Acusado de “instigación pública al odio”, “vilipendio a funcionario público” y “ofensa pública por razones de género” tras la publicación de un polémico fotomontaje en el semanario Sexto Poder, Leocenis García, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 30 de agosto de 2011, realiza una huelga de hambre desde hace una semana. Su abogado confirmó a Reporteros sin Fronteras que continuará su ayuno hasta que retiren los cargos presentados contra él (http://es.rsf.org/venezuela-la-justicia-no-puede-a-la-vez-01-09-2011,40892.html). En ese sentido, la defensa planea presentar un nuevo recurso en los próximos días.
"No podemos alentar a Leocenis García a que ponga en peligro su salud, incluso su vida, y por esta razón lo instamos a que cese su huelga de hambre. Sin embargo, denunciamos junto con él un proceso absurdo y un uso abusivo de la prisión preventiva contra un hombre que se entregó voluntariamente a la justicia. El trato que se ha dado a Leocenis García menosprecia abiertamente las reglas más elementales del derecho, en especial la presunción de inocencia que se aplica a cualquier ciudadano”, declaró Reporteros sin Fronteras.
La organización constata con preocupación que no existe ningún signo de moderación por parte del gobierno, en un contexto de polarización aún extrema, donde las sanciones administrativas sólo se dirigen a medios de comunicación cuya elección editorial no sigue la línea del Palacio de Miraflores.
Canal de TV é multado em 2 milhões de dólares
Así, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), apoyándose en el artículo 182 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, ordenó la suspensión de cinco radios del estado de Zulia (oeste): Titán, Coquivacoa, Kalor, Romance y Machiques Stereo, y el 3 de noviembre confiscó su equipo de transmisión por “uso clandestino e ilegal del espectro radioeléctrico”. José Ramón Socorro, propietario de la estación Kalor, indicó que representantes de la Conatel, acompañados de 50 agentes de la guardia nacional, ingresaron ese día a las instalaciones de la estación “precisamente cuando se transmitían al aire varios programas críticos a la gestión del gobierno nacional”.
Recientemente, Luis Domingo Álvarez, jefe nacional de Información y Opinión de los circuitos radiales AM y FM Center, denunció que la Conatel está en mora –no ha permitido la renovación de concesiones– con unas 250 radios, que desde entonces no pueden transmitir. Más de otras mil, en espera de frecuencia, estarían operando de forma clandestina y podrían ser las siguientes muy pronto. Reporteros sin Fronteras recibe con cautela el anuncio de que en la Asamblea Nacional se debatirá la futura “Ley de Comunicación para el Poder Popular”. “¿La intención es realmente refundar el paisaje mediático de manera equilibrada como en otros países de la región?, ¿o es cuestión, hablando de ‘medios de comunicación del poder popular’, de calificar a aquellos que tendrían derecho a una frecuencia en función de su contenido editorial? Eso es lo que está en juego”, consideró Reporteros sin Fronteras.
Finalmente, el canal informativo privado Globovisión, golpeado desde el 18 de octubre pasado con una multa de 2 millones de dólares por “apología del delito” y “alteraciones del orden público” debido a su cobertura de los amotinamientos ocurridos en dos penales en junio pasado (http://es.rsf.org/venezuela-el-estado-venezolano-se-ensana-con-19-10-2011,41243.html), anunció que en los próximos días presentará un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La suma de la multa pone en riesgo la sobrevivencia del medio de comunicación.
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