Hace muchos años, en una conferencia de prensa del entonces secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, en la sede de la Otan, en Bruselas, se produjo un hecho notable. Un periodista formuló una pregunta sensata, pero seguramente irritante, que Haig descartó sin contestar. El siguiente periodista planteó exactamente la misma cuestión. Sucedió en cuatro ocasiones, hasta que Haig alzó las manos en señal de aceptación y contestó la dichosa y molesta pregunta.
No es algo que suceda frecuentemente ni en las conferencias de prensa que se celebran en España ni en ningún otro país del mundo. Fue un extraño momento, con un extraño grupo de periodistas. Pero quizá haya llegado la ocasión de repetir aquel sorprendente experimento y los periodistas europeos podamos ponernos de acuerdo en una simple cuestión: plantear una y otra vez la misma pregunta al primer ministro de Hungría, Viktor Orban: ‘Señor primer ministro, ¿cuándo piensa modificar la ley de prensa que acaba de entrar en vigor en su país y que supone una seria restricción a la libertad de información?’
Ocasiones habrá muchas porque la Unión Europea estará presidida hasta el próximo mes de julio por Hungría, es decir, por el gobierno conservador y ultranacionalista que dirige Viktor Orban, del partido Fidesz (Unión Cívica Húngara). Orban es un político beligerante, que está extendiendo su poder a todas las instituciones del país y que, gracias a la mayoría absoluta de que disfruta en el Parlamento, es el impulsor, entre otras leyes restrictivas de derechos ciudadanos, de una nueva normativa que permitirá poner multas de hasta 750.000 euros por informaciones ‘no equilibradas’ o que sean ofensivas ‘contra la dignidad humana’, requisitos ambiguos que, por supuesto, decidirá en cada caso un órgano nombrado por el gobierno del señor Orban. La ley, que entró en vigor este mes de enero, ha sido denunciada por la totalidad de organismos periodísticos internacionales.
Leis limitam direitos fundamentais
La cuestión es que Europa estará representada en los próximos seis meses por un político que está incapacitado para defender públicamente algunas de las libertades que forman parte de la esencia de la UE y que la Unión suele reclamar en países terceros, como Bielorrusia o Cuba. Para llevar a cabo su trabajo en la presidencia europea, Orban contará con el apoyo de los otros dos países que forman la tradicional troika de la UE, en este caso, España y Bélgica. Es urgente que los Gobiernos de esos dos países, junto con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, nos expliquen a los ciudadanos qué piensan hacer en esta situación. ¿No tiene nada que decir al respecto la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez?
‘La Unión Europea no puede decirnos qué tenemos que hacer con la ley de medios. Nadie tiene el derecho a decir a este gobierno lo que tiene que hacer’, proclamó el primer ministro húngaro el pasado jueves. Evidentemente, eso no es cierto porque, como ha explicado el eurodiputado Daniel Cohn-Bendit y el liberal y ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, la Comisión y el Consejo puede constatar ‘un riesgo claro de violación de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado y abrir un procedimiento de infracción’. Lo que sucede es que a los responsables de la UE les cuesta mucho menos abrir procedimientos por exceso de déficit, por ejemplo, que por violación de los valores democráticos en que se funda la Unión.
La nueva ley de prensa de Hungría es solo una muestra, quizá la más grave, pero no la única, de lo que está sucediendo en toda Europa, sin que los ciudadanos parezcamos darnos cuenta. Cada vez más, según se va profundizando la crisis económica y social, se ponen discretamente en vigor leyes que van limitando derechos básicos. Pasó con los inmigrantes; con la increíble ley irlandesa que multa con 25.000 euros las críticas ‘blasfemas’. Pasó en Polonia con los derechos de las mujeres. Pasa en Hungría. ¿Nada que decir? ¿Repetimos la pregunta?
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Jornalista