El 29 de enero a las 13:30 horas aproximadamente, 100 policías y funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se presentaron a la comunidad de indígena purépecha de Ocumicho, municipio de Charapan Michoacán, para cerrar la emisora comunitaria Uékakua.
Según la representación de Amarc en México, el operativo fue hecho excesivo y realizado con violencia, amenazando a dos jóvenes mujeres para detener la transmisión y la información por la cual se informaba a la comunidad de lo que estaba pasando. De acuerdo con testimonios de integrantes de la radio a una de ellas se le tapó la boca para que no pudiera avisar a los radioescuchas sobre el cierre. Las autoridades se negaron a presentar los escritos que justifican el cierre de la radio, afirman.
La emisora transmitía en la lengua purépecha, con una potencia solamente de 5 watts en la frecuencia del 104.5 de FM. La emisora sirve a una comunidad que tiene uno de los índices más altos de pobreza en el estado y desde el 2003 ha realizado gestiones para obtener un permiso de operación, pero la delegación estatal de la SCT nunca dio una respuesta concreta.
El 24 de enero aproximadamente a las 16:00 horas, personal de la AFI y de la SCT también cerró la emisora comunitaria Eiampiti, en la comunidad indígena purépecha de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.
Liberdade de expressão
Esta radio trasmitía desde la Casa de la Cultura del Ayuntamiento donde estaba en la, confiscando el equipo de transmisión, cuando en ese momento la radio no estaba transmitiendo. Eiampiti inició sus gestiones en el 2002 ante la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que les apoyaran para la obtención de su permiso de operación, sin embargo, la respuesta fue que podrían utilizar una frecuencia de propiedad estatal. La comunidad no aceptó la propuesta pues entienden que la Constitución asiste su derecho a contar con un medio propio y no querían una tutela del Estado que les hiciera perder su independencia.
La representación mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, condenó ‘el uso excesivo de violencia por parte de las autoridades en contra de comunidades indígenas que quieren ejercer su derecho a comunicar, pero que el Estado mexicano se niega a reconocerles, pues hasta el momento no se ha implementado una normativa que haga efectivo el artículo 2º constitucional que otorga derecho a las comunidades indígenas para operar sus propios medios de comunicación, aún cuando dichas comunidades han hecho sus peticiones de permiso para estar dentro de la legalidad, la respuesta de las autoridades son largos procesos burocráticos o el silencio’.
También rechaza la creciente tendencia del gobierno al ‘criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de aquellas comunidades más empobrecidas y excluidas del país’. Esa fuerza policial, afirman, ‘debiera estar encaminada a combatir el crimen organizado y no a amedrentar a las comunidades indígenas que a pesar de todos sus esfuerzos y demandas para que se cumplan sus derechos, el Estado mexicano, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, se niegan a atender’. [3 de febrero de 2009]
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Carlos Aparicio
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Diretor Programa de Legislações e Direito à Comunicação da Amarc-ALC