Dos años y medio ha tomado la discusión de la polémica Ley de Comunicación en Ecuador, la cual busca imponer una serie de regulaciones a la prensa ecuatoriana. Para este miércoles estaba prevista la votación final de esta norma en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el oficialismo anunció la introducción en el proyecto de ley de varios cambios de última hora, por lo que el presidente del Legislativo resolvió suspender la sesión parlamentaria con el fin de que se busquen acuerdos que posibiliten una aprobación.
Pero si bien la votación de la Ley de Comunicación en la Asamblea ha quedado en suspenso, este miércoles el partido de gobierno, Alianza País, se anotó algunos puntos a favor en su pugna por lograr la aprobación de una ley que sectores de oposición no han dudado en llamarla “ley mordaza”. En la sesión de la Asamblea de este 11 de abril se resolvió rechazar una moción para archivar la ley y se decidió que el texto legal será aprobado artículo por artículo. “Hoy se ha decidido en la Asamblea que definitivamente habrá Ley de Comunicación, pues la moción de archivo de la ley perdió. Ganó la Asamblea y ganó el país”, ha dicho a este periódico el asambleísta oficialista Rolando Panchana.
La Constitución ecuatoriana dispone la creación de una Ley de Comunicación, y una consulta popular celebrada en mayo del año pasado ratificó el establecimiento dentro de dicha norma legal de un Consejo de Regulación de medios. No obstante, organizaciones de prensa internacionales y nacionales han mostrado su preocupación porque el mencionado Consejo, el cual tendría un delegado del presidente de la República, controle los contenidos informativos de tal forma que afecte la libertad de expresión y de acceso a la información de los ecuatorianos.
A faculdade legal do veto
Entre los cambios últimos introducidos en el proyecto legal consta la inclusión entre los miembros que tendría el Consejo de Regulación de un delegado de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esta disposición, así como aquella que señala la redistribución de las frecuencias de radio y televisión de tal forma que un 34% de ellas corresponda a medios comunitarios, buscarían acercar las adhesiones de los asambleístas de Pachakutik, el brazo político de la mayor organización indígena del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
La asambleísta de Pachakutik Diana Atamaint asegura que en principio los cambios introducidos al proyecto de Ley de Comunicación “no harán cambiar nuestra forma de votación”. “Tenemos que ver todo el contexto de la Ley, en especial aquellos artículos que afectan a la libertad de expresión. Con poner un miembro indígena en el Consejo de Regulación no se elimina el peligro de que esta ley sea una herramienta de persecución política para cualquier gobierno de turno”, señala la legisladora. Sin embargo, Atamaint no descarta que su grupo político termine votando a favor de unos artículos de la ley y en contra de otros, tras un análisis detallado del cuerpo legal. La asambleísta dijo que “sería incongruente” que su bloque no vote a favor de una redistribución de frecuencias que permita la aparición más medios comunitarios.
En cualquier caso, Diana Atamaint dijo esperar a que el presidente Rafael Correa se compromete a respetar lo que finalmente resuelva la Asamblea Nacional en torno a la Ley de Comunicación. Sin embargo, diversos sectores de oposición han reiterado en que más allá de que lo aprueben los asambleístas, será el mandatario quien a través de un veto presidencial colocará el contenido final que tendrá la Ley de Medios. De hecho, este martes (10/4) el jefe de Estado volvió a reiterar: “No voy a claudicar en mi derecho a vetar la Ley”, mientras el asambleísta oficialista Panchana dijo tras la sesión de este miércoles que pedir que el presidente no ejerza su facultad legal de vetar una ley “es inexigible”.
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[Paúl Mena Erazo, do El País em Quito]