas para que firmen la petición de apoyo al ciberdisidente, disponible en el sitio www.rsf.org.
Esta acusación es la primera medida oficial del gobierno chino, a propósito del caso de Du Daobin, que sin embargo se encuentra detenido desde el 28 de octubre de 2003, lo que reduce considerablemente la posibilidad de que el ciberdisidente quede pronto en libertad. Sin embargo, su liberación parecía inminente unos días atrás cuando el fiscal de la región devolvió el caso a la policía, por falta de pruebas. Las autoridades chinas han manifestado que Du Daobin rebasó su derecho de crítica al gobierno. El ciberdisidente, de 40 años, publicó en línea algunos artículos en los que, de manera pacífica, pedía más democracia. Sus escritos solicitaban, entre otras cosas, la liberación de la ciberdisidente Liu Di (que salió en libertad el 28 de noviembre de 2003, por falta de pruebas), y criticaban el proyecto de reforma del artículo 23 de la Constitución de Hong Kong, que amenazaba a la libertad de expresión en la ex colonia británica.
Algunos intelectuales y periodistas chinos han iniciado una petición, para pedir su liberación, que ya ha conseguido cerca de un millar de firmas, y el 1 de marzo será entregada a las autoridades chinas.