Sunday, 22 de December de 2024 ISSN 1519-7670 - Ano 24 - nº 1319

Uribe explica-se sobre escutas

Cuarenta personas – entre ellas la periodista Claudia Julieta Duque, de Radio Nizkor – interpusieron una denuncia penal el 30 de noviembre de 2010 contra el ex presidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en el caso de escuchas ilegales, amenazas y sabotajes atribuidos a los servicios de inteligencia, en el conocido como ‘Dasgate’. El ex jefe de Estado debe responder por ello ante una comisión especial del Congreso, lo que le evita consecuencias penales más graves.

Este escándalo, al cual Reporteros sin Fronteras consagró una misión, conoció un nuevo rumbo gracias a otra queja, interpuesta esta vez en Bélgica, el 29 de noviembre, por una decena de organizaciones (entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos y Oxfam Solidaridad) y algunas personas físicas, por las escuchas practicadas por el servicio de inteligencia colombiano en ese país. Reporteros sin Fronteras apoya a los demandantes y desea que la justicia belga pueda escuchar al ex mandatario de la Casa de Nariño. La magnitud de las prácticas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ameritaría, en nuestra opinión, una investigación internacional.

Testigo potencial de la responsabilidad del ex jefe de Estado en el desvío del principal servicio de inteligencia, la ex directora general del DAS, María del Pilar Hurtado, logró oportunamente recibir el asilo de Panamá. Negando haberse puesto de acuerdo con ella, el mismo Álvaro Uribe confirmó haber recomendado a sus colaboradores cercanos buscar asilo fuera del país, en una larga entrevista concedida el 2 de diciembre a la cadena radial RCN. Curiosamente, el ex mandatario respondía, entre otras preguntas, a las de su ex vicepresidente, Francisco Santos, periodista de trayectoria. Haga clic para escuchar la entrevista integral en español.

‘É à justiça que o ex-presidente deve responder’

El ex jefe de Estado argumenta una ‘falta de garantías’ por parte de las más altas jurisdicciones colombianas – especialmente de la Corte Suprema – para justificar lo que constituye, según nosotros, un verdadero ultraje de su parte a las instituciones de derecho. Álvaro Uribe incluso habla de una ‘falla del Estado de Derecho y de la justicia bajo la presión mediática’. Esta vez, ajusta cuentas con los periodistas y los medios de comunicación víctimas del escándalo del DAS, reiterando si es necesario, acusaciones hechas públicamente cuando se encontraba en funciones. Por ejemplo, contra Daniel Coronell, director del noticiero de la cadena pública Noticias Uno, varias veces obligado al exilio tras recibir amenazas. ‘Jamás pregunte por Daniel Coronell. He tenido diferencias que ventilé públicamente’, minimiza hoy Álvaro Uribe a través de la RCN.

Para compensar el efecto del asilo en Panamá de la ex directora del DAS, Álvaro Uribe cita el caso del ex periodista de Telesur William Parra, que enfrenta un proceso tardío y dudoso por ‘vínculos’ con la guerrilla de las Farc. ‘Este hombre, al parecer, está prófugo en Venezuela’, ironiza Álvaro Uribe. William Parra reside, en efecto, en Venezuela, donde goza de manera regular del estatuto de refugiado.

Tampoco existe ninguna ‘pregunta’, asegura Álvaro Uribe, por Hollman Morris, productor del programa Contravía, quien también ha tenido que exiliarse varias veces. Pero el ex presidente no cesa de inculpar al periodista quien, según él, habría ‘violado las reglas de seguridad’ cubriendo una liberación de rehenes de las Farc y quien ha acusado ‘con falsedad’ a su gobierno de ‘presiones’ para quitarle una visa para viajar a Estados Unidos.

‘Álvaro Uribe no puede esperar evitar los cuestionamientos sobre el escándalo del DAS y las consecuencias de su política de seguridad democrática ajustando cuentas de esta manera. Igualmente, recordamos que ese tipo de diatribas contra la prensa durante el tiempo de su doble mandato estuvieron acompañadas con frecuencia de amenazas, atribuidas a los paramilitares o al DAS, que obligaron a los periodistas a exiliarse. Es frente a la justicia y no a través de una mediatización polémica, que el ex presidente debe responder’, declaró Reporteros sin Fronteras.

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