El proyecto de ley de delitos mediáticos, tal y como está redactado, es un instrumento para darle rango legal a la censura y a la autocensura, y una lectura detallada de esa propuesta nos conduce a afirmar que entra en clara contradicción con los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual garantiza de plano el derecho de los ciudadanos a la libre expresión del pensamiento y a recibir información oportuna, veraz, imparcial y no censurada.
Este articulado propuesto por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, abre una brecha peligrosa en materia de libertad de expresión porque trata de criminalizar el ejercicio periodístico y tipificar como delito la divulgación de informaciones que, aun siendo ciertas, puedan ser caprichosamente catalogadas por un tribunal como contrarias a la paz social o a la estabilidad de las instituciones del Estado.
También constituiría delito informar sobre crímenes, asaltos o cualquier otra modalidad de acciones cometidas por el hampa, e incluso por cuerpos policiales, porque, de acuerdo con el artículo cuarto del proyecto presentado por la doctora Ortega Díaz, pueden generar sensación de inseguridad o de impunidad.
Liberdade atropelada
La cobertura de sucesos o incluso de catástrofes naturales estaría sometida también a la discrecionalidad de cualquier autoridad judicial, que perfectamente puede tipificar como delito cualquier nota de prensa cuyo contenido, aun siendo estrictamente cierto, ponga en evidencia la negligencia, la incapacidad o la falta de probidad de altos funcionarios públicos.
Es un proyecto que afecta las voces críticas provenientes de la oposición o de periodistas, comentaristas o locutores francamente enfrentados a las políticas del Gobierno. Pero a la vez constituye un cepo para frenar también las críticas que surjan desde medios comunitarios o las protestas y denuncias formuladas por sectores sociales, sindicales e incluso políticos que militan en las filas del chavismo.
La aprobación de una ley con un contenido como ese habría producido en el pasado la repulsa inmediata de conocidos colegas periodistas que hoy son parlamentarios o altos funcionarios y que, con toda justicia y con toda seguridad, no habrían dudado ni un segundo en denunciar como un atropello a la libertad de expresión un articulado que, repetimos hasta el cansancio, pretende, más que legalizar, legitimar la censura previa, la censura y la autocensura.
Desde este espacio nuestro llamado a los parlamentarios para que hagan un acto de reflexión individual y colectivo e impidan la aprobación de esa ley o cualquiera que se le parezca.
Sem garantias
Hay suficientes instrumentos legales en Venezuela para castigar la difamación y la injuria, e, incluso, el derecho constitucional a la réplica y a la rectificación fue previsto por el constituyente como un recurso para las personas víctimas de informaciones falsas, agraviantes o inexactas. La legislación vigente establece sanciones claras a los abusos cometidos en nombre de la libertad de expresión.
Y en cuanto a las decisiones que han provocado el cierre de 34 emisoras, el hecho de que esas medidas se anuncien en el marco de la presentación de un proyecto que legaliza la censura en sus diversas manifestaciones, y luego de anuncios de la virtual eliminación de los circuitos radiales, deja en claro que no son precisamente razones meramente administrativas las que animaron los anuncios del ministro Diosdado Cabello, independientemente de que puedan existir irregularidades en el uso de la concesión radial.
No hay garantías de que una eventual reasignación de esas frecuencias se haga sobre la base de la transparencia y de la equidad.
Tampoco hay garantías ni respuestas para los periodistas, operadores y demás trabajadores que hoy quedan en la calle.
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Membro da Assembléia Constituinte, foi embaixador da República Bolivariana da Venezuela no México