El pleno de la Cámara de Senadores sancionó ayer [28/7], después de dos días de debate, el proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y la remitió al Ejecutivo para su promulgación. La nueva norma fue aprobada sin atender los cuestionamientos de la oposición ni de la Asociación Boliviana de Radiodifusión (Asbora), porque da al Gobierno y a sus afines dos tercios del espectro y permite escuchas telefónicas.
Asbora anunció para hoy una reunión de emergencia en La Paz a fin de analizar la ley, debido a que con su promulgación y vigencia, las licencias de las más de 600 radios legales que operan en el país fenecen en 2017.
La ley de 112 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición final, otorga un 33 por ciento del espectro electromagnético al Estado, igual porcentaje al sector privado, 17 por ciento para el sector social comunitario y el 17 por ciento para los pueblos indígenas originarios y campesinos.
Según los críticos de la ley, en la práctica Morales controlará el 66 por ciento del espectro debido a su relación con las organizaciones indígenas y sociales, con el riesgo de que los medios privados sean desplazados y pierdan sus licencias.
Esta ley de telecomunicaciones también permite las escuchas telefónicas “en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres”.
“La privacidad está prevista en la Constitución Política del Estado”
El presidente del Senado, René Martínez, declaró que la nueva normativa está en el marco de la Constitución y no hay ninguna vulneración de derechos.
El senador opositor Bernard Gutiérrez dijo que la ley legaliza las escuchas telefónicas y preocupa por la posibilidad de que políticos y periodistas sean objeto de ‘pinchazos’ con el argumento de seguridad nacional.
Al respecto, el expresidente del Colegio de Abogados Fernando Cuéllar precisó que las escuchas telefónicas son un atentado al principio de inviolabilidad, porque el ciudadano es privado de su libertad. “La privacidad está prevista en la Constitución Política del Estado. Hoy lo hace la Policía, pero previa autorización judicial porque se debe controlar que no sea usado para perjudicar a las personas”, explicó.
Además, sostuvo que en ninguna parte del mundo se permiten los “pinchazos”.
La normativa también ha sido criticada por las 15 cooperativas de telecomunicaciones debido a que no les permite brindar telefonía móvil y al mismo tiempo establece más impuestos.