‘Las fuentes anónimas son imprescindibles en periodismo. De hecho, es imposible hacer buen periodismo de investigación sin tener que recurrir en ocasiones a fuentes que exigen permanecer en el anonimato. De la existencia de esas fuentes depende que los lectores puedan llegar a conocer la verdad sobre asuntos que poderosas fuerzas pretenden mantener ocultos, y protegerlas es un deber inexcusable, pues de ello puede llegar a depender incluso la vida de la fuente o de terceras personas. Estamos hablando, como comprenderán, de un asunto muy serio y por esa razón, los periodistas no están obligados en ningún caso a revelar sus fuentes.
Pero al lado de crónicas y trabajos de investigación en los que el anonimato de la fuente está plenamente justificado, podemos encontrar también en las páginas de EL PAÍS, con más frecuencia de lo deseable, crónicas y reportajes basados en fuentes anónimas cuya ocultación no está en absoluto justificada. Ya en enero de 2007, el entonces Defensor del Lector trató este asunto después de que el Comité Profesional expresara a la Dirección su preocupación por el aumento del uso de fuentes anónimas. Creo que la tendencia no solo no se ha corregido, sino que se ha acentuado. Una parte del aumento puede explicarse por el esfuerzo que EL PAÍS hace para ofrecer a sus lectores un periodismo de investigación en asuntos tan controvertidos como las tramas de corrupción. Pero otra parte, precisamente la más problemática, se debe en mi opinión a la creciente tolerancia hacia unas rutinas que deberíamos revisar porque el uso injustificado de fuentes anónimas afecta a la credibilidad de la información. Y disgusta a los lectores.
Armando Segovia me escribe desde la capital de México para quejarse por la crónica México da el primer gran golpe contra el cartel de Sinaloa, publicada el 31 de julio, en la que se hacen valoraciones y se construyen vaticinios sobre la única base de lo que opinan ‘algunos analistas’ y ‘expertos’. ‘No es la primera vez que leo artículos de EL PAÍS en los que se citan expertos y analistas anónimos y nos niegan a los lectores la posibilidad de evaluar la calidad de tales voces. Esto solo contribuye a la sospecha, y no a la buena información que uno espera de EL PAÍS’, advierte el lector.
Esta era también una de las causas por las que Rafael Jiménez Fernández se quejó a la Defensora en relación con el artículo El aborto, amenazado en el Constitucional, publicado el 22 de agosto. En ese texto, los autores exponen el temor del PSOE a que el PP bloquee la ley del aborto y anticipan el posible sentido del voto de los miembros del Tribunal Constitucional según su presunta adscripción ideológica.El lector se queja de que los autores, Fernando Garea y Julio M. Lázaro, incurran en ‘conjeturas’ y no aporten ‘ni una sola fuente consultada’. Fernando Garea considera que ‘no se debe abusar de las fuentes anónimas’, pero en este caso cree que estaban justificadas. ‘Los acontecimientos han demostrado que eran absolutamente fiables, porque distintos portavoces del PSOE, empezando por José Antonio Alonso, mostraron luego públicamente su temor a que el PP bloqueara la renovación del tribunal para anular la ley del aborto’. Julio M. Lázaro añade que se consultaron también fuentes jurídicas, pero ‘en asuntos internos de los tribunales no queda más remedio que utilizar fuentes innominadas’.
Para muchos lectores, la fuente es un dato fundamental a la hora de valorar la solvencia de una información. El Libro de estilo establece que se respetará el anonimato cuando la fuente lo exija, pero se hará constar la razón. Los asuntos que requieren fuentes anónimas son muy variados, pero las causas no tanto: la mayoría de las veces se hace para proteger a los informantes de posibles represalias. Voy a exponerles tres ejemplos de un solo día, el miércoles pasado, que ilustran sobre esta problemática y la deriva que está tomando.
En un título a cuatro columnas se leía que De la Vega forzó a la ex presidenta del CIS a retrasar un sondeo político. La información era de la máxima relevancia y contradecía la versión oficial del cese de Belén Barreiro, ocurrida unos días antes. Todas las fuentes que se citaban eran genéricas y además la información no iba firmada, con lo que tampoco tenía un garante identificado. No sería la primera vez que se deja de firmar una noticia para proteger a una fuente, pero no era este el caso. ‘No se firmó porque era una información en la que habían trabajado hasta ocho periodistas’, explica Javier Casqueiro, redactor jefe de España. En cuanto a las fuentes, Casqueiro señala que era una noticia ‘compleja y delicada de manejar, tanto externa como internamente, y algunas fuentes podían encontrarse en una situación delicada si aparecían con nombres y apellidos’.
En el segundo ejemplo tampoco figuraban fuentes identificadas, pero en este caso no se trataba solo de protegerlas de posibles represalias políticas, sino de ser acusadas de vulnerar un imperativo legal. Como ustedes saben, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y sus miembros tienen el deber de no revelar su contenido. La discusión sobre la ubicación del almacén temporal de residuos nucleares era, sin duda, un asunto del máximo interés periodístico. El Gobierno frenó la ATC porque Sebastián no tenía el sí de Camps, titulaba EL PAÍS en la apertura de Sociedad. Por la cuenta que le trae, cualquier periodista que se atreva a reproducir tantos detalles y hasta frases textuales de una reunión secreta, ha tenido que contrastar muy bien lo que publica. Pero incluso si incurriera en error, estaría obligado a rectificar, pero no a revelar la fuente.
En el tercer caso también se trataba de proteger a las fuentes de posibles represalias, pero por otras razones. Lo considero especialmente significativo porque revela una de las causas que más está contribuyendo al aumento de las fuentes anónimas: el control político de la información por parte de quienes la administran. El Plan de Austeridad embarranca era el titular de una investigación publicada en la sección de Cataluña por Clara Blanchar y Miquel Noguer. En ella se explicaba que la Generalitat solo había eliminado 15 de las 63 empresas públicas que debía suprimir de acuerdo con el Plan de Austeridad. Sorprendía que unos datos que deberían ser públicos aparecieran atribuidos a fuentes anónimas y también frases como ‘es un proceso largo que comporta repartir bienes, cerrar balances y vender patrimonio’. ¿En qué podía perjudicar eso a una fuente?
Los autores explican el trasfondo: ‘La información se elaboró con gran dificultad pues, aunque al iniciar consultas simultáneas en diversos departamentos se nos facilitaron algunos datos, a los pocos días dejaron de hacerlo y nos remitieron al Departamento de Presidencia alegando que se les había prohibido dar información sobre este asunto. Pero los datos que facilitaba Presidencia eran incompletos y no concordaban además con los que ya habíamos obtenido, por lo que optamos por publicar estos últimos, aunque sin identificar la fuente para evitar represalias a quienes nos los habían facilitado’. Blanchar y Noguer resaltan de este caso dos elementos más: ‘Al menos en dos ocasiones nos mintieron (sobre el número de altos cargos cesados y sobre el número de empresas realmente cerradas). Y el argumento con que Presidencia se resistía a facilitar información era que preparaba una rueda de prensa para más adelante’.
Podría citarles muchos otros ejemplos en los que el uso de fuentes anónimas obedece a los efectos perversos del control que ejercen los organismos públicos sobre la información y las relaciones de sometimiento que se derivan de ese control. Sometimiento del periodista de fuente (que trabaja en un gabinete de prensa) a sus superiores políticos, y del periodista de medio (que trabaja en una Redacción) a quien posee la llave de futuras informaciones.
Sobre esta y otras cuestiones relativas al uso y abuso de fuentes anónimas ahondaré en el próximo artículo.’