La decisión que tome la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso presentado por los periodistas de la Cadena SER Daniel Anido y Rodolfo Irago contra la sentencia que les condenó a 21 meses de cárcel e inhabilitación profesional por una información sobre afiliaciones irregulares en el PP es de enorme importancia porque no se trata de fijar qué tienen derecho a publicar o difundir los periodistas, sino de determinar qué tienen derecho a saber los ciudadanos. Lo que importa no es que la Audiencia rebaje las penas, como han sugerido algunos políticos, sino la absolución plena de los periodistas, porque lo que está en juego no es algo que se calcule en días de cárcel, sino en poder ejercer un derecho o no, algo que no admite medias tintas.
Si algo se puede reprochar a los medios de comunicación es no profundizar, no informar plenamente
El derecho a informar sobre hechos verdaderos que atañen al interés público es la esencia del periodismo y una de las principales herramientas de la democracia. Por eso sorprende tanto la actitud de la Fiscalía General del Estado, encargada teóricamente de defender a la sociedad y los derechos ciudadanos, y dispuesta en este caso a proporcionarle un tajo formidable, que todos tendremos ocasión de lamentar en el futuro, caso de prosperar.
Si algo se le puede, y debe, reprochar a los medios de comunicación (webs informativas incluidas) es no profundizar, no informar plenamente sobre hechos que deben ser conocidos por los ciudadanos para tomar sus decisiones. Ése suele ser nuestro mayor error, y ya va siendo hora de que dejemos de preguntarnos si algo se debe publicar o no y nos esforcemos en contestar a esta otra interrogante: ¿estamos revelando toda la información significativa para el interés público de que disponemos?
Delito de fraude
Eso es lo que importa en estos tiempos de crisis y de confusión. Confiemos en nuestro oficio y reivindiquemos claramente la utilidad pública de revelar informaciones que afectan a los ciudadanos y que diferentes poderes, políticos, económicos o sociales, quieren mantener en secreto. Lo que Irago y Anido difundieron en la SER (empresa que pertenece al mismo grupo que EL PAÍS) es un intento de realizar afiliaciones irregulares a un partido (el PP) con responsabilidades municipales. Publicar los 78 nombres que, con idéntico domicilio, pasaban a engrosar irregularmente la agrupación en Villaviciosa de Odón era, precisamente, un imperativo profesional. Hicieron lo que tenían que hacer.
No es nuevo que se pretenda reducir el ámbito de trabajo de los periodistas. Lo que es nuevo es que esta ofensiva manifiesta contra el periodismo, al que se le niega la obligación de vigilar los abusos de los diferentes poderes, o se le exigen condiciones imposibles de cumplir, empieza a extenderse por todo el mundo, alentado por delincuentes multimillonarios, políticos corruptos y sinvergüenzas variados que utilizan los tribunales y la defensa de la intimidad como un escudo que esconda su realidad. Londres, con su dura legislación protectora de la intimidad, aseguran muchos periodistas británicos, se está convirtiendo en el refugio de todos los dudosos multimillonarios ucranianos, rusos o del Cáucaso, que demandan a los periódicos locales que se atreven a investigarles con el pretexto de que cuelgan sus informaciones en páginas web que pueden ser vistas en el Reino Unido.
Los tribunales deberían estar atentos para evitar este despliegue de humo, y los periodistas deberíamos saber que hay que respetar el derecho a la intimidad, por supuesto, pero que nuestro principal problema es que no contamos suficientes cosas y no averiguamos suficientes verdades. En 2007, una web danesa fue condenada en Londres por difundir informaciones sobre la solvencia de un banco de inversiones islandés. En 2009, la Oficina contra el Fraude del Reino Unido abrió una investigación contra ese banco por delitos de fraude. Sepan, por lo menos, esos periodistas daneses, como Irago y Anido, que tienen el respeto de sus colegas en todo el mundo.
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Da Redação do El País