‘Alguna vez me preguntan para qué sirve un Defensor del Lector y, a veces, no sé qué responder. Sobre todo cuando le embarga a uno la melancolía de las quejas que se repiten ante los errores que se reiteran. Debo decir que bastantes temas quedan entre las paredes de la Redacción, ya que esta columna no es una picota para nadie. Pero cuando se reitera un error tan de bulto como al que hace escasas semanas hacía referencia en otra columna, uno, que intenta evitar esas dos lacras del periodismo como son la del cinismo y la rutina, vuelve a la carga. Seguro que hay otros temas más graves, pero si no podemos con los menores, ya me dirán con los grandes.
La carta del lector dice así: ´En la noticia aparecida el 12 de marzo titulada La Guardia Civil imputa a 99 mujeres por aborto ilegal, tanto en el subtítulo como en otras dos ocasiones en el cuerpo del artículo se involucra, con sorprendente ignorancia, a la Seguridad Social en el penoso asunto que apunta el titular y le atribuye la responsabilidad de situaciones que, ciertamente, nunca deberían producirse´.
´La Seguridad Social las derivó a las clínicas de Morín´, reza un subtítulo evidentemente mentiroso; posteriormente puede leerse: ´… la Seguridad Social es incapaz de garantizar el derecho de las mujeres a abortar…` -si esta cuestión pudiera tomarse a broma, cabría añadir que tampoco puede garantizar tal derecho el Ministerio de Obras Públicas ni la Fundación del Teatro Real, por ejemplo, también incapaces simplemente, porque la competencia en esta materia la tienen las comunidades autónomas, que la ejercen a través de sus respectivos servicios públicos de salud- y, finalmente, al comentar el caso de una mujer en una de estas angustiosas situaciones, se escribe con un desparpajo absoluto: ´Estaba dentro del plazo máximo de 22 [semanas] que permite la ley para abortar, pero la Seguridad Social se lo impidió´, otra mentira en la que se achaca a la Seguridad Social nada menos que la vulneración de un derecho individual, con fundados indicios de que alguien ha cometido un delito. ´Hace años que la Seguridad Social nada tiene que ver con la Sanidad Pública, y hace años también que culminó el proceso de transferencias a las comunidades autónomas de las competencias en materia de sanidad. ¿Puede alguien informar a sus redactores de estos notorios hechos? ¿Nadie revisa lo que escriben los redactores, que bien pueden ser, en un momento dado, ignorantes de determinado hecho relevante o víctimas de un despiste?´. Atentamente, firma Ricardo Sevilla.
La información, a tres columnas y con fotografía, estaba fechada en Barcelona y, como el lector apunta, la sanidad en Cataluña la gestiona la Generalitat. El error, que no exactamente las mentiras, como afirma el lector, ya estaba en el texto, pero sorprende que no se hubiera corregido y, más aún, que ascendiera al sumario, también llamado subtítulo, de la noticia.
Que la Seguridad Social es la responsable del sistema de pensiones, y que la Sanidad Pública es competencia de las comunidades autónomas es algo tan sabido desde hace años que sorprende que se incurra en ese error en una sección que se ocupa de los temas de sanidad. Y más estando de actualidad un caso tan polémico como el del médico Morín, con indudables ramificaciones sociales y políticas.
Consultado el responsable de la sección sobre el error, admitió que ´fue una incorrección referirse a la Sanidad Pública como la Seguridad Social. Actualmente, la Seguridad Social responde del sistema de pensiones y no de la atención sanitaria, competencia que terminó de transferirse a las autonomías en el año 2002. El equívoco está muy extendido, pero eso no justifica que apareciera en las páginas de EL PAÍS. Pedimos disculpas por el error, que debió haberse corregido en el proceso de edición´.
La bajamar electoral tras una campaña tan larga como intensa ha dejado estas últimas semanas en el contestador y en el correo del defensor algunas quejas concretas, y otras más genéricas, sobre la función no sólo de los medios, como formadores de opinión pública, sino también sobre el papel de los periodistas. Las quejas eran sobre la ausencia de neutralidad y de ecuanimidad. Los periódicos, con su línea editorial e informativa, y los periodistas no tienen por qué ser neutrales. El lector elige el medio. Pero sí creo que al margen de que se trabaje en un medio público o privado, los periodistas deben intentar ser ecuánimes. Es la única forma de que lo que cuenten no se tome como la información u opinión de un forofo.
La tendencia de la propaganda política hacia el espectáculo tal vez le haya dado la razón a Guy Debord, un intelectual francés fundador de la Internacional Situacionista, que decía que el espectáculo no es una colección de imágenes, sino una relación social entre la gente que se mide por imágenes. El riesgo, dicen los críticos, es que los periodistas nos hayamos convertido, voluntaria o inconscientemente, en parte del espectáculo, en vez de ser los narradores o, mejor, los descodificadores del espectáculo.’