Ocurrió el jueves en Santa Cruz, la capital del oriente boliviano. Dos reporteros de la cadena de televisión Unitel filmaban la detención de un agricultor en pleitos de tierras con el Estado. Un grupo armado lo trasladaba, maniatado y encapuchado, al aeropuerto, para enviarlo a La Paz. Los dos periodistas seguían al convoy, hasta que una de las furgonetas embistió su vehículo. Tres hombres de paisano los obligaron a bajar, los golpearon y ametrallaron la cámara, que se llevaron consigo, destrozada. Los reporteros identificaron a los asaltantes como miembros de la unidad de élite de la policía.
Se trata del más reciente de los incidentes con los medios que han jalonado el mandato de Evo Morales, cuya alergia a los periodistas es compartida por sus aliados bolivarianos. Este mismo sábado, el Gobierno venezolano anunciaba la clausura de 29 emisoras de radio -que se unirán a las 34 ya cerradas en agosto- y nuevas sanciones contra la asediada Globovisión. También el canal ecuatoriano Teleamazonas y varias radios podrían tener los días contados si prospera la cancelación de licencias exigida el domingo pasado por el presidente Rafael Correa. Y en Managua, Daniel Ortega arremetía ayer de nuevo contra los periodistas, acusándolos de servir ‘a los enemigos del pueblo’.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a 1.300 publicaciones del continente, ha dado la voz de alarma. ‘En los tres últimos años se está imponiendo un patrón de acoso sistemático a los medios independientes en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, en menor grado, Argentina’, explica desde Bogotá Enrique Santos, presidente de la SIP. ‘Los presidentes emplean contra ellos un lenguaje agresivo y beligerante, ligándolos a complós, minando su credibilidad. Todo ello acompañado de medidas específicas para asfixiarles’.
En otros lugares, como México, Centroamérica, Brasil o Colombia, la violencia contra los periodistas está ligada sobre todo al crimen organizado o la corrupción. Lo preocupante con Hugo Chávez y sus aliados, insiste la SIP, es que se han embarcado en una ofensiva de Estado contra la libertad de expresión.
Assédio judicial
Da la impresión de que la prensa estorba al Socialismo del Siglo XXI. Los medios, afirman los dirigentes bolivarianos, responden a ‘intereses de la oligarquía y el imperialismo’ y ‘tergiversan la realidad’. ‘Hay una serie de vicios que tiene la prensa, que son un atentado a los intentos de cambio para bien de nuestra América’, declaraba recientemente Rafael Correa, que ha anunciado que, desde la presidencia de turno de Unasur, propondrá un organismo regional para ‘vigilar’ a los medios.
¿Tienen algún fundamento esas denuncias? ¿Está la prensa demasiado ‘politizada’?
‘En Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua vivimos un proceso de polarización extrema, y es inevitable que eso se refleje en los medios’, asegura Marco Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia. Además, la falta de una oposición articulada y la fragilidad institucional han convertido a la prensa ‘en uno de los principales instrumentos de fiscalización del poder’. Y eso tiene sus riesgos.
‘Claro que hay errores y excesos’, afirma Enrique Santos, pero son parte ‘de la dinámica de la libertad de información, de la lucha de opinión. Para eso están los instrumentos legales’. Sin embargo, las acciones emprendidas por los mandatarios bolivarianos van mucho más allá de los roces tradicionales entre el poder y los medios, y apuntan a una estrategia de control de la información y limitación de la libertad de prensa.
Una estrategia que repite el mismo esquema: empieza con insultos y descalificaciones, sigue con agresiones físicas por parte de grupos de choque oficialistas (sobre todo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua), acoso judicial, medidas de asfixia (como el reparto de pautas publicitarias o los impuestos al papel fijados en Ecuador) y el cierre de medios. Simultáneamente, estos Gobiernos, denuncia la SIP, están conformando poderosas redes de prensa con fondos públicos para usarlos como aparato de propaganda.
Publicidade dirigida
Venezuela marca la pauta. La clausura de Radio Caracas Televisión y de 34 emisoras, el acoso a Globovisión o la ‘ley mordaza’ que el Gobierno coló en la reciente de ley de educación, generan un panorama de paulatino silenciamiento de los medios.
Rafael Correa se ha convertido en el alumno más aventajado de Chávez. Desde su programa semanal de radio, a imagen del Aló, Presidente, recomienda cosas como esta: ‘Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos’. ‘Nunca antes un presidente había convertido a la prensa en su principal enemigo’, dice Emilio Palacio, editor de Opinión del diario El Universo, en la mira del Gobierno.
Correa apuntaba maneras cuando en 2007 se refirió a una reconocida periodista ecuatoriana como ‘gordita horrorosa’, porque le había hecho unas preguntas que le incomodaron. De los insultos pasó a los hechos y desempolvó una ley expedida durante la dictadura, en 1975, que ha servido para emprender procesos judiciales contra varios medios, algunos por ‘atentado contra la seguridad nacional’. Al mismo tiempo, las autoridades han iniciado un proceso de revisión de las licencias de radio y televisión, como en Venezuela, y ya han advertido que van a caer ‘algunas vacas sagradas’. Los efectos se empiezan a sentir y la autocensura, detecta la SIP, está anidando en muchos medios ecuatorianos.
En Bolivia se han registrado 90 agresiones a periodistas en los últimos nueve meses, señala Marco Dipp. ‘De momento no hay leyes mordaza, pero el temor es que, después de las elecciones de diciembre, se incluyan en la anunciada reforma judicial’. Evo Morales ha suspendido las conferencias de prensa y sometido a escarnio público a algunos reporteros. ‘Sólo el 10% de los periodistas son dignos’, ha dicho. El resto, miente. ‘¿Diremos la verdad si hablamos bien del Gobierno?’, se pregunta la periodista Silvia Padilla.
