‘Un lector, Josep Coll, me preguntó el pasado viernes al mediodía si La Vanguardia informaba ‘sin presiones ni censuras’ sobre el caso del Carmel.
Cuando atendí esta llamada telefónica ya había indagado en la redacción del diario hasta qué punto le habían afectado las confusas actuaciones de las administraciones públicas en relación con los medios de comunicación en el tratamiento informativo de este desastre ciudadano.
Eran inquietantes las noticias que sobre esta dimensión del caso se habían difundido durante la semana. El lector me señaló un texto publicado en La Vanguardia en el que se explicaba que el Gobierno de la Generalitat trataba de controlar las imágenes del Carmel. (Esta información se publicó en la página 3 de Vivir del miércoles 9 de febrero.)
Al día siguiente el diario informaba de que los dos partidos de la oposición parlamentaria catalana (CiU y PP) habían pedido la dimisión de Enric Marín, secretario general de Comunicació de la Generalitat.
El motivo de esta iniciativa política era un peculiar protocolo dictado por la Oficina de Comunicació del Govern que, entre otros extremos, señalaba que las imágenes de las zonas derruidas del Carmel se facilitarían ‘cuando haya un hecho noticiable’.
A la vista de estos datos es lógico que los lectores insten a su defensor para que aclare si estos planes, decisiones o actuaciones del poder político han impedido que el diario difundiera información importante sobre unos sucesos de tanta trascendencia social.
Sobre ello ya me había entrevistado a iniciativa propia con responsables periodísticos de la cobertura informativa de este caso en La Vanguardia: el redactor jefe de Vivir, Albert Gimeno; la redactora jefa de Fotografía, Guillermina Puig; el subdirector Jordi Juan, y el director adjunto, Alfredo Abián.
Sintetizo mis conclusiones: estos interlocutores me han garantizado que los periodistas de La Vanguardia operan con absoluta libertad profesional sobre este caso.
Lo argumentaba así el mismo diario en uno de sus editoriales del pasado viernes: ‘Cuando se produce un hecho noticiable, son los profesionales de los medios de comunicación quienes lo evalúan, valoración que no tiene por qué coincidir con la de las instituciones involucradas. Esta discrepancia, cuando se produce, forma parte de la normalidad democrática. Pese a ello, la crisis del barrio del Carmel ha hecho aflorar de nuevo en determinados sectores gubernamentales viejas pretensiones fiscalizadoras de la información’.
Inquiero aclaraciones en la redacción del diario sobre si estas ‘pretensiones fiscalizadoras’ han causado efectos que lesionen el principio ético y el derecho constitucional de los lectores a recibir información veraz.
Las ‘pretensiones’, aunque parezca paradójico, pueden transformar la realidad por la sutil vía reverencial que en todas las épocas aspira a tender el poder con la prensa.
El gobierno Aznar intentó tender esta vía con La Vanguardia el 11 de marzo del 2004, con la pretensión de que los diarios difundieran una versión incierta sobre la autoría de aquel tremendo atentado indiscriminado.
En este diario el poder no logró entonces tampoco ver satisfechas sus pretensiones, entendidas en su acepción de aspiraciones ambiciosas y desmedidas de intervención en las responsabilidades que los lectores exigimos de manera legítima a la prensa.
En el caso del Carmel los lectores también podemos confiar en que los periodistas de La Vanguardia están a la altura profesional exigible en todas las circunstancias.
Lo que no puedo asegurar, debido a que no tengo competencias para investigar fuera del diario, es si todas las fuentes informativas (como empresas y técnicos vinculados al caso) están libres de presiones del poder.
Los periodistas de este diario tienen plena libertad para informar sobre lo que ocurre en el Carmel, y en relación con el Carmel, y de acuerdo con ello trabajan como siempre de manera íntegra y responsable.
Es una tarea tensa puesto que, como me ha subrayado el subdirector Jordi Juan, el gran reto radica en cumplir con el deber de informar pero sin crear alarmismo.
Dos únicas cartas
Además de la citada llamada telefónica, sólo he recibido dos cartas en relación con el desastre del Carmel.
La del lector Fermín Sánchez es a propósito de las declaraciones de un geólogo acogidas en La Vanguardia del pasado 6 de febrero. Sintetizo la posición del lector con estas palabras de su carta: ‘Los geólogos no son necesariamente los especialistas mejor preparados para comprender el comportamiento mecánico de un túnel (aunque pueden serlo y conozco muchos casos de geólogos extraordinarios con una gran experiencia en túneles) y para dar explicaciones coherentes sobre un fenómeno de colapso como el que se dio en el Carmel’.
La otra carta me la envió el lector Perfecte Moll Ferrandis el pasado 7 de febrero.
Dio lugar a un intercambio epistolar electrónico que resumo a modo de diálogo:
-¿Dónde están las manifestaciones y caceroladas contra el gobierno del chapapote-Carmel (nombre que dio Maragall a la desgracia de este barrio)? ¿Y los periodistas que día sí, día no, criticaban de incompetencia y ridiculizaban el gobierno del PP por los agujeros del trayecto del TAV? Como defensor diga usted a algunos periodistas que se dejen de simpatías políticas -decía el lector-.
-No creo que me pida usted que proponga a los periodistas que convoquen manifestaciones. No lo deben hacer y yo no puedo plantearlo de ninguna manera -contesté-.
-Es evidente que los periodistas no convocan directamente ninguna manifestación, pero junto con los políticos, muchas veces son responsables de la creación del clima y de la crispación para que se geste -replicó-.
No debería ser así. Por otra parte, los defensores del lector, como he explicado otras veces, no podemos intervenir en la opinión que, por cierto, se ha manifestado plural en La Vanguardia, también en este caso.
La prensa no debe crear climas ni sembrar alarmismo, pero sí debe exigir transparencia informativa. Y también debe potenciar un periodismo preventivo que denuncie a tiempo los errores y abusos urbanísticos que causan estragos como el del Carmel.’