O governo argentino criticou a proposta apresentada pelo grupo Clarín para se adequar à nova lei de mídia do país, que determina seu desmembramento.
O grupo é o maior conglomerado de comunicação argentino, controlando o jornal de maior circulação, rádios, canais de TV aberta e fechada e provedor de internet.
Martín Sabbatella, diretor da agência oficial que regulamenta a mídia, ameaça o grupo com a possibilidade de o governo decidir como será o desmembramento do conglomerado.
Em maio, o grupo apresentou uma proposta para dividir-se em seis unidades diferentes. Cada uma conteria um determinado número de licenças de TV e rádio.
Sabbatella afirma que o plano “tem duas manobras para burlar a lei”: condicionantes no contrato e propriedade cruzada.
As condicionantes referem-se à possibilidade de o comprador de alguma das unidades que queira, no futuro, vendê-la.
O grupo Clarín determina em sua proposta que os novos donos não poderão vender nem transferir ações durante um prazo de até oito anos (esse tempo varia de acordo com o ativo que está sento negociado).
A exceção é a possibilidade de vender de volta aos antigos donos. Mesmo depois do fim do prazo, o Clarín teria direito preferencial de compra.
A acusação de propriedade cruzada seria porque os mesmos escritórios de advocacia controlariam partes de unidades diferentes dos negócios.
O escritório Fox Horan & Camerini tem um sócio que faz parte de um fundo que controla 35,16% de uma unidade de empresas.
Simultaneamente, dois advogados do mesmo escritório fazem parte da diretoria de outro fundo, que controla 43,91% de um segundo conjunto de empresas.
Há outro escritório de advogados, o Sánz Valiente, na mesma situação: um advogado é membro da diretoria de um fundo dono de parte de uma unidade, e outro advogado do mesmo local faz parte de um fundo que detém ações de outra unidade.
Sabbatella, da agência reguladora, ameaça o Clarín com a possibilidade de o governo argentino decidir de forma unilateral como será a divisão do grupo.
“[O Clarín] É uma grande sociedade que resiste a cumprir a lei, porque não quer perder sua situação de domínio do setor de comunicação. Se o grupo Clarín não quer fazer legalmente, o Estado tem que fazer cumprir”, afirmou Sabbatella.
Defesa
O Clarín emitiu uma nota na qual afirma que as unidades 1 e 2, objeto das acusações do governo, pertencerão a acionistas diferentes e que não há participação cruzada.
O grupo até mesmo ofereceu trocar os advogados que fazem parte das diretorias dos fundos, mas o governo não respondeu.
“A lei de meios fala de acionistas diferentes, não de advogados e nem de sociedades e negócios que não dizem respeito aos meios”, afirma o texto.
A intenção do governo não seria aplicar a lei, mas perseguir e hostilizar o Clarín, e o grupo irá “recorrer a todas as instâncias para resguardar seus direitos e o cumprimento do plano de adequação aprovado, que se ajusta estritamente à lei”.
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A nota do ‘Clarín’
El Grupo Clarin ante un nuevo avance ilegal del gobierno para apropiarse de sus medios
(em espanhol)
Tras la conferencia de prensa del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, en la que anunció el intento del gobierno de avanzar en una arbitraria e ilegal adecuación de oficio, el Grupo Clarín recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación aprobado, que se ajusta estrictamente a la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Los exabruptos en los que incurrió el titular de la AFSCA, además de resultar falsos, burdos e injuriosos, demuestran hasta qué punto el gobierno está dispuesto a llegar en su incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y en la aplicación selectiva y discriminatoria de la ley de medios, para perseguir a los medios críticos y apropiarse de los que aún no pudo controlar.
Todas las manifestaciones realizadas por Sabbatella son deliberadamente falsas y están desmentidas por la realidad y por el propia conducta del Estado en los últimos meses. Las dos supuestas “maniobras” mencionadas por el funcionario kirchnerista son procedimientos absolutamente legales y regulares para el efectivo cumplimiento de la ley, que se realizó con un nivel de rigurosidad y transparencia inédito para todos los grupos de medios en la Argentina.
Las unidades 1 y 2 pertenecerán a accionistas absolutamente diferentes que no tienen ni tendrán participación cruzada alguna entre ellas, lo que implica el cumplimiento irrestricto de la ley, algo que no pudieron demostrar hasta ahora ni la AFSCA en otros casos, ni otros grupos de medios. Las menciones de Sabbatella a los abogados de fideicomisos o a otras sociedades ajenas a los medios, no tienen nada que ver con la ley de medios, son groseramente inaplicables y buscan confundir a la opinión pública. La ley de medios habla de accionistas diferentes, no de abogados ni tampoco de sociedades y negocios externos a los medios. Burdo sería que los accionistas del Grupo Clarín hubieran pretendido burlar la ley o engañar al gobierno escondiendo sociedades que están registradas y son públicas, u otras de las que ni siquiera forman parte. Pese a que el plan es técnicamente perfecto, tras recibir una notificación el Grupo Clarín le ofreció a la AFSCA cambiar los abogados para agilizar el proceso, lo que no sólo no fue respondido sino que derivó en este nuevo exabrupto. Queda claro que el Gobierno no tiene ningún interés en aplicar la ley sino que lo que busca es seguir persiguiendo y hostigando al Grupo Clarín. De lo contrario, le hubiera permitido al Grupo Clarín ejercer su derecho de defensa, lo que contrasta con todas los prórrogas, ajustes y postergaciones que le otorgó a los restantes grupos, en violación del fallo de la Corte.
Respecto de las unidades 3 y 4, las críticas de Sabbatella resultan tanto o más llamativas y falaces, dado que las compraventas fueron hechas públicas ante la propia AFSCA, la Comisión Nacional de Valores y otros organismos, y jamás existió objeción alguna a las mismas. Más aún, dichas compraventas fueron aprobadas por el Estado Nacional en las Asambleas del Grupo Clarín, lo que demuestra a las claras que este nuevo invento obedece a una decisión política posterior del kirchnerismo de avanzar en la apropiación de los medios del Grupo. Todas las cláusulas de dichos contratos son absolutamente transparentes, legales y legítimas, y forman parte del precio que se pudo obtener en las condiciones absolutamente adversas en las que deben venderse esas unidades. En efecto, como se expresó públicamente en la Asamblea, dichas cláusulas son usuales en operaciones realizadas bajo fuerza mayor, y apuntan a compensar al menos parcialmente el daño económico que implicó la venta forzada de dichas unidades en menos de 3 meses, en un contexto hostil para las inversiones en la Argentina.
En definitiva, tanto la división de los accionistas de las Unidades 1 y 2, como las ventas de las unidades 3, 4, 5 y 6, son las únicas operaciones realizadas hasta hoy, en el marco de la ley de medios, que cumplen a rajatabla las previsiones de dicha norma.
La persecución inédita del gobierno contra el Grupo Clarín y en general contra todas las voces disidentes, ratificada esta tarde con brutalidad por Martín Sabbatella, no cambiará la voluntad del Grupo Clarín de cumplir la ley ni su decisión de seguir haciendo el periodismo en el que cree.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2014.
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Felipe Gutierrez, da Folha de S.Paulo, em Buenos Aires