Vivimos momentos excepcionales. Estas fechas, las que simboliza el grafismo 11-M, serán recordadas por cuantos las están viviendo, y las futuras generaciones tendrán noticia de lo que la actual haya hecho: de cómo hayamos reaccionado ante una agresión tan sin precedentes, tan inesperada, tan inhumana. Hoy, tres días después de la matanza y dos más tarde de la mayor movilización ciudadana registrada en nuestra historia, 34 millones largos de españoles tienen ocasión de responder a la provocación de los terroristas ejerciendo su derecho al voto. Llenar las urnas de votos es la mejor forma de hacer frente a quienes han intentado imponer su voluntad demuerte al deseo de vida de esta sociedad.
Lo que une a todos los terrorismos es el intento de desestabilización de la democracia, y la forma de hacerle frente es el reforzamiento de las instituciones, de su legitimidad. Ello se consigue mediante el voto. Frente al desánimo y la desmoralización pretendidos por los terroristas, una participación masiva reforzará la legitimidad tanto del Gobierno que salga de las urnas como de la oposición con vistas a la necesaria concertación que exige este desafío. Es lógico que muchos ciudadanos duden sobre el sentido de su voto y más a la vista de la incertidumbre sobre su autoría. Pero aunque sea legítimo abstenerse o votar en blanco, el momento aconseja votar a cualquiera de los partidos democráticos que se presentan. El voto es una forma de delegar, no de adhesión incondicional. Y es, en todo caso, una forma de respaldo al sistema democrático: a más participación, más fuertes serán las instituciones.
Sería absurdo que ahora que es más necesaria que nunca se cuestionase la unidad de los demócratas para hacer frente al terrorismo. El Pacto Antiterrorista ha resultado un eficaz instrumento para la derrota política de ETA, y es condición para su definitiva derrota operativa. Al margen del 11-M, ETA sigue presente, y si carece hoy de una perspectiva política que dé sentido a sus crímenes es porque el pacto le ha cerrado cualquier esperanza de que un cambio de mayoría pueda abrir paso a una negociación política. El pacto también ha hecho posible la ilegalización de las tramas que el terrorismo necesita para extender su coacción y garantizar su reproducción. Lo primero que deberá hacer el vencedor de las elecciones será convocar a los firmantes para establecer una respuesta consensuada al 11-M.
Esa matanza obliga a adecuar la estrategia a lamagnitud del peligro. Si se confirma que los autores de la matanza de Madrid están vinculados al terrorismo islámico fundamentalista, habrá que revisar los mecanismos de seguridad,muy especialmente de inteligencia, que han sido incapaces de detectar los preparativos de una operación de tamaña envergadura. Y, desde luego, no se podrá ya despachar, con la ligereza con que lo hizo Aznar, las amenazas expresas que Al Qaeda hizo públicas contra España en octubre. Que nuestro país y con él Europa se haya convertido en escenario permanente de operaciones de ese terrorismo de masas cuya máxima expresión fue el 11-S obliga a tomar medidas a la altura del desafío.
Es inevitable que los electores tengan en cuenta la situación creada por los atentados a la hora de votar, incluyendo la más que dudosa actitud del Gobierno en relación a las vías de investigación abiertas. Sin embargo, hacer depender de la voluntad y capacidad letal de los terroristas el juicio sobre decisiones políticas como la participación en la guerra de Irak sería un error. Esa participación era tan ilegítima –por haberse justificado con falsedades como la de las armas de destrucción masiva y sin aval de la ONU– antes como después del 11-M. Carece de justificación, y supone ir en la peor de las direcciones, acusar al Gobierno de los atentados, como gritaban ayer algunas de las personas que se manifestaron irresponsable e indebidamente, en la jornada de reflexión, ante la sede central del PP.
Pero las elecciones de hoy son también la ocasión para reiniciar la vida política interrumpida por los asesinos. Se trata de unas elecciones en que se somete a escrutinio la gestión de los gobiernos presididos por alguien, José María Aznar, que no se presenta como candidato. Se juzga en particular su utilización de la mayoría absoluta que los electores le dieron en 2000. Esa gestión presenta buenos resultados en el terreno económico, incluyendo la creación de empleo, y los presentaba también en materia antiterrorista, aunque esta última y trágica semana hará cambiar sin duda el balance. En casi todo lo demás el balance es regular, y francamente negativo en asuntos como la política exterior, condicionada por el apoyo a la guerra de Irak, cohesión territorial y manipulación de los medios.
La credibilidad del candidato Zapatero ha crecido durante la campaña. Por una parte, con su renuncia a gobernar mediante coaliciones heterogéneas si no es el partido más votado; por otra, con su opción por un programa económico riguroso, que no sólo contempla políticas de gasto social (en sanidad, enseñanza y familia, sobre todo), sino de crecimiento económico que garantice los ingresos para financiarlo sin endeudamientos gravosos. Y también, finalmente, por su actitud responsable durante estos días trágicos.
La pista de Al Qaeda
La detención ayer de tres marroquíes y dos indios en relación a los atentados del jueves, así como la aparición de un vídeo en el que un supuesto portavoz de Al Qaeda en Europa reivindica la matanza en Madrid, aportan nuevos indicios que refuerzan la hipótesis de una autoría vinculada a esa hidra terrorista conocida como Al Qaeda. El ministro del Interior ha ido virando en la presentación de los hechos desde el mismo día de la matanza, en que aseguró la autoría de ETA y calificó de ‘miserables’ las hipótesis que no se dirigieran en esta dirección. El viernes admitió la existencia de otras hipótesis, aunque siguió privilegiando a ETA. Ayer a mediodía situó ambas hipótesis en pie de igualdad. Y en una nueva comparecencia admitió que la línea de investigación sobre el terrorismo islamista se había convertido en la primordial.
Las detenciones y el viraje de Acebes aportan nuevas y graves dudas sobre la gestión que ha venido haciendo el Gobierno de la información sobre los atentados. El presidente del Gobierno empeñó su palabra personal ante los principales responsables de los medios de comunicación españoles para que presentaran el atentado como obra de la banda terrorista. La ministra de Exteriores ordenó a sus embajadores que actuaran en el mismo sentido. El representante español en el Consejo de Seguridad obtuvo la inclusión de la autoría de ETA en la resolución de condena del alto organismo internacional. Enmuchos medios de comunicación públicos y otros privados afines al Gobierno se llegó a convertir en sospechoso cualquier análisis o interpretación que excluyera la verdad oficial.
Todo ello choca con la opinión internacional, casi unánime, basada en valoraciones de expertos en antiterrorismo, servicios de seguridad y gobiernos sobre el carácter del atentado, y con la actitud de los medios próximos a ETA en el País Vasco, que han desmentido su vinculación con la matanza. Adquiere así plena justificación la pregunta que se hacían muchos manifestantes el viernes y que se repitió ayer en las concentraciones ante las sedes del PP en Madrid y Barcelona: ¿quién ha sido?
Al menos en el último momento los ciudadanos españoles empiezan a tener datos concretos sobre la investigación. Hubiera sido insoportable llegar a las urnas con una incertidumbre de tal calado, aunque sea criticable que la reflexión cediera ayer el protagonismo a las manifestaciones convocadas ante sedes del Partido Popular. El mayor homenaje que se puede hacer a las víctimas es el conocimiento y la divulgación de la verdad.