La manera más eficaz de impedir que se repita un crimen como el cometido contra los normalistas de Ayotzinapa, es que cuando pasen las protestas México no vuelva a ser igual.
Es el momento para una limpieza en el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo, los partidos políticos, y también entre los intelectuales y medios de comunicación.
Lo primero que se reclama es justicia para los normalistas desaparecidos o asesinados. El gobierno está obligado a ir a fondo. No pueden terminar las cosas con la detención de los sicarios, de Abarca y de su esposa.
Los directivos de la normal de Ayotzinapa tienen que ser enjuiciados porque mandaron a los jóvenes al matadero. ¿Hay miedo a hacerlos declarar y deslindar responsabilidades?
La impunidad con que han operado desde hace años debe tener un fin. Si se hubiera aplicado la ley, no les habrían permitido robar camiones para ir a Iguala, y hoy no tendríamos que lamentar esa tragedia.
Si a José Luis Abarca le hubieran aplicado la ley, ya que lo tenían checado desde hace meses como un político aliado a un grupo criminal, no existiría este movimiento mundial que exige justicia para los 43.
No se puede regresar el tiempo, pero sí se puede enderezar el rumbo. Vivimos un cataclismo de impunidad que arroja muertos y desaparecidos.
El tan prometido organismo nacional anticorrupción tiene que formarse ya. Están atorados en el nombre. ¡Válgame Dios!. Con que encuentren a una persona capaz y honesta para que la encabece, lo demás es secundario.
De muy poco sirvió que en medios de comunicación se exhibieran evidencias de la corrupción de legisladores que piden un “moche” por asignar obra pública a municipios. Eso no se ha frenado porque manda la impunidad. No hay quien castigue.
Los contratos de obra pública tienen que distribuirse a través de verdaderos concursos, y no por medio de asignaciones para unos cuantos consentidos. Alguien con autoridad moral y capacidad profesional tiene que vigilar eso. ¿Entre 114 millones que somos, no hay uno solo con esos atributos?
El país tiene que cambiar a partir de Ayotzinapa. El Poder Judicial necesita reformarse, y dejar de meter a la cárcel a un campesino que se roba unas chanclas. De pobres están llenos los reclusorios, porque no tienen para pagar una fianza o por delitos que ameritan una sanción administrativa.
Las sentencias ya no deben venderse. Es la realidad. En el Poder Judicial hay quienes pueden comprar a la justicia. Que alguien vigile eso que es el pan nuestro de cada día. ¿De veras será una misión imposible? Claro que se puede.
Ningún partido político ha salido bien librado con la crisis de Ayotzinapa. Nadie en la izquierda reconoce que impulsó a Abarca para ser el candidato en Iguala, lo que quiere decir que compró la candidatura. ¿Cuántos Abarca hay en el PAN y en el PRI? Muchos.
Ayotzinapa y sus consecuencias también tocan a los medios de comunicación y a los intelectuales que opinan en los medios. Cuánta ignorancia y mala fe leemos a diario.
Medios y opinadores trabajan con una agenda partidista, de promoción personal, o peor aún, comercial.
El país tiene que cambiar. Sólo así la tragedia de Ayotzinapa habrá servido para algo.