La prensa venezolana independiente se ha ido debilitando a través de legislación restrictiva, ataques digitales y un vasto aparato de medios estatales mientras intenta cubrir temas vitales en el período previo a una disputada elección presidencial, concluyó un informe especialdel Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). “El desmantelamiento gradual de la prensa crítica en Venezuela en los últimos 13 años, junto con campañas de desprestigio en los medios estatales, y decisiones judiciales que permiten la censura, es una pérdida notable para los ciudadanos que necesitan informes profundos, no la propaganda, para tomar decisiones informadas”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades deben revocar las medidas legales que perpetúan la censura, la polarización y acallan la posibilidad de un debate público profundo.”
El gobierno de Chávez ha utilizado una serie de leyes, amenazas y medidas reglamentarias para debilitar gradualmente a la prensa independiente. A la vez, la construcción deun imperio de medios estalesha resultado en la censura de temas que afectan la vida cotidiana de los venezolanos, incluyendo la violencia generalizada, la contaminación del agua y la crisis carcelaria, según la investigación del CPJ.
Jornalistas locais sem recursos
Con una penetración de internet entre las más altas de la región, el gobierno también ha incurrido en actos intimidatorios contra periodistas que trabajan en línea. Las cuentas de periodistas críticos son hackeadasy utilizadas para promover mensajes a favor del gobierno, según el informe del CPJ. “Los venezolanos usan el internet para compartir información que el gobierno trata de ocultar, como los cortes de luz y los derrames de petróleo”, afirmó Lauría. “Estos ataques contra una de las últimas plataformas consideradas como libres y accesibles abre un nuevo frente de vulnerabilidad para la prensa.”
Los objetivos políticos de Chávez son omnipresentes y establecen límites claros al disenso público. Más allá de utilizar el vasto imperio de medios estatales del país para difundir su mensaje, desde 1999, las emisoras independientes se han visto obligadas a transmitir más de 1.600 horas de discursos presidenciales conocidos como cadenas. A la vez, los medios independientes que emiten informes que contrarrestan la labor infamativa del estado son castigados con multas excesivas. “El asalto de Venezuela contra la prensa independiente está siendo emulado por los gobiernos de toda América Latina”, afirmó Lauría. “Una embestida creciente para desmantelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por el bloque de países que incluye a Venezuela, dejaría a los periodistas locales con pocos recursos para la justicia y la rendición de cuentas mas allá de sus propias fronteras.”
El informe incluye una introducciónde Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, y un podcastcon Lauría del CPJ. El informe también está disponible en inglés.
[O CPJ é uma organização independente sem fins lucrativos, sediada em Nova York, e dedica-se a defender a liberdade de imprensa em todo o mundo]