La Comisión Permanente del Congreso aprobó un dictamen que despenaliza el delito de difamación y establece que esos casos son sancionados con multas y prestación de servicios a la comunidad y ya no con pena privativa de la libertad.
El dictamen aprobado establece que la difamación deberá ser reprimida con la prestación de servicios a la comunidad de entre 40 a 80 jornadas o con 80 a 160 días multa.
También contempla incrementar las sanciones cuando la difamación sea cometida a través de libros, la prensa u otro medio de comunicación social; y en este caso específico se plantea como sanción, la prestación de servicios a la comunidad entre 80 a 156 jornadas o 200 a 365 días multa.
Este dictamen modifica el artículo 132 del Código Penal, el cual actualmente señala que “si el delito (de difamación) se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años”.
Iniciativa se había desestimado
Esta modificación fue aprobada por 13 votos a favor y adoptada luego de haberse reconsiderado en la Comisión Permanente una votación anterior que desestimó inicialmente dicha iniciativa.
Durante la sustentación, el legislador Raúl Castro Stagnaro explicó que este cambio se fundamenta en la normatividad internacional, pues en la mayoría de países del mundo la difamación o injuria se castiga con una sanción económica.
Mauricio Mulder, legislador del Partido Aprista, se pronunció a favor de la propuesta e indicó que se deben evitar hechos como el ocurrido recientemente en Ecuador, con la sanción que se le impuso a un medio de información por llamar “dictador” al presidente de ese país.
El congresista Fredy Otárola, del Partido Nacionalista, indicó que el insulto no tiene ninguna relación con la libertad de prensa.
“Es un tema de dignidad, el insulto no tiene nada que ver con la libertad de prensa, no se puede tolerar la libertad del insulto que se realiza a través de las redes”, enfatizó.
De otro lado, la Comisión Permanente aprobó un dictamen que declara de necesidad pública y preferente interés nacional, diversos proyectos de irrigación en las regiones Huancavelica, Ica y Amazonas.