La detención de Jorge Melgar Quete, que tuvo lugar el 13 de octubre de 2008 en Riberalta, vuelve a situar el contexto de ‘guerra mediática’ en el centro del conflicto político que agita Bolivia desde hace más de diez meses. Esa crisis, afortunadamente frenada por la reunión de La Unasur un mes atrás en Santiago de Chile, puede volver a aparecer en cualquier momento a medida que se acerca el referéndum constitucional y poner al país, y a su prensa, una vez más em peligro. En esta situación en que los periodistas – tanto del sector privado como público, considerados progubernamentales o de oposición – se han convertido en blanco o rehenes de los militantes de ambos campos, el caso Melgar aparece lleno de trampas. Para el Gobierno, para la justicia, y también para la profesión.
Replicando a quienes apoyan que Jorge Melgar no tiene estatuto de periodista, el gobierno del presidente Evo Morales se ha defendido mal. Pueda o no pretender ser periodista, Jorge Melgar Quete merece sin duda una inculpación por ‘incitación a la violencia’ y, añadiríamos, por ‘apología del odio racial’. Sin prejuzgar los actos que haya podido cometer, basta recordar las palabras que pronunció en la televisión local Canal 18, y que reprodujo toda la prensa, tanto pública como privada: ‘Indio ignorante’ (refiriéndose a Evo Morales), ‘Evo Morales, Álvaro García (Vicepresidente), Alfredo Rada (Ministro de Gobierno) y Juan Ramón Quintana (Ministro de la Presidencia) deberían ser fusilados’, ‘Hay que liquidar a Evo Morales’ e incluso ‘Los collas, raza maldita, son más pobres que las ratas porque son flojos’.
Sanção justa
Alemania tuvo su Goebbels y Ruanda su Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, com los resultados que se conocen. ¿Habrá que esperar otros 11 de septiembre de 2008 en el departamento de Pando, donde algunos autonomistas provocaron enfrentamientos que derivaron en 18 personas muertas, 16 de ellas campesinos indígenas, para retirar finalmente el micrófono a un Jorge Melgar? Un provocador de odio no es un periodista, y un medio de comunicación del odio deja de ser un medio. Por eso, Reporteros sin Fronteras no considera el caso de Melgar como cualquier otro asunto de prensa. Enviar a La cárcel a este galvanizador racista es una opción que corresponde al Gobierno boliviano. Por nuestra parte, preferimos que sean los propios periodistas bolivianos quienes le envíen al único aislamiento que merece: el del silencio de la infamia.
Mientras una parte de la oposición, fiel a la desastrosa actitud que fue la suya durante el conflicto, acusa al Gobierno como ‘dictador’, enviar a Melgar a la cárcel por sus manifestaciones podría convertirle en un mártir de la libertad de la expresión, e incluso en algo más. La justicia no tiene nada que ganar, el Gobierno todo que perder, y las organizaciones profesionales y sindicales ya no podrán hacer nada contra la ‘guerra mediática’. Que la sanción sea proporcionada y justa, y se evitará crear un
triste símbolo.
Tentação oficial
Los medios de comunicación tienen su parte de responsabilidad en el conflicto boliviano. El caso de Melgar lo demuestra. El Art. 108 de la futura Constitución, según el cual ‘los médios deben observar los principios de veracidad y responsabilidad’, merece ser discutido en cuanto a su interpretación en el terreno jurídico. Su enunciado en una Constitución vale también un debate, pero un debate que a su vez respete esos principios, de los que reclama la prensa.
Más allá del anunciado diálogo entre el Gobierno y los representantes de la profesión – Reporteros sin Fronteras lo apoyará – queremos creer en un pluralismo real y pacífico en Bolivia. Un pluralismo que pasa por el desarrollo concertado de los medios locales, y entre ellos los comunitarios, un reparto justo de la pauta publicitaria oficial y la concesión de frecuencias al margen de cualquier criterio ideológico. Que implica también que la justicia se imparta equitativamente cuando los militantes progubernamentales atacan a la prensa privada. Y que, finalmente, supone renunciar a cualquier tentación oficial de estigmatizar a algunos medios o periodistas, como se queja Alexandre Lima, redactor jefe del sitio O Alto Acre en el estado fronterizo de Pando.
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Secretário-geral do Repórteres Sem Fronteiras