Unos emails enviados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) revelaron, el 15 de abril de 2010, que la dirección del servicio ordenó destruir decenas de pruebas vídeos de interrogatorios practicados en 2002 sobre dos detenidos en Thailandia. Un alto funcionario de la agencia de la época, José A. Rodríguez mandó que las destruyesen, en noviembre de 2005, por miedo a que se demandase a la CIA.
‘¿Durante cuánto tiempo se volverá a dar el mismo guión? La destrucción de esas vídeos es un perjuicio caracterizado a la libertad de información de los ciudadanos estadounidenses, y al soberano principio de la Primera Enmienda. Se demuestra de esta forma que la CIA intentó sistemáticamente disimular al público las técnicas ilegales de interrogatorios en vigor bajo la administración anterior. ¿Cuántos vídeos destruidas quedan por descubrir aún?’, se pregunta Reporteros sin Fronteras.
En el marco del Freedom of Information Act (FOIA), la organización de defensa de las libertades civiles ACLU pidió, en 2003, la obtención de los documentos relativos a los abusos y torturas cometidas en las cárceles secretas de la CIA. El 2 de marzo de 2009, las autoridades federales ya reconocieron la destrucción de 92 grabaciones vídeo de interrogatorios en 2005. Se trata de la segunda revelación de este tipo. Según el New York Times, Porter J. Gross, director de la CIA entonces en funciones, ‘se rió’ y garantizó que ‘desdramatizaría’ la situación, al enterarse de que las vídeos se habían destruido.
Governo pede ‘mais tempo’
Cuando la credibilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos tiene este precio, resulta indecente querer ‘desdramatizar’. Reiteramos nuestra petición. La nueva administración del Presidente Barack Obama debe ordenar que se investigue este ataque caracterizado a los principios de la Constitución y castigar a sus autores. La sociedad estadounidense no podrá ahorrarse una investigación sobre las graves violaciones cometidas en nombre de la ‘guerra contra el terrorismo’. Las trabas puestas por la Casa Blanca son contraproductivas.
Desde el año 2003, el gobierno aceptó publicar más de 100 000 páginas relativas a los malos tratos infligidos por unos soldados estadounidenses sobre los detenidos. Esos documentos muestran que centenares de ellos fueron torturados y que las técnicas alcanzaron un alto nivel de crueldad bajo la administración Bush.
El 15 de mayo de 2009, la organización judicial dirigió un requerimiento similar en cuanto a unos documentos que tenían en cuenta unas conversaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su primer asesor Michael Sheehy, acerca de ‘la mejora de las técnicas de interrogatorio’. El gobierno tenía que hacerlas públicas antes del 16 de abril de 2010. Ha pedido ‘más tiempo’.
******