El debate sobre la radio y televisión públicas se ha puesto sobre la mesa entre crisis económica y cambio político. El actual modelo ha permitido a RTVE ser líder en audiencia, calidad y credibilidad y, a la vez, sobrevivir a la crisis, mientras el sector reduce audiencias y se hunde el mercado publicitario. Pero este modelo no está consolidado. Debe superar el recrudecimiento de la crisis, la reválida de la alternancia política, completar lo pendiente y corregir deficiencias.
El modelo contempla un servicio público esencial, sostenible e independiente política y económicamente. RTVE se ha desgubernamentalizado. Presidente y Consejo de Administración se eligen por mayoría cualificada del Parlamento. Los consejeros deben ser independientes en el ejercicio de sus funciones y “garantizar la información objetiva, veraz y plural que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico”. La discrecionalidad de los directivos para fijar criterios informativos, designar cargos, decidir horarios e incentivos justifica este control democrático que junto a la Comisión parlamentaria y Consejos de Redacción garantizan la independencia profesional del medio y sus profesionales. La independencia política es condición necesaria pero no suficiente. Es preciso garantizar los recursos económicos y la independencia a la hora de gastar y de ingresar.
El actual modelo de financiación sin publicidad garantiza la suficiencia de los ingresos presupuestados procedentes de los operadores de televisión y telecomunicaciones. Cierto que hay recursos pendientes y que la Comisión y las telecos han recurrido su aportación ante la justicia europea, pero estoy convencido de que la sólida fundamentación jurídica española saldrá adelante. Otra cosa es la compensación directa del Estado vía Presupuestos Generales. El anuncio del Gobierno de reducirla en 200 millones (un 36,5%) asfixiaría la prestación del servicio público, máxime cuando RTVE ha sufrido ya un profundo ajuste económico y laboral.
Solo en el último año la compensación directa del Estado se ha reducido en un 6%. En términos de evolución del IPC, desde el 2007 se ha recortado el gasto un 13%. La imposibilidad de repercutir el IVA al renunciar a la publicidad limita en 120 millones el disponible. Sin olvidar un ERE que ha recortado un 42% la plantilla y la imposición legal de techo y equilibrio presupuestario y la prohibición de endeudamiento. Con todo, 2011 cerrará en equilibrio e incluso habría que devolver dinero al Tesoro.
Un recorte adicional como el planteado tendría consecuencias estructurales para RTVE; comportaría un cambio de modelo. No podría prestar el servicio público tal y como está hoy definido en la Ley y el Mandato Marco. La Corporación debe ser solidaria y asumir su parte de reducción del gasto, pero sin desnaturalizar un servicio público esencial. Veamos primero cuál es el margen real -poco, pero hay- y luego pongamos los números y hagámoslo en un Contrato Programa a tres años, como establece la ley.
Se puede ahorrar mejorando la gestión del gasto, administrando el consumo de contenidos y contratando con mayor rigor e independencia. Es decir, contratar solo lo necesario a precio de mercado, con austeridad y sin privilegios ni cuotas entre productoras. Eso busca el artículo 9.h. de la Ley 8/2009, aunque una clarificación evitaría dudas de interpretación. Asimismo, reduciría costes la colaboración y sinergias con otras televisiones públicas y EFE, compartiendo instalaciones, producciones, servicios, satélites, circuitos y compra de derechos.
Exploremos estas posibilidades y busquemos incrementar los ingresos de otras fuentes legales de financiación -ir más allá en la tasa radioeléctrica tras el reparto del dividendo digital o en el patrocinio cultural o deportivo- antes de plantear la vuelta de la publicidad. Sería complejo e inútil y precisaría modificación legal y un nuevo pronunciamiento de Bruselas sobre compatibilidad de las ayudas estatales. Las operadoras privadas cuestionarían o querrían reducir sus aportaciones. Lo que se ingresara por un lado se perdería por otro. Y ello en un mercado publicitario que en cinco años ha caído un 40%. Además, si la rebaja es presupuestaria, los nuevos ingresos publicitarios deberían devolverse al Estado al superar el techo admitido.
Esta situación no puede gestionarse con la provisionalidad que vive RTVE tras la dimisión de su presidente ejecutivo. Existe una laguna legal. Por seguridad jurídica, elegir presidente y llenar este vacío legal es urgente. Como lo es crear un CEMA que supervise el cumplimiento del servicio público por RTVE.
Personalmente he defendido, defiendo y defenderé el actual modelo de RTVE de servicio público de calidad, independiente, mayoritario, gratuito y sin publicidad que algunos hemos contribuido a construir. No estoy entre los que nunca han creído en él o quieren ahora bajarse en marcha al albur de acontecimientos económicos o políticos. Pretendo que se perfeccione, complete y cumpla en su integridad y no a conveniencia de intereses políticos, económicos o empresariales.