El presidente Hugo Chávez debe condenar públicamente la agresión de la que fue víctima Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, el 16 de diciembre de 2010, en el recinto de la Asamblea Nacional. Este acto de violencia ocurre en medio de una campaña de descrédito emprendida por el poder ejecutivo contra los defensores de las libertades públicas fundamentales y los derechos humanos. Las legislaciones represivas se multiplican, ya que el ejecutivo tiene todavía entre sus manos, hasta el 5 de enero de 2011, una mayoría parlamentaria.
En nombre de la Alianza para la Libertad de Expresión, que aglutina diversas ONG, entre ellas nuestra colega IPYS Venezuela, Carlos Correa había asistido para presentar argumentos contra las nuevas versiones de las leyes de responsabilidad social en radio, televisión y medios de comunicación electrónicos (Resortemec) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel), que refuerzan las modalidades de control y censura de los medios de comunicación. Estas dos legislaciones fueron adoptadas en primera lectura el 15 de diciembre, abandonando el proyecto de punto de acceso único a la internet contenido en los textos iniciales.
Inimigos do Estado
Fue bajo la mirada pasiva de los oficiales de seguridad del Parlamento que Carlos Correa fue golpeado, le lanzaron un objeto en plena cara, y recibió amenazas de muerte, mientras conversaba con los medios de comunicación sobre el sentido de sus gestiones. Sufre una inflamación en la cara. La abogada de Espacio Público Mariana Belalba tuvo que borrar las fotos que tomó con su cámara en el momento de la agresión. Ésta, coincidió con el voto, en primera lectura, de la Ley para la Protección de la Soberanía Política. Este otro ‘paquete’ legislativo, relativo a la cooperación internacional, intenta imponer un verdadero control del Estado sobre la actividad de las ONG venezolanas y extranjeras representadas en el país.
La Alianza para la Libertad de Expresión ofrecerá una rueda de prensa el 20 de diciembre. Reponsabilizaremos a las autoridades por la integridad física de los participantes, vergonsozamente señalados por el poder como enemigos del Estado.
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