Cinco años después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la situación de la libertad de información sigue degradándose en Honduras. El país se encuentra entre los más peligrosos del continente para los periodistas. Reporteros sin Fronteras (RSF) examina la situación tras un inicio de año particularmente preocupante para los actores de la información.
Los actores de la información hondureños siguen trabajando en un clima muy hostil. Los periodistas y los medios de comunicación son víctimas de amenazas, hostigamiento judicial, agresiones y asesinatos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), de los 51 asesinatos de periodistas que la organización ha registrado desde 2003 en el país, 96% sigue impune. Quienes investigan temas sobre la inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el crimen organizado y su infiltración en las instituciones públicas corren el riesgo de sufrir represalias.
La impunidad es aún más preocupante dada la hostilidad de las autoridades –incluidas las de más alto nivel – frente a los medios de comunicación. Lejos de garantizar la seguridad física de los periodistas, éstas intentan minimizar la gravedad de la situación, sobre todo negando que los crímenes estén relacionados con la profesión de las víctimas. Tras el asesinato de Erick Arriaga, periodista de Radio Globo, ocurrido el 23 de febrero pasado, las autoridades sugirieron que la víctima estaba vinculada con bandas criminales.
“Reporteros sin Fronteras denuncia la actitud inaceptable de las autoridades frente a los periodistas en el país”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Éstas no sólo permanecen pasivas ante la violencia no resolviendo casi ninguno de los crímenes cometidos contra el gremio, sino que amenazan el trabajo de los periodistas en cotidiano. Los periodistas críticos del gobierno deben hacer frente a las limitaciones en el acceso a la información pública, a procesos legales indebidos y a amenazas de los representantes del Estado. ¿Cuándo dejará el gobierno de amordazar la información y asumirá su rol de garante de los derechos?, ¿cuándo ofrecerá realmente seguridad al gremio? Ante la falta de protección y de justicia, ¿un periodista hondureño debe vivir con miedo, entre violencia y represión, o debe censurarse?”
Ensañamiento con los medios de comunicación de oposición
Las autoridades muestran una voluntad clara de controlar la información y de amordazar a las voces críticas. Los más afectados son los medios de comunicación comunitarios y los de oposición, como Radio Globo o Canal 36. Se les limita el acceso a la información pública y padecen un encarnizamiento judicial disuasivo, así como numerosas amenazas.
La acreditación de periodistas críticos de la política gubernamental para cubrir instituciones públicas o actos de interés general se ha vuelto problemática en el país. Al director de Radio Globo, David Romero Ellner, y a su colega Rony Martínez, se les negó el acceso a una reunión de los presidentes de Honduras, Salvador y Guatemala, que se llevó a cabo el 26 de febrero pasado. También la cobertura del Congreso es cada vez más restringida. Al parecer el periodista de Globo Noticias Honduras Meridiano, César Silva, y la corresponsal de Reporteros sin Fronteras, Dina Meza, entre otros, son persona non grata. El 9 de diciembre de 2014 RSF envió una carta al presidente del Congreso para resolver este problema, pero las autoridades no respondieron a la misiva. El Estado hondureño no cumple con la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recuerda que: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”.
Los medios de comunicación de oposición siguen padeciendo un acoso judicial indebido muy disuasivo. Así, las autoridades hondureñas se negaron a aplicar las medidas cautelares que la CIDH otorgó al periodista de TV Globo Julio Ernesto Alvarado el 5 de noviembre pasado. En diciembre de 2013 se había prohibido al periodista ejercer cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses tras un proceso por difamación –se le acusó de haber difamado a una exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por permitir una denuncia contra ella.
Reporteros sin Fronteras reitera su inquietud por la actitud hostil de representantes del Estado frente a los medios de comunicación críticos. El 26 de enero pasado el jefe de la seguridad especial del presidente del parlamento, Mauricio Oliva, amenazó al periodista Cesar Silva diciéndole que terminaría un “lanzado en una zanja”; éste también sufrió las intimidaciones de un miembro de la Guardia de Honor Presidencial de las Fuerzas Armadas. El 30 de enero pasado Marvin Ponce, asesor del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, insultó y golpeó en la cara al periodista David Romero Ellner en la cabina de Radio Globo, tras haberlo amenazado de muerte por teléfono. La víspera, el periodista había sido seguido por el comisionado de Policía, Héctor Iván Mejía Velásquez.
Las radios comunitarias, como Radio Coco Dulce y La Voz de Zacate Grande, siguen siendo muy vulnerables a los ataques, teniendo en cuenta la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones en vigor. Honduras está lejos de asignar 33% de las frecuencias a los medios de comunicación comunitarios, como lo recomiendan la CIDH y Reporteros sin Fronteras. El 22 de enero pasado la policía intentó allanar la radio comunitaria La Voz de Puca, en La Asomada (departamento de Lempira). El año pasado, en uno de sus programas de radio se había criticado a la pareja presidencial.
Honduras se encuentra en el lugar 132, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensade Reporteros sin Fronteras.
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