El guion se ha repetido en varias provincias de Ecuador. Un fiscal, un jefe de policía y un funcionario de la Superintendencia de Telecomunicaciones, acompañados de un buen número de efectivos policiales, acuden a estaciones de radio y televisión del país para clausurarlas y confiscar sus equipos. Una veintena de medios han sido cerrados en las últimas semanas con argumentos legales y técnicos. Y según asegura con preocupación a EL PAÍS el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), Roberto Manciati, se esperan más clausuras a corto plazo.
Entre los medios cerrados recientemente constan estaciones como Radio Cosmopolita, de Quito, con 59 años en el aire; un medio público como Telesangay, el canal de la prefectura de Morona Santiago, encabezada por el dirigente indígena Marcelino Chumpi, y Radio Morena, dirigida por Luis Almeida, asambleísta del partido opositor Sociedad Patriótica, y clausurada el viernes pasado en un operativo en el que los policías usaron gas pimienta en medio de incidentes con los trabajadores de la estación.
Chumpi señala que detrás del cierre de Telesangay hay razones políticas, pues el Gobierno lo ha calificado de opositor por sus posiciones en torno a temas como la política minera. Luis Almeida, de su lado, ha anunciado que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares frente a la “persecución del Gobierno”.
El presidente Rafael Correa insistió este martes en que las clausuras responden a incumplimientos de orden legal y técnico por parte de ciertos concesionarios de frecuencias de radio y televisión. El mandatario señaló que se han renovado hasta el momento 200 frecuencias, pero “han tenido que cancelarse cerca de 90, porque incumplían con cuestiones legales, administrativas o técnicas”.
En declaraciones al canal RTS —que no está en la lista de medios privados a los cuales el Gobierno ecuatoriano ha decidido no conceder entrevistas—, el presidente Correa además argumentó que los cierres han sido dispuestos por la Superintendencia de Telecomunicaciones, “que es autónoma del Gobierno”. No obstante, el asambleísta Almeida ha resaltado que quien resuelve sobre los contratos de concesión de frecuencias es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que preside el ministro de Telecomunicaciones.
Para justificar las clausuras de medios, las autoridades ecuatorianas esgrimen la Ley de Radio y Televisión, que prevé dicha sanción en caso de que el propietario del medio cayera en mora en seis o más pagos al Estado del arrendamiento de la frecuencia. En varios casos, además, las autoridades han señalado como causa de clausura el no seguir los parámetros técnicos exigidos por los contratos de concesión. “Todos debemos cumplir la ley y Radio Morena no puede ser la excepción por tener poderosos padrinos políticos”, dijo el presidente Correa el sábado pasado. Radio Morena ha negado estar en mora, mientras otros afectados han señalado que sus situaciones aún estaban en revisión por parte de jueces de lo contencioso-administrativo, por lo que no debía producirse el cierre antes de que dichos recursos legales fueran resueltos.
El objetivo del Gobierno con este proceso de depuración es lograr “una redistribución equitativa” de las frecuencias. La nueva Ley de Comunicación que debate el Parlamento prevé reducir la presencia de los medios privados en el espectro radioeléctrico de un 85% a un 33%, y aumentar el peso del sector público y comunitario.
Varias organizaciones de prensa locales e internacionales han mostrado su preocupación. “Aún no se han agotado todos los recursos legales, tanto en el caso de Radio Cosmopolita como en los otros. Este hecho basta para sospechar de esta serie de acciones contra medios de comunicación audiovisuales, que no se limita a sacar del aire a las emisoras, sino que va hasta la confiscación de su equipo”, dijo Reporteros sin Fronteras a mediados de junio.
“Sabemos que algunas frecuencias más están en riesgo de ser retiradas”, afirma Roberto Manciati, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. “Hemos solicitado a las autoridades que nos dejen conocer cuáles son, pero no nos han querido dar esa información. Esperemos que todos los colegas se pongan al día en sus obligaciones, y que se respete el debido proceso”.
El cierre de estaciones de radio y televisión, al igual que el veto del Gobierno a los principales medios privados del país, se suman a la pugna constante que mantiene Correa con la prensa. Además de las iniciativas promovidas para regular a los medios, el presidente ha interpuesto demandas multimillonarias contra algunos periodistas críticos, como Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de El Gran Hermano, una investigación sobre los presuntos actos de corrupción de Fabricio Correa, hermano del presidente, y el diario El Universo. En el primer caso el mandatario desistió del proceso y en el segundo concedió "el perdón sin olvido" y pidió la anulación de la condena, que obligaba al rotativo a pagar 29 millones de euros por injurias, además de decretar la prisión para un periodista y tres directivos.
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Quito deshoja la margarita por Assange
El Gobierno ecuatoriano continúa preparando una respuesta a la petición de asilo político efectuada por el fundador de Wikileaks, Julián Assange, atrincherado desde el 19 de junio en la Embajada de Ecuador en Londres. Lo llamativo es que la discusión sobre si el Gobierno debe o no otorgar el asilo solicitado por Assange, considerado por sus seguidores como un adalid de la liberación de la información, se produce mientras en Ecuador el presidente Rafael Correa mantiene una dura pugna con los medios privados en la que se han visto demandas del presidente contra medios escritos, la clausura de una veintena de radios y cadenas de televisión, y la decisión de que los ministros no concedan entrevistas a siete grandes medios.
Correa insiste en que su país tomará una “decisión soberana” en el caso. “Consultaremos con todos los que sea necesario, pero no vamos a pedirle permiso a nadie para tomar la decisión soberana de otorgarle o no otorgarle asilo al ciudadano australiano Julian Assange”, dijo. El presidente ha insistido en el hecho de que en EE UU rige la pena de muerte, al contrario de lo que ocurre en Ecuador. Esta anotación del mandatario tiene como marco la hipótesis de que la extradición de Assange a Suecia, donde está reclamado por delitos sexuales, sería un paso previo a una eventual entrega del fundador de Wikileaks a EE UU. “Si es que corre riesgo la vida de Assange, esas cosas son causales para otorgar un asilo”, señaló ayer el jefe de Estado, antes de recalcar que el caso aún está en estudio.
La decisión de Ecuador será expuesta en un extenso documento. El ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, señaló días atrás que “serán decenas y a lo mejor hasta centenares de páginas que expliquen nuestra decisión sobre el pedido de asilo político del señor Assange”.