El periodista uruguayo Roger Rodríguez lleva varias décadas investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar uruguaya (1973-1985). Sus investigaciones facilitaron el hallazgo de niños desaparecidos y el rencuentro con sus familias. A principios de 2011, el periodista fue víctima de amenazas por parte de “Libertad y Concordia”, un grupo que apoya a los militares responsables de violaciones de derechos humanos (http://es.rsf.org/uruguay-abyecta-ofensiva-en-internet-09-02-2011,39516.html) y que se encuentra preocupado ante la posibilidad de una nueva legislación – aun en discusión – que pondría fin a la Ley de Caducidad de 1986, que otorga amnistía a agentes del Estado acusados de crímenes de lesa humanidad. El voto de los diputados debe efectuarse este jueves 19 de mayo de 2011.
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¿Cómo ha pasado estos últimos cuatro meses desde la amenaza que recibió, tras la publicación en la revista Caras & Caretasde su artículo “La ofensiva de los indagables”?
Roger Rodríguez– Nosotros, los periodistas que investigamos sobre temas vinculados a los delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura, solemos ser amenazados. Yo siempre bromeaba con algunos colegas diciendo “si no te amenazaron es que la nota era mala, si no tenías una llamada, una protesta, era porque la nota era mala”. Lo que pasó ahora fue distinto, trasciende el juego normal de ese periodista que sabe que está sometido a la crítica o a algo más, a un insulto o a algún tipo de presión. Esta vez se publicaron mis datos personales y familiares. Al publicar un plano de mi casa, se está convocando a sicarios. Eso es lo que ocurre en Juárez o en Colombia, no acá. Yo se lo comuniqué a mi gremio y a la Asociación de la Prensa Uruguaya quienes lo denunciaron publicamente y la solidaridad recibida fue increíble. Reporteros sin Fronteras fueron los primeros en hacer una declaración pública. Desde Reporteros sin Fronteras hasta la Sociedad Interamericana de Prensa, pasando por todo el escenario internacional, surgieron expresiones de solidaridad. Una carta personal fue enviada al presidente Mujica por parte de Amnistía Internacional, todos los gremios y todos los colegas. Allí se vio claramente el rol de las redes sociales. Yo informé a la gente vinculada a las investigaciones y a otros observadores de los hechos sobre el grupo ‘Libertad y Concordia’. De ahí, la información surgió y las consecuencias fueron impresionantes a nivel local e internacional. A nivel local, todo el mundo se enteró y recibí cientos de llamadas, mil quinientos amigos de Facebook, que de una u otra manera se sumaron aportando su punto de vista. Por otro lado, el movimiento ‘Tortura Nunca Más’ me entregó la Medalla Chico Mendes a la Resistencia a principios de abril y la Casa América de Catalunya me acaba de otorgar el premio Libertad de Expresión 2011. La solidaridad, los premios, implican todo un colchón en torno a una persona que fue amenazada. Entonces, a mi parecer, esa solidaridad es extraordinaria porque da tranquilidad. Podrá pasarme algo, pero no es gratis.
“Conexões internacionais”
¿Las últimas amenazas han afectado las investigaciones que venía realizando?
R.R. – Un periodista no puede estar expuesto. Cuando un periodista está expuesto deja de ser periodista y para ser protagonista. Las últimas semanas, luego de quedarnos un poco quietos, de dejar de escribir durante un tiempo, evitando radios, evitando periódicos, pudimos volver a salir y continuar nuestro trabajo: hacer una tapa, editar un artículo, seguir una investigación. Lo último fue ir viendo cómo ese grupo, ‘Libertad y Concordia’, que apoya a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, está aliado con organizaciones internacionales de ultraderecha – como Nueva América – para quienes los “terroristas” pasaron a ser defensores de los derechos humanos, como lo dijeron recientemente militares uruguayos vinculados a violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, hay un escenario muy difícil para los periodistas y activistas de derechos humanos, confrontados a sectores de ultraderecha con capacidad de acción y, cuando digo capacidad de acción, me refiero a grupos nazis o facistas, que realizan en la actualidad pintadas y mañana pueden realizar atentados. Estamos cambiando de escenario debido al tambaleo de la impunidad cuando en Uruguay se comienza a discutir sobre la anulación de la Ley de Caducidad.
En este orden de ideas, el video con amenzas de militares a jueces y fiscales que le llegó al presidente José Mujica, ¿sería parte de esa estrategia?
