‘Las páginas de la sección de España aparecen repletas de crónicas sobre asuntos políticos que se dirimen en sede judicial y de informaciones judiciales de claro componente político. En esas informaciones aparece a veces como elemento destacado la adscripción ideológica de jueces y magistrados. Hasta hace poco, este tipo de etiqueta solía aparecer en las noticias relacionadas con los órganos de gobierno de la Administración de justicia, que no dejan de ser instancias políticas sometidas, como todas las demás, al escrutinio público. Ahora, sin embargo, el etiquetaje ideológico no se aplica ya únicamente a las asociaciones, sino a los propios jueces, y no sólo en relación a su actividad corporativa, sino en noticias relacionadas con su función jurisdiccional, es decir, las decisiones que toman al impartir justicia. Este etiquetaje incomoda sobremanera a muchos jueces y algunos de ellos se han dirigido a la Defensora para expresar su malestar por ello.
La problemática es compleja y, lamentablemente, de rabiosa actualidad. Comenzaré por responder a una pregunta muy concreta que me dirige José Antonio Beobide Aizpuru, de Bilbao: ‘En relación con las etiquetas progresista/conservador que se aplican a los jueces del Tribunal Constitucional o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial en su diario, ¿cuáles son los criterios que les sirven para calificarlos de una u otra manera?’.
Traslado la cuestión a dos de los periodistas más veteranos de EL PAÍS, José Yoldi y Julio Martínez Lázaro, especializados en información de tribunales. ‘La Constitución prohíbe que los jueces militen en partidos políticos, pero obviamente entre ellos existen diferentes maneras de entender la justicia. Una parte de los jueces se ha agrupado en asociaciones profesionales que se comportan casi como partidos políticos. Su influencia ha llegado a ser tal que, a pesar de que la mitad de los jueces en ejercicio no están afiliados a ninguna asociación, tres de ellas copan casi la totalidad de los puestos, no sólo del órgano de gobierno del Poder Judicial, sino de los órganos jurisdiccionales que dependen del mismo. El hecho de estar afiliado a alguna de esas asociaciones es en estos momentos determinante para la carrera profesional de cualquier juez’, afirman.
Coincido con ellos en que la adscripción ideológica de los jueces es un dato que no puede ser hurtado a los lectores, pues se ha convertido en un elemento clave de la información sobre la Administración de justicia, cada vez más influida por tensiones partidistas.Pero a la hora de etiquetar se ha de ser muy preciso. Diego Esteban García escribió a la Defensora para quejarse de que en EL PAÍS se hubiera calificado de ‘muy conservador’ al Foro Judicial Independiente, una asociación creada ‘por jueces no asociados previamente, indignados ante la situación de politización de la justicia’ y contrarios a la ‘bochornosa vinculación’ de otras asociaciones con el PP y el PSOE. Esa etiqueta socava, según Esteban, ‘la imagen de la única asociación que ha demostrado no tener ninguna intención de participar en el mercadeo de puestos’. Yoldi admite que se produjo una confusión y lo lamenta.
El problema reside en que la politización del órgano de gobierno de los jueces se ha extendido por todo el sistema judicial, puesto que es el Consejo General del Poder Judicial el que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y a los principales cargos de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores y las audiencias provinciales. Incide, por tanto, de forma determinante en la carrera profesional de los jueces que aspiran a esos puestos.
Como consecuencia, la etiqueta ideológica aparece ahora también con frecuencia en noticias que tienen que ver con la labor jurisdiccional de jueces y magistrados. Incluir en ellas estas etiquetas sugiere que la adscripción ideológica de esos jueces puede condicionar sus resoluciones judiciales, de lo contrario, ese dato no sería considerado un elemento noticioso.
Los jueces, como cualquier otra persona, tienen ideología, preferencias políticas, gustos personales y hasta filias y fobias, pero se supone que en su labor jurisdiccional se limitan a aplicar la ley, a juzgar conforme a Derecho. Pero la extrema politización de la justicia, combinada con la judicialización de la política, ha llevado a que muchos jueces hayan de juzgar ahora bajo sospecha de parcialidad.
Existe, ciertamente, una realidad que no se puede ni se debe ocultar a los lectores. Es un dato objetivo y muy relevante, por ejemplo, que el presidente el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que exculpó a Francisco Camps de un delito de cohecho se había declarado antes ‘más que amigo’ del presidente valenciano. Pero hay una frontera que no debemos traspasar. La de la especulación.
En la crónica ‘Rajoy aguantará a Camps lo que haga falta’, del lunes 10 de mayo, se explicaba que el PP tenía información de que el Tribunal Supremo que debía revisar esa resolución fallaría en contra de Camps. ‘La sala que debe tomar esta decisión está compuesta por cinco jueces, dos conservadores, dos progresistas y uno, el ponente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria. El PP temía un 3-2 en contra de Camps. El PP asume que los dos conservadores exculparán a Camps’, se decía. Según fuentes que no se identificaban, Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, había ‘transmitido esa idea con una seguridad prácticamente total’. El autor de esa información, Carlos Cué, justifica la inclusión: ‘Me limito a explicar al lector las expectativas que el PP tenía sobre lo que iba a ocurrir. Mis fuentes son siempre políticas, y es muy frecuente que en ese medio se especule sobre la afinidad ideológica de los miembros del Tribunal Supremo, pues han sido promovidos a través de una instancia política como es el Consejo General del Poder Judicial. Creo que lo que piense el PP sobre el tribunal que ha de decidir sobre una causa que le afecta tanto es algo relevante’.
Dados los antecedentes, podía parecerlo. Pero es arriesgado incurrir en anticipaciones que sólo pueden ser especulativas. Aunque sea por boca de otros. En este caso, las especulaciones del PP sobre la decisión de los dos magistrados supuestamente afines fallaron estrepitosamente: el tribunal decidió reabrir la causa contra Camps por unanimidad.
A causa de una especulación parecida protestó en junio pasado el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. Se le citaba en un artículo de José Yoldi titulado ‘La Audiencia decidirá si puede juzgar un bombardeo en Gaza’. El magistrado era el ponente de esa resolución y de él decía que era públicamente conocida su postura a favor de la jurisdicción universal, lo que prejuzgaba el sentido de su decisión. ‘En general, no tengo inconveniente en que se me asigne una determinada ideología o forma de entender el Derecho’, explica, a petición de la Defensora. ‘Dentro de las simplificaciones al uso, creo que se me puede asignar la de juez progresista, pues pertenezco a Jueces para la Democracia’, añade. No es la etiqueta la que le molesta, sino que se elucubre sobre las repercusiones que puede tener en sus resoluciones judiciales: ‘Actuar por ideología, al margen del Derecho, es, sencillamente, prevaricar, y yo me esfuerzo en aplicar Derecho, no ideología’.
El que los jueces puedan estar bajo sospecha de parcialidad es demoledor no sólo para la justicia, sino para el sistema democrático. No hemos llegado a esta situación por culpa de los medios, pero los periodistas tenemos nuestra propia responsabilidad: la de atenernos estrictamente a los hechos, centrarnos en lo que es, más que en lo que puede ser, y evitar cualquier anticipación especulativa.’