LA VANGUARDIA
"La libertad de prensa nos incumbe a todos", copyright La Vanguardia, 4/5/03
"No es un monopolio de los periodistas. La libertad de información nos incumbe a todos, aunque a veces pueda parecer que es un derecho que interesa sólo a los periodistas. Conviene recordarlo este fin de semana con motivo del día mundial de la Libertad de Prensa.
La libertad de información no es un patrimonio exclusivo de los periodistas. La libertad de información es de todos. Lo proclama así el séptimo principio de la resolución 1003 sobre ética del periodismo, promulgada por el Consejo de Europa el 1 de julio de 1993: ?Los medios de comunicación realizan una labor de mediación y de prestación del servicio de la información, y sus derechos en relación con la libertad de información están en función de los destinatarios, es decir, de los ciudadanos?. Así sea.
La prensa y los periodistas sólo son los instrumentos que deben garantizar el ejercicio del derecho a esta libertad. Los lectores son los destinatarios de los mensajes generados por esta libertad y, en consecuencia, son los titulares y depositarios de este derecho fundamental. En el fondo, los lectores delegan tácitamente en los periodistas la tarea de verificar los hechos de interés general y la función de difundirlos. En eso consiste sustancialmente la profesionalidad en la práctica del acto periodístico informativo.
La libertad de información es de todos. Pero también es de todos la obligación de respetarla y la de potenciarla. Lo reconocen todas las constituciones democráticas del mundo y todas las fuentes del derecho internacional público y sus instituciones.
La Constitución española vigente ampara esta libertad en su artículo 20, punto 1, apartado d), al reconocer y proteger el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
La libertad de información es un derecho universal tanto en el sentido territorial del término (alcanza a todos los países del mundo) como en el personal (incumbe a todas las personas, cualquiera que sea su posición en la sociedad y su cargo u ocupación).
Un deber de las autoridades
Además de los periodistas, algunas instituciones y personas tienen más responsabilidades que otras en la obligación de velar por la libertad de información. Este es el caso de las autoridades y de sus agentes en cualquier ámbito del poder. Veamos unos casos recientes.
Es obligación de los militares en la invasión de Iraq, y en todas las guerras, proteger a los periodistas y facilitarles activamente, sin reservas, la libertad de trabajo profesional en el marco del deber universal de fomentar la libertad de información.
El lector Javier Martín nos lo recuerda en una carta enviada el 13 de abril a propósito de la muerte en Bagdad del periodista José Couso, carta en la que se pregunta sobre si los representantes políticos españoles han pedido que el militar que disparó y mató a aquel profesional de la información sea procesado por la Corte Penal Internacional.
Alega Javier Martín en esta carta: ?Estamos en un Estado de derecho, según nuestros representantes, y ese Estado debe proteger como objetivo prioritario la vida de cualquier ciudadano español, allá donde esté?.
Añade el lector: ?Por otra parte, es preciso recordar al militar involucrado y a las autoridades que protegen sus legítimos derechos que, en cualquier caso, tiene garantizada su vida ante cualquier sentencia desfavorable de la Corte y no como en su país, Estados Unidos, en el cual puede perderla?.
Y concluye el lector con una observación relacionada con el derecho a la libertad de información que hoy nos ocupa: ?Esta es una petición de un ciudadano anónimo que quiere conocer los hechos que ocurren en el mundo, con el mayor objetivismo posible, y que necesita de ese periodista, al cual lo quiere defender, al menos, en sus derechos?.
Que no burlen la ley
Otro caso típico, más cercano, son aquellas manifestaciones donde los periodistas, y especialmente los fotógrafos, son tratados por la policía como si fueran enemigos o como un estorbo ingrato al que quieren eliminar con acritud.
Los agentes de la autoridad actúan, pues, en estos casos de manera totalmente contraria a aquella que están obligados a guardar disciplinadamente como garantes que son de nuestra legalidad democrática.
Los cuerpos del Estado tienen el deber de proteger y facilitar la libertad de trabajo de los periodistas. La Constitución española les obliga a ello y les ordena implícitamente cumplir con este deber disciplinario.
Hay que denunciarlos cuando fraudan la ley al entorpecer la labor de los periodistas, sobre todo, con más motivo, cuando los agentes del orden emplean medios coactivos contra los agentes de la libertad de información. Proteger esta libertad forma parte del código de honor de los cuerpos armados.
Cualquier ciudadano puede denunciar atropellos contra los preceptos de la Constitución del Estado. La libertad de información nos incumbe a todos. Los lectores estamos obligados a exigir, en nuestra defensa, que aquellos en quienes delegamos la función de informarnos puedan desarrollar su labor con dignidad, es decir, que sean respetados, y no tratados como beligerantes.
Pero también estamos obligados por encima de todo a exigir que no se corrompa la libertad de información. Los obstáculos y cortapisas que encuentran los periodistas en su labor informativa no excusan que se oculten hechos o datos que deban conocerse, que se cometan errores por falta de diligencia o que la información no sea veraz."