La supresión de la publicidad en TVE decidida ayer por el Gobierno es un hito en la historia audiovisual de este país, aunque no se extienda a las emisoras autonómicas, asignatura que queda pendiente. Se acaba así el método de doble sistema de financiación (presupuesto público y anuncios publicitarios) de la televisión estatal, que constituía un privilegio en la competencia con las cadenas privadas.
Esta decisión debería integrarse como parte de la pendiente Ley General Audiovisual, cuya tramitación acumula retraso. La anticipación de esta medida obedece al impacto de la reforma ya realizada en Francia, que persigue idéntico objetivo, y al recrudecimiento de la urgencia derivada de la crisis económica, que afecta de lleno a un sector emergente que crea mucho empleo. Existía ya un consenso sobre la inadecuación del doble sistema de ingresos de TVE: ahora, además, la recesión hace insostenible esta anomalía.
Las voces críticas alegarán que el Gobierno pretende satisfacer intereses privados. Cualquier interpretación interesada de ese tenor en ningún caso desmiente la anomalía. Lo ortodoxo es que los servicios públicos se financien con recursos presupuestarios, o derivados del uso de bienes también públicos. Es cierto que determinados concesionarios de otros servicios públicos, como la educación, combinan distintos sistemas: como la escuela concertada, que puede allegar recursos privados, pero también disfruta de los públicos. Pero ningún ejemplo es comparable con el sector audiovisual, donde desde hace años la posición de privilegio de TVE, a la que se han ido sumando las distintas cadenas autonómicas, se ha convertido en una distorsión insoportable e injusta para el sector privado.
TVE sustituirá los 500 millones de la publicidad con un porcentaje de la tasa por la utilización del espacio público radioeléctrico; una tasa sobre la facturación de las televisiones privadas; y otra sobre la actividad de los operadores de telecomunicaciones. Es un sistema más ortodoxo que el actual. Las empresas afectadas, concesionarias de bienes públicos, soportarán una modificación al alza del coste de concesión, pero no parece que este coste sea inasumible.
A cambio de garantizar el mismo flujo de ingresos a la principal cadena pública, el Gobierno la obliga a reemplazar las 8.200 horas mensuales producto del ‘vacío publicitario’ mediante producciones propias. Y se propone incorporar a la Ley General Audiovisual nuevas obligaciones que subrayen su carácter público. Acierta también el Gobierno en limitar la capacidad de contratación de derechos deportivos con dinero público, una forma escandalosa de competencia desleal que hincha y distorsiona la oferta.
Lo que no es sensato es la salida de tono de la representación de los anunciantes, acusando a los audiovisuales de ‘oligopolio’, al apreciar la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio: argumento falso, pues la competencia entre televisiones es feroz.