R.R. – Yo creo que lo que ha ocurrido con ese video, como con el foro de apoyo al grupo ‘Libertad y Concordia’ y con las cartas de los ex-militares a los comandantes, lleva todo a una misma lógica, es una “ofensiva psico-política” – como ellos mismos la denominan – que busca dos objetivos: por un lado, colocarse en los medios de comunicación para decir lo suyo, y, por otro lado, generar miedo a la población sobre la posibilidad de que los militares o los torturadores vuelvan y reciban el apoyo de las fuerzas armadas y los oficiales que hoy están en actividad. Creo que con las notas que realizamos tras la amenaza recibida pero también sobre las conexiones internacionales de esos sectores ultraderechistas, fascistas o nazis, lo que se ha logrado, además del cierre del grupo de Facebook pro ‘Libertad y Concordia’, es que las fuerzas armadas no se sumen a estos grupos.
Responsabilidade dos jornalistas
Recientemente, Mariana Zaffaroni – otra de las niñas desaparecidas que recuperó su identidad – declaró que quiere buscar a su hermano y el torturador Jorge Silveira manifestó que quiere conversar con ella. Este episodio ¿está en esa misma línea de análisis?
R.R. – En realidad todo va por la misma línea. Lo lamentable es que los medios de comunicación apoyen los intereses de los militares que violaron los derechos humanos cuando esos medios son a veces muy cercanos a los sectores más progresistas. El diario La República está hoy en esa campaña para hacer que Mariana Zaffaroni visite al torturador Jorge “Pajarito” Silveira, un coronel que ha cometido violaciones de derechos humanos e incluso violado físicamente a sus prisioneros. Lo que me parece terrible es que la búsqueda de Mariana sea utilizada mediáticamente y que favorezca la campaña psico-política de los violadores de derechos humanos. Creo que Mariana es inteligente y que la forma en que respondió fue muy inteligente, al decir que si se concreta esa entrevista será mano a mano y sin prensa y que va a escuchar a Silveira y a quien le pueda dar un dato sobre su hermano. Creo que hay que seguir creyendo en la posibilidad de buscar la verdad. Yo me he entrevistado con militares responsables de torturas y violaciones de derechos humanos y son ellos los que me han dado la mayoría de los datos de muchas de las investigaciones exitosas que he tenido como periodista. Lo de Mariana me hace tener prevenciones en cuanto al uso mediático. Yo siempre digo que cuando los derechos humanos se politizan, se deslegitiman porque los derechos humanos no son negociables. La política es el arte de lo posible, de la negociación. Uno no puede negociar media picana, media tortura o algo por el estilo.
¿Cuál debería ser la actitud de los medios ante esta búsqueda de protagonismo de los militares, incluso en los informativos centrales?
R.R. – La libertad de prensa y la libertad de empresa se confunden siempre y los medios van a pautar en relación a sus mejores ventas, sus raitings y cosas por el estilo. Es peligroso. Es bueno que el tema se difunda, pero es responsabilidad de los periodistas y de los editores cómo se difunde, y es una responsabilidad política de las empresas de los medios de comunicación el aceptar o no ser manipulados en una campaña política o psico-política de los violadores de los derechos humanos.
Revogação da lei
¿Cómo ve ústed la coyuntura actual en torno a la anulación de la Ley de Caducidad y la discusión en el Parlamento?
R.R. – Yo creo que se está buscando intencionalmente una politización del tema. La Ley de Caducidad debe ser anulada, la historia lo exige. Esta ley no tiene fundamento y ya no se aplica; lo único que está haciendo es mantener bajo una piedra determinados casos, en particular de desapariciones forzadas y una serie de casos de tortura. La opción es entonces anular la ley como lo han exigido la Corte Interamericana de derechos humanos y la Corte Suprema de Justicia de Uruguay que en tres fallos la ha declarado inconstitucional. ¿Cuál es la razón entonces para mantenerla? Solamente algunos intereses o acuerdos politicos. Hoy se está denunciado la existencia de acuerdos políticos entre el MLN-Tupamaros y los Tenientes de Artigas, que es la logia principal de la dictadura en los años noventa, porque en un acuerdo entre ex-combatientes todo se termina en silencio. Se habla de reuniones entre Wilson Ferreira Aldunate (Partido Nacional), hoy muerto – por lo que es imposible desmentirlo –, con el general Medina – uno de los militares vinculados a la dictadura – y otros militares, para llegar a la Ley de Caducidad. Si alguien tiene algo que tapar, yo lo lamento. La única forma de salir de este juego de pactos o acuerdos es enfrentando la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la justicia que se puede aplicar? ¿Qué es lo que se puede saber de la historia? Lo único que importa acá es la verdad y la verdad es lo que vamos a buscar los periodistas que investigamos los temas ligados a los derechos humanos.
¿Cómo ve al gobierno uruguayo en su intención de llegar a la verdad?
R.R. – Yo creo que el Estado tiene la obligación que hacer que se apliquen las leyes y que resurja la verdad histórica sobre esto. La anulación de la Ley es una cosa que va a ocurrir. Han pasado treinta, cuarenta años desde los hechos. Llevamos muchos años tratando de sacarnos de encima una ley de impunidad y si hay que esperar se seguirá esperando y se seguirá buscando la verdad.
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