El 10 de marzo, la justicia colombiana condenó a Carlos Castaño, jefe de los paramilitares, a 38 años de cárcel por el asesinato, en agosto de 1999, del periodista y humorista Jaime Garzón. Dos hombres, sospechosos de ser los ejecutantes del asesinato, han quedado en libertad por falta de pruebas.
Reporteros sin Fronteras, que se constituyó en parte civil en el caso, está satisfecha con la sentencia que ha tenido en cuenta las principales conclusiones de la investigación que efectuó, y que fueron defendidas por su abogada, Alirio Uribe, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
‘Nuestra organización seguirá de cerca la reapertura de la investigación, ordenada por el juez, hasta que se aclare completamente la muerte de Jaime Garzón. Es importante que sean identificados y castigados todos los responsables, ejecutantes y autores intelectuales. Esta sentencia es una buena noticia pero no significa todavía el fin de la impunidad’, ha advertido Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin Fronteras.
‘Debe establecerse claramente la responsabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia que depende de la autoridad del presidente de la República) en la aportación de testigos falsos que desviaron la investigación de los auténticos ejecutantes del crimen. Si se confirma, deberá sancionarse a los funcionarios implicados’, ha añadido la organización.
RSF ha pedido igualmente que se facilite una protección especial a las personas relacionadas con la investigación (sospechosos, abogados, investigadores…). El colectivo de abogados José Alvear Restrepo ha dado cuenta de que han matado a varias personas durante las investigaciones, y de la persecución sufrida por una de sus colaboradoras, Claudia Julieta Duque, que trabajaba en el caso.
Finalmente, Reporteros sin Fronteras se ha pronunciado en contra de que se amnistíe a Carlos Castaño, en el marco de las negociaciones paz que está llevando a cabo con el gobierno. ‘En Colombia, donde matan de media a cuatro periodistas al año, la impunidad es el principal enemigo de la libertad de prensa’, ha subrayado la organización.
Una sentencia ejemplar
El 10 de marzo de 2004, Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de extrema derecha), fue condenado por contumacia a 38 años de cárcel, por el asesinato de Jaime Garzón, periodista y humorista de la emisora Radionet y del canal Caracol TV. El juez Julio Ballén Silva anunció también la puesta en libertad, por falta de pruebas, de Juan Pablo Ortiz y Edilberto Antonio Sierra, acusados ambos de ser los ejecutantes del asesinato.
En la sentencia, Julio Roberto Ballén Silva ordenó la apertura de investigaciones, por ‘falsos testimonios’, sobre María Amparo Arroyave Mantilla, Wilson Javier Llano Caballero y Maribel Jiménez Montoya, testigos de cargo contra Juan Pablo Ortiz y Edilberto Antonio Sierra, porque está probado que mintieron ‘con el objetivo de desviar la investigación y conseguir que queden impunes los verdaderos ejecutantes’. Como estos testigos fueron presentados por el DAS, el juez ordenó también la apertura de una investigación sobre la implicación de diez funcionarios de la institución. Entre ellos, figuran cinco altos funcionarios, dos de los cuales son el ex director del DAS en el Departamento de Antioquia, y el actual subdirector nacional.
El juez Julio Roberto Ballén Silva ordenó la reapertura de la investigación sobre el asesinato de Jaime Garzón, con el fin de que sean identificados los verdaderos autores materiales, así como otros potenciales autores intelectuales.
Recordatorio de los hechos
Jaime Garzón, periodista y humorista de la emisora Radionet y del canal de televisión Caracol Televisión, fue abatido en Bogotá, el 13 de agosto de 1999, por dos hombres que iban en una moto. El 2 de enero de 2002, el juez de instrucción encargado del caso, Eduardo Meza, cerró la investigación llegando a la conclusión de que se trató de un asesinato por encargo de Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), y ejecutado por Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias El Bochas, autor de los disparos, y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias Toño, conductor de la moto. Ambos habían sido detenidos en enero de 2000 y septiembre de 2001, respectivamente. En junio de 2000 se dictó una orden de detención contra Carlos Castaño.
El móvil del asesinato sería la participación de Jaime Garzón en unas negociaciones, para conseguir la liberación de algunas personas secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El jefe de los paramilitares habría acusado al periodista de hacer el juego a la guerrilla, y también de haber recibido dinero a cambio de sus servicios. Sin embargo, algunas informaciones publicadas en la prensa mencionan a testigos descartados por los investigadores, que implicaban a algunos militares.
En un comunicado publicado el 9 de diciembre de 2003, Reporteros sin Fronteras declaraba : ‘Estamos extremadamente preocupados por la posibilidad de que este asunto termine en una injusticia, porque varios de los testimonios presentados por la acusación, contra los dos sospechosos, no son creíbles’.
‘Nos sentimos aun más preocupados por la actitud del DAS y de la fiscalía en este caso, que todavía mantienen una versión de los hechos ampliamente desmentida en las audiencias’, añadía la organización, que concluía : ‘Es indispensable que se abra una investigación sobre la posible manipulación de las investigaciones, por parte de ambas instituciones’.