Las autoridades venezolanas incrementan la presión que ejercen sobre los pocos medios de comunicación independientes del país, apoyándose en el sistema judicial y controlando el acceso a sus insumos. Reporteros sin Fronteras (RSF) expresa su rechazo a estas prácticas con las que se busca bloquear la información.
El 5 de mayo pasado la jueza María Eugenia Núñez prohibió a 22 directivos y representantes de los medios de comunicación independientes Tal Cual, El Nacional y La Patilla que salieran del país, y los conminó a presentarse una vez a la semana ante el tribunal. Estas medidas se deben a la demanda interpuesta el 23 de abril pasado por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, contra estos tres medios de comunicación por “difamación agravada continuada”. Los tres difundieron información publicada originalmente por el diario español ABC, en la que se acusaba a Diosdado Cabello de liderar el Cartel de los Soles. Los medios de comunicación tuvieron la precaución de precisar que se trataba de señalamientos. Diversos medios de comunicación extranjeros también difundieron la información de ABC.
Entre los directivos de los medios de comunicación afectados se encuentra Teodoro Petkoff, director de Tal Cual, quien recibió el Premio Ortega y Gasset por la defensa de las libertades, la independencia y el rigor periodístico. Petkoff ya había enfrentado otro proceso legal emprendido por Diosdado Cabello por difamación. Si bien los juicios por difamación contra los medios de comunicación son una práctica común de las autoridades venezolanas, las penas impuestas por lo general son multas y no la prohibición de salir del país.
“Reporteros sin Fronteras denuncia una decisión judicial desproporcionada contra los 22 directivos y representantes de los diarios Tal Cual, El Nacional y La Patilla”, señaló Virginie Dangles, adjunta de la Dirección de Programas de RSF. “Las acusaciones por difamación no ameritan en ningún caso la privación de la libertad de circulación de estos profesionales de los medios de comunicación. Condenamos el uso abusivo de procesos legales que hacen altos funcionarios del Estado para amordazar las pocas voces independientes del país y pedimos que se retiren los cargos contra los directores de manera incondicional”, añadió.
A estos ataques judiciales contra los medios de comunicación y los periodistas se suman los numerosos intentos de intimidación que perjudican la libertad de la información. Desde enero de 2015 algunos medios de comunicación han padecido amenazas y acusaciones en total impunidad, ya que estos provienen principalmente de funcionarios del Estado, incluso del mismo presidente. El 3 de marzo pasado el presidente Nicolás Maduro acusó al canal privado Televen y a CNN en Español de estar involucrados en un golpe de Estado planeado en su contra. Estas amenazas son aún más preocupantes dado que en ocasiones están acompañadas de agresiones físicas. Según la ONG venezolana Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), desde el inicio del año al menos un periodista ha sido agredido físicamente y otros tres han sido detenidos de forma arbitraria por miembros de la policía cuando realizaban su cobertura informativa.
No conforme con censurar a los medios de comunicación y favorecer la autocensura persiguiendo sin cesar a los periodistas que no se adhieren a la línea oficial, el gobierno también se vale de la asfixia económica, controlando el acceso a los insumos de los medios de comunicación independientes.
Controle de papel, censura indireta
El 10 de mayo pasado el histórico diario El Impulso denunció que de nuevo era víctima del sistema nacional encargado de suministrar papel a la prensa escrita: la Corporación Editorial Maneiro, responsable de comprar el papel para luego venderlo a los periódicos. Según la redacción del diario, la escasez de papel – por la que ya se habían visto afectados en septiembre de 2014 – les ha obligado a reducir el número de páginas del periódico de 16 a 8, y se teme que éste deje de publicarse en unos diez días. El Impulso, creado en 1904, es el diario más antiguo de Venezuela y es uno de los principales medios de comunicación independientes del país. A inicios del mes de mayo las redacciones de El Siglo y Ultima Hora también dieron señales de alarma respecto a su stock de papel.
En septiembre de 2014 Reporteros sin Fronteras denunció el sistema de control de papel periódico efectuado a través de la Corporación Maneiro, que depende del Ministerio de la Secretaría de Presidencia. En marzo pasado los medios de comunicación independientes El Carabobeño y El Nacional enfrentaron el mismo problema.
Estas presiones económicas ejercidas por las autoridades venezolanas no son nuevas y empujan a la mayoría de los medios de comunicación a la autocensura. La libertad de información en Venezuela es el blanco del gobierno de Nicolás Maduro, que mantiene una actitud hostil frente a los medios de comunicación independientes. El presidente de la República ha favorecido la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación progubernamentales desde que asumió el poder. Venezuela se encuentra en el lugar 137, entre 180 países, en la edición 2015 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
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