Su homólogo Daniel Ortega no se queda atrás. Según la SIP, el Gobierno ha concentrado pautas publicitarias en medios de comunicación pertenecientes a la familia del presidente, además de recurrir a un poder judicial controlado por el sandinismo para asediar a los periodistas incómodos, como Carlos Fernando Chamorro. Otra veces son las turbas oficialistas las encargadas de poner orden a base de asaltos y palizas.
***
A ‘lei da mordaça’ dos Kirchner
Soledad Gallego-Díaz, de Buenos Aires
Los Kirchner se han lanzado en Argentina a una dura batalla contra el principal grupo de comunicación del país, Clarín. Acaban de presentar un proyecto de ley que afecta a los intereses de ese grupo y, de paso, otorga al Gobierno un mayor control sobre todos los medios privados de televisión y de radio, y sobre sus contenidos.
En todas las ocasiones, los intentos para aumentar el control o, directamente, de acallar a determinados medios de comunicación latinoamericanos han coincidido con actitudes fuertemente críticas de esos grupos de comunicación, lo que invalida los llamamientos presidenciales a la defensa de ‘la información veraz’ y la ‘auténtica libertad de expresión’. ‘Históricamente, los movimientos populistas de la región han mantenido relaciones conflictivas con los grandes medios de comunicación’, escribe el comentarista argentino Julio Brudman, ‘porque tarde o temprano esos medios dejan de apoyar a esos Gobiernos, bien sea porque ya no aprecian sus políticas populistas o, simplemente, porque interpretan el creciente malhumor de la opinión pública’.
El primer día de debate en el Congreso argentino, el pasado jueves, fue tumultuoso, con gritos y hasta empujones. Los kirchneristas tienen prisa para lograr que la ley se apruebe antes de que tomen posesión, en diciembre, los nuevos diputados que ganaron las elecciones parciales de junio. La oposición, por el contrario, intenta retrasar el proceso, y confía en que el Senado dé carpetazo a un proyecto que califica de fuertemente estatalista.
Pluralidade controlada
La batalla se inició con la repentina decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de suspender su contrato con el grupo Clarín por los derechos de televisión del fútbol de primera división. La AFA firmó a toda prisa un nuevo acuerdo con el Gobierno por el que los partidos pasaron a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública. ‘Fútbol gratis y para todos’, prometió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque se trata de una metáfora porque el fútbol lo pagarán religiosamente todos los argentinos: la asociación cobrará cada año 600 millones de pesos que saldrán, naturalmente, de los impuestos y no del pay per view, como antes. ‘En un país con una terrible historia de secuestros, se ha acabado el secuestro de los goles’, afirmó la presidenta, para estupefacción de los supervivientes de la dictadura militar.
El segundo acto fue la presentación del nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un largo texto de 168 artículos, que prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que se supere el 35% de la audiencia y que se disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (24 en el caso de televisión por cable). La primera consecuencia sería que el grupo Clarín se vería obligado a desprenderse de su televisión en abierto o a dejar de lado el negocio del cable. ‘Cuidado, la libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa’ explicó confusamente la presidenta.
Lo que debería haber sido una ley que se limitara a dar un nuevo marco legal a la comunicación audiovisual, ampliara el número de licencias de televisión en abierto e incorporara medidas consensuadas para regular una eventual concentración excesiva, se convirtió en una ley anti-Clarín, de carácter fuertemente estatalista, que dibuja un sector privado atomizado y dependiente de la renovación más o menos arbitraria de las licencias, válidas exclusivamente para 10 años. ‘Esta ley crearía un sistema basado totalmente en la discrecionalidad política. Nace de un Gobierno que no está legitimado para reclamar transparencia porque él mismo es extraordinariamente opaco y puede ser refrendada por un Parlamento que ya no representa la voluntad popular, porque las elecciones diseñaron una nueva situación’, advierte Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín.
El proyecto tiene el apoyo de los grupos de izquierda argentinos, entusiasmados con la idea de distribuir las posibles licencias de cable en tres grandes grupos y que sólo uno de ellos corresponda al sector privado. Los otros dos se reservarán para los poderes públicos y para los distintos grupos sociales, desde agrupaciones vecinales a universidades, grupos religiosos o comunidades indígenas. En la práctica, afirma Kirschbaum, esa pretendida pluralidad de voces no será tal, porque estará también controlada por el Gobierno, dueño de las licencias y de las subvenciones.
Segurança jurídica afetada
En su afán por demostrar que se trata de una regulación ideológicamente inspirada en la izquierda, los Kirchner explicaron que el proyecto de ley ha sido ya discutido en 24 foros públicos y 80 por todo el país, gracias a lo cual se incorporaron al texto 139, firmadas desde la agrupación vecinal Comandante Andresito hasta el grupo estudiantil El Andamio, pasando por facultades de comunicación, grupos feministas, religiosos e indígenas.
La propuesta afecta igualmente a las emisoras de radio que han expresado también su protesta. ‘Esta ley’, afirma la Asociación de Radiodifusión Argentina, ‘consagra el fuerte control del Gobierno de turno sobre los medios privados y sus contenidos, afecta a la seguridad jurídica de los actuales licenciatarios, genera un sistema dependiente del Estado y otorga un poder discrecional al Ejecutivo’.