Por haber enviado mensajes de alerta en Twitter y Facebook sobre posibles ataques del crimen organizado contra un colegio de Veracruz, María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera pasaron un mes tras las rejas. Un juzgado del estado de Veracruz anuló, finalmente, el 21 de septiembre de 2011, los cargos de “terrorismo” y “sabotaje” establecidos contra los dos usuarios de redes sociales tras un mes de arresto. Fueron inmediatamente puestos en libertad.
Los dos anteriormente acusados corrían el riesgo de purgar de tres a treinta años de prisión, pagar una multa de 750 días de salario y la suspensión de sus derechos políticos. Su liberación se efectúa un día después de la aprobación, por el Congreso de Veracruz, de una modificación que impone pena de prisión de uno a cuatro años y multa de hasta mil días de salario a toda persona que ocasione la “perturbación del orden público”. Entrevistada por Reporteros sin Fronteras, la abogada Claribel Guevara ha excluido, sin embargo, toda relación entre esta reforma legislativa y la liberación de sus defendidos.
“Este mes de prisión por nada deja que pensar. La Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz ha perdido tiempo inútilmente con este caso sin futuro, mientras existen tres asesinatos recientes de periodistaspor elucidar en un estado clasificado como el más peligroso para la prensa desde el principio del año. Es sobre esto que los resultados se hacen esperar. Reporteros sin Fronteras ha tomado conocimiento, adicionalmente, sobre el exilio de quince periodistas durante los dos últimos meses”, recordó la organización.
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