Dos años después de una concepción que se pretendía de urgencia, laley Sinde vio ayer por fin la luz al final de un túnel de patinazos parlamentarios, pactos in extremis, rebeldía internautay renuncia del anterior Gobierno a desarrollar una normativa antidescargas que busca el cierre de páginas web que sirvan o enlacen sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor. La ley la había sacado adelante el PSOE en el Parlamento con los votos de PP y CiU. Pero hubo que esperar al segundoConsejo de Ministros del PP para que se aprobase el reglamento que dé desarrollo tal y como lo dejó el anterior Ejecutivo. No incluye más cambios que el nombre de los ministerios que aportan funcionarios a la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, la encargada de ordenar la clausura de las webs.
Tras el cambio de Gobierno, los cinco miembros procederán de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia y Economía y Competitividad. La presidencia corresponderá a José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura (a falta de ministro del ramo) o quien él designe.
La noticia del alumbramiento la dio la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que además anunció la sustitución del llamado canon digital, vieja aspiración del PP, por un gravamen universal. Es decir, lo pagaremos todos, hagamos o no copias privadas. La cantidad saldrá, según fuentes ministeriales de una partida de los Presupuestos Generales del Estado, que se pactará con las entidades de gestión, y ascenderá a una cifra entre 37 y 42 millones, cantidad que sale de multiplicar la población española por 0,8 o 0, 9 euros per cápita. Menos de la mitad de lo recaudado con el anterior sistema en 2010.
Entre tanto recorte económico y subida de impuestos la culminación de la ley Sinde pasó prácticamente inadvertida en un primer momento. Acaso fue por la formulación un tanto confusa (se habló de “la aprobación de la Comisión de la Propiedad Intelectual”, que viene a ser tomar la parte por el todo) o porque se acompañó del anuncio más popular de la sustitución del canon por “un sistema de compensación por copia privada”. Sea como sea, la Red no pareció soliviantarse como era habitual en estos casos. Al menos, en un primer momento. Claro que después las palabras ley Sinde se convirtieron en “tema del momento mundial” en Twitter.
Nadie piensa dejar de llamar a la norma con el nombre de la ministra saliente, que la bautizó involuntariamente por oposición de la Red, cuando la legislación se coló de una manera pretendidamente discreta como disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Quizá tenga sentido, dado que el PP no ha introducido cambios de relieve en el reglamento heredado del anterior equipo de Cultura tras atender a las recomendaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
La exministra aseguró a Efe que la decisión del PP le parecía una “buena solución que lo que busca es perseguir a las páginas, que son muchas, que se lucran, y no perseguir al usuario” en unas palabras que sonaron a eco de las pronunciadas por Sáenz de Santamaría: “Solo se va a actuar, y siempre con protección judicial, contra los que hacen negocio de esas descargas ilegales”.
La vicepresidenta destacó también que con estas medidas “España entra en el estándar internacional de lucha contra la piratería” el mismo día en que se conoció que la Cámara de Comercio de Estados Unidos había remitido una carta a Mariano Rajoy en la que le conminaba a tomar medidas para evitar la fuga de inversiones. “Su falta de aprobación [de la ley Sinde] ha supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia”.
Pese al “importante paso” dado ayer en las políticas de protección de la propiedad intelectual, aún quedan por conocer los detalles, y ya se sabe que en ellos reside el diablo. La comisión empezará a cerrar páginas web en los primeros compases del año, aunque no se precisó cuándo, si bien un portavoz de Educación, Cultura y Deporte aseguró que sería a la vuelta de las vacaciones.
El resto de la ley Sinde se ajusta a lo pactado en el Senado (un modelo mixto administrativo-judicial que se basa en la denuncia de los titulares y designa una comisión sometida a control judicial en dos momentos del proceso) y a la reforma del reglamento adelantada por EL PAÍS: el desarrollo normativo castiga expresamente la reincidencia de los infractores y persigue a las webs de enlaces.
Contribuintes custearam sistema alternativo
Igual que un contribuyente sin coche paga de sus impuestos la construcción de autopistas, los ciudadanos ahora sufragarán de su bolsillo la compensación a autores y dueños de derechos de propiedad intelectual por la realización de copias privadas de sus obras. El Gobierno del PP aprobó ayer la supresión del llamado canon digital (la tasa que grava a priori cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento sujeto a derecho de autor) y anunció su sustitución por otro sistema de compensación que será definido “mediante un Real Decreto”, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Anualmente el Estado destinará entre 0,8 y 0,9 euros por habitante -entre 37,6 millones y 42,3 millones de euros- para compensar a los autores y dueños de derechos, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes del nuevo Ministerio de Educación y Cultura. En 2009 por esta vía se recaudaron 90 millones de euros, de acuerdo con datos de las sociedades de gestión. En 2010 la misma fuente asegura que los ingresos mediante el canon fueron “inferiores” a los 100 millones de euros.
El Ejecutivo apunta cómo funcionará el nuevo sistema: “Se desarrollará reglamentariamente el mecanismo que establece una compensación económica calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado. Dicha cantidad será determinada por el Gobierno y recogida en los Presupuestos Generales del Estado tras el diálogo con los sectores afectados, y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea”.
Rafael Sánchez, portavoz de las sociedades de gestión Egeda (productores) y SGAE (autores y editores), señaló que ahora el canon “lo van a pagar todos los españoles, con independencia de que hagan copias o no”, y agregó: “Nos vamos a alejar de lo que están haciendo en la UE”. Jesús Banegas, presidente de Ametic (asociación de operadoras y empresas tecnológicas), saludó la supresión pero calificó de “disparate” recurrir a la vía impositiva. La Asocación de Internautas ha aplaudido la medida pero ha pedido que se devuelva lo recaudado hasta ahora.
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A “lei Sinde” dos EUA, um terremoto
Barbara Celis [De Nova York, 6/1/2012]
Un apagón digital protagonizado por Google, Yahoo, Twitter, Facebook, Paypal, AOL, Amazon, Mozilla y otras grandes ciberempresas debe ser algo bastante parecido al fin del mundo en el siglo XXI. Su desconexión voluntaria, aunque solo fuera durante algunas horas, supondría sufrir y provocar perdidas económicas millonarias y colapsar el tejido económico y social de Estados Unidos. Es poco probable que algo así ocurra… pero no es imposible. Todas esas empresas, integradas dentro de la plataforma Netcoalition.com, han discutido la posibilidad de protagonizar un apagón digital este mes como medida de presión contra el proyecto de ley SOPA (Stop Online Piracy Act), una especie de ley Sinde que desde el pasado octubre se discute en el Congreso estadounidense. Así lo sugirió recientemente Markham Erickson, presidente de Netcoalition y lo ha confirmadoa este diario su portavoz Jake diGregorio, aunque reconoció que se trataba, de momento, “solo de una idea”.
La SOPA, que en su versión en el senado lleva las siglas PIPA y que será votada en esa cámara el próximo 24 de enero, ha puesto en pie de guerra a todo el planeta digital estadounidense, prácticamente sin excepciones. Propuesta el pasado octubre por el congresista republicano Lamar S. Smith y una coalición bi-partisana, la SOPA aspira a reforzar la persecución de la piratería digital otorgándole al Departamento de Justicia estadounidense el poder de criminalizar a toda web que aloje contenidos ilegales, desde un blog anónimo en Rusia a la mismísima red social Twitter si un usuario tuitea un link a una web con contenido ilegal. Las webs ubicadas fuera de Estados Unidos, que hasta ahora estaban a salvo de la justicia estadounidense, se convierten así en una de sus principales dianas. ¿Cómo? A diferencia del Digital Millenium Copyright Act, por el que se regía la persecución de la piratería online desde 1998 y que simplemente obligaba a una web a retirar el material ilegal (por ejemplo un vídeo de Youtube), la SOPA impone a los proveedores de internet, a los motores de búsqueda, a las empresas de publicidad y a las de pago online bloquear los servicios a escala mundial de toda web que esté bajo investigación del Departamento de Justicia. Además obliga a los proveedores de dominios, (la gran mayoría están alojados en Estados Unidos, aunque la web esté por ejemplo en España), a inhabilitar toda web sospechosa, provocando de facto su desaparición de la red. De lo contrario, ellos mismos se exponen a entrar en la lista negra.
Y eso, al margen de que la violación de derechos de autor conlleve o no un beneficio económico para la web que infringe la ley. Por ejemplo Wikileaks, que se ha dedicado a filtrar gratuitamente informes gubernamentales y por tanto protegidos por la legislación de propiedad intelectual, sería fulminada en el acto si la SOPA se aprobara.
“La gravedad de la ley reside en la vaguedad de su lenguaje, que puede interpretarse de forma tan amplia que desde los proveedores de Internet a los propios usuarios podrían convertirse en objeto de persecución legal”, explicó a este diario Jake diGregorio. “Creará nuevas herramientas para silenciar la libertad de expresión en Internet”, advierte la Electronic Frontier Foundation.
La SOPA ha puesto de manifiesto la gran brecha conceptual entre el mundo digital y el de las empresas tradicionales de contenidos. Como afirmaba recientemente en The New York Times el especialista en tecnología David Carr, “las empresas digitales ven la SOPA como una peligrosa y destructiva amenaza para la libertad en la web, acercándose a una regulación intrusiva como la que ha convertido China en el villano de los ciudadanos de la red”. Esas empresas, encabezadas por gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Yahoo o AOL enviaron en diciembre una carta al Congreso estadounidense subrayando su apoyo a los objetivos de la ley -luchar contra la piratería y reforzar las herramientas para combatir las páginas ubicadas en el extranjero que violan los derechos de autor- pero advirtiendo que tal y como estaba redactada “expondría Internet y las empresas a nuevas e inciertas amenazas, les privará de derecho de acción y obligará a controlar las webs”. O lo que es lo mismo, a censurarlas.
Los dos grandes defensores de la SOPA son la Motion Picture Association of America (MPAA) que agrupa a las grandes productoras de cine estadounidense y la Recording Industry American Association (RIAA), que agrupa a las grandes discográficas. Además otras 140 empresas cercanas a ellas les apoyan. Según la MPAA, Estados Unidos pierde anualmente unos 46.000 millones de euros por culpa de la piratería mientras que la Cámara de Comercio de ese país, también defensora de la ley, afirma que 19 millones de puestos de trabajo están amenazados por ella.
El debate está candente y tanto el mundo internauta (Arianna Huffington, Jack Dorsey, Jimmy Wales o la Online News Association) como el de los defensores de las libertades civiles (desde la ACLU a Human Rights Watch) están luchando para cambiar el texto de la SOPA, cuya posible inconstitucionalidad ha sido denunciada por más de 100 profesores de leyes, que así se lo han hecho saber al Congreso.
Una cosa queda meridianamente clara: la ley Sinde en su versión estadounidense ya ha provocado bajo su suelo un auténtico terremoto.