‘A los diarios les gusta más dar noticias que ser noticia, y si algún día han de ser noticia, lo deseable es serlo por haber dado una gran exclusiva. Me perdonarán los lectores esta digresión inicial, que en realidad no es sino una confesión de incomodidad: el tema que voy a tratar incide sobre un debate público-mediático muy enconado en el que no todo es juego limpio y en cuyo epicentro se ha encontrado EL PAÍS de una manera que puede erosionar su credibilidad. La tormenta comenzó el pasado miércoles, con la publicación en portada de un editorial titulado En la pendiente, en el que se criticaba muy duramente la política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en materia económica. Este artículo editorial y algunas informaciones recientes han sido interpretados como un viraje en la línea editorial del diario y como una ruptura entre los medios del Grupo PRISA y el presidente del Gobierno.
Que un diario critique la política económica del Ejecutivo no debería ser noticia. Es lo normal en una democracia. Pero a raíz de ese editorial se ha propagado la idea de que esta posición no es fruto del convencimiento, de un análisis independiente y libre de sus periodistas, sino de una estrategia empresarial del Grupo PRISA frente a decisiones del Gobierno que considera lesivas. El pasado 13 de agosto, en plenas vacaciones estivales, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó, en contra del criterio del Consejo de Estado, la regulación de la Televisión Digital Terrestre de pago mediante un real decreto ley, instrumento que la Constitución reserva para casos de ‘extraordinaria y urgente necesidad’. El consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, publicó el día 21 de agosto un artículo titulado Un desatino en el que afirmaba que ese procedimiento constituía un abuso de poder. Cebrián no se oponía a la regulación de la TDT de pago, sino al procedimiento empleado, por considerar que favorecía a otro operador, Mediapro, con el que PRISA mantiene un largo litigio por los derechos del fútbol.
Que el máximo ejecutivo de un operador privado defienda sus intereses no debería ser tampoco noticia. Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero la coincidencia entre la polémica sobre la TDT y la publicación del editorial crítico con el Gobierno ha propiciado que se instale en la opinión pública una sospecha que también ha hecho mella en los lectores. Algunos, como Joaquín Gasca Gil, J. M. Sala Franco, José Luis García Lorenzo o Pablo Requejo, se han dirigido a la Defensora para pedir explicaciones. Otros, como Javier Muñoz Álvarez, Enrique Casanova o Mariano García Pechuan, para comunicar, dolidos, que han dejado de serlo. Se consideran traicionados.
No forma parte de las atribuciones de la Defensora cuestionar la línea editorial del diario. Pero en la medida en que este editorial ha causado inquietud en algunos lectores y claro enfado en otros, le he pedido al director, Javier Moreno, que responda a sus inquietudes. Lo ha hecho extensamente, cosa que, dada la importancia del asunto, agradezco.
‘No es cierto que se haya producido un viraje. La línea editorial de EL PAÍS no ha dado un giro de 180 grados a raíz de la aprobación de la TDT de pago a mediados de agosto. Ése es un relato que no encaja con los datos, que son siempre más tozudos que las opiniones. Y en este caso, los datos están a disposición de todos, en la hemeroteca del periódico, accesible a los lectores en elpais.com. Difícilmente un lector atento, que haya seguido con interés la cobertura de la crisis económica en EL PAÍS, habrá pasado por alto alguno de los titulares y editoriales que no encajan con la polémica que se trata de establecer, en mi opinión artificialmente’.
‘Sin ánimo de ser exhaustivo, citaré sólo tres: la primera que recuerdo fue el 4 de enero de 2008. Ese día EL PAÍS tituló a cuatro columnas en primera página: La economía acosa a los socialistas a sólo dos meses de las elecciones. El 25 de marzo pasado, también abriendo el periódico y a cinco columnas (lo máximo que permite el diseño), titulamos: El paro desborda al Gobierno a propósito de la cifra de paro conocida el día anterior, que por primera vez superaba los cuatro millones de desempleados; acompañaba a la información un editorial (Estado de alarma) que arrancaba en la primera página y en cuya primera frase se decía que la gestión del Ejecutivo en esta materia era ‘un rotundo fracaso’. El 3 de agosto de 2008, el titular de la portada del suplemento Negocios tenía sólo tres palabras: Suspenso al Gobierno’.
‘No es ningún secreto que la decisión del Gobierno sobre la TDT ha merecido las críticas de EL PAÍS. También Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA, editora del periódico, ha expresado su opinión negativa (y por tanto la de la empresa) en un artículo de opinión el pasado agosto. Así que resulta también difícil de sostener que el diario maneja una agenda oculta a sus lectores. ¿Resultan más duras, por emplear un calificativo usado por algunos de ellos, las informaciones y editoriales sobre Zapatero y la crisis a la vuelta del verano? Sin duda. ¿Responde esto a un deterioro objetivo y cuantificable de la situación económica (paro, déficit, titubeos sobre el alza de impuestos)? Sí, también sin duda. ¿Supone un giro copernicano (donde antes apoyábamos sin fisura ahora atacamos sin fundamento)? Rotundamente no, según los datos a disposición de todos en la hemeroteca. ¿Alguna de las informaciones objeto de la polémica son falsas o utilizan torticeramente los datos en los que se basa la información para engañar al lector? Nadie, ni siquiera los lectores más críticos, utiliza este argumento. EL PAÍS y el Grupo PRISA pueden juzgar con dureza una decisión concreta del Gobierno, pero ello no va a cambiar la cobertura general, ni en un sentido ni en otro. ¿Aceptarían los lectores a partir de ahora una visión más ‘amable’ de la crisis que azota España sólo para evitar suspicacias? ¿Sería esto compatible con la misión y la obligación de un periódico independiente como EL PAÍS?’.
‘Finalmente, unas palabras en defensa del periodismo y de la dignidad de la Redacción y de todos los profesionales que hacen posible EL PAÍS. Yo soy el director y como tal, responsable último de sus informaciones y de la línea editorial, que se debate ampliamente en los consejos editoriales. Pero en este diario nadie escribe al dictado. Y algunos de los mecanismos de control que aseguran la calidad a los lectores (el Comité Profesional o la Defensora del Lector, que me ha pedido estas explicaciones) aún buscan parangón en el resto de la prensa española’. Ésta es la explicación del director. Lo pernicioso de una situación como ésta es que ninguna decisión se libra de las suspicacias. Si un editorial es crítico, será interpretado como una presión o una venganza; si no lo es, como una concesión que espera recompensa. La frase con la que termina Ignacio Carbó del Moral su escrito a la Defensora me ha llevado a una reflexión que requería mucho más espacio. ‘Lamentablemente’, dice, ‘sus únicos intereses no son mejores que los de cualquier otra empresa cuyo objetivo son las ganancias por encima de otros aspectos. Malos tiempos para el país y para EL PAÍS’.
Cuando la sospecha se instaura en el ecosistema mediático, no sólo afecta a la credibilidad del medio que está bajo escrutinio, sino a la del periodismo en general. Y crea desafección. Alimenta un discurso según el cual, parece normal que un Gobierno, del signo que sea, quiera tener medios afines y utilice para ello los resortes del poder; y también, que los operadores respondan a este juego utilizando su influencia para defender sus intereses empresariales. El resultado de este discurso es una idea de efectos letales: la de que todos son iguales, los gobiernos y los medios. Demostrar lo contrario es, pues, un imperativo democrático